La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a juzgar con todas las "garantías" o a dejar en libertad a las 55.000 personas que están detenidas en Irak y Siria por su supuesta vinculación al grupo terrorista Estado Islámico y pidió a los gobiernos extranjeros que "asuman la responsabilidad por sus ciudadanos".
Bachelet, que inauguró este lunes la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, afirmó que la "mayoría" de esos 55.000 sospechosos tienen nacionalidad siria o iraquí, pero también hay supuestos combatientes extranjeros de "casi 50 países".
"Debe quedar claro que todos los individuos sospechosos de cometer algún delito, independientemente de su país de origen y del tipo de delito,
deben someterse a investigaciones y procesamientos, con las debidas garantías de proceso", dijo Bachelet, que ve en estos juicios una fórmula para "proteger a las sociedades de radicalización y violencia en el futuro".
En este sentido, advirtió de que "juicios imperfectos" solo favorecen "la narrativa de la injusticia y la venganza", caldo de cultivo para la radicalización. "La detención continuada de individuos que no son sospechosos de cometer delito alguno, sin una base legal y una revisión judicial independiente, no es aceptable", agregó.
La principal responsable de cuestiones de Derechos Humanos en la ONU lamentó también las condenas a muerte dictadas en Irak contra "más de 150 hombres y mujeres", tanto por el tipo de castigo en sí como por el hecho de que se puedan haber dictado sin las garantías procesales suficientes.
Responsabilidad compartida
La ex Mandataria recordó que "los países tienen una responsabilidad importante con sus propios ciudadanos", en la medida en que el Estado de origen de un sospechoso debería hacer "todo lo posible para garantizar que sea tratado de acuerdo al Derecho Internacional", independientemente de los delitos que se le puedan imputar.
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A la situación de los combatientes de Estado Islámico se suma también la de sus familias, ya que más de 11.000 familiares de terroristas extranjeros permanecen recluidos en el campo de desplazados de Al Hol, en el noreste de Siria, "en condiciones muy precarias". El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que en Siria
hay 29.000 hijos de miembros de Estado Islámico, 20.000 de ellos de iraquíes y, en su mayoría, con una edad inferior a los 12 años.
Bachelet señaló que los familiares de terroristas corren el riesgo de sufrir ataques como "venganza" y que también pueden verse discriminados en sus comunidades de origen, por lo que considera necesario que haya programas específicos para "ayudar en la rehabilitación y la reintegración" de estas personas.
Los familiares de combatientes extranjeros, añadió, "deberían ser repatriados" en caso de que no sean sometidos a un juicio con las garantías suficientes. La Alta Comisionada expresó su especial preocupación por los niños, víctimas de "graves violaciones de sus derechos" y que han podido verse "adoctrinados o reclutados" por el grupo que dirige Abu Bakr al Baghdadi.
"A pesar de la complejidad de estos desafíos, dejar a una persona apátrida nunca es una opción aceptable", enfatizó la ex Presidenta. Sin embargo, "las medidas adoptadas por algunos países de origen para retirar nacionalidades e impedir el retorno pueden dar exactamente ese resultado", comentó.
En el caso de los "miles" de niños nacidos de familias extranjeras en zonas de conflicto, los Estados también "deberían concederles el mismo acceso a la nacionalidad" que en cualquier otro contexto, según Bachelet. "Forzar a la apatridia a niños que ya han sufrido tanto es un acto de crueldad irresponsable", indicó.
