El Consejo de Estado de Colombia dejó en firme este miércoles el fallo del pasado 14 de junio con el que decretó la pérdida de investidura como congresista del ex líder de las FARC Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", quien nunca tomó posesión del cargo y cuyo paradero se desconoce.
"Aplicar la sanción a quien decide no posesionarse sin que medien razones suficientes protege la reintegración política colectiva de quienes dejaron las armas y evita que se defraude nuevamente la confianza depositada en el acuerdo de paz", dijo el magistrado Alberto Montaña Plata sobre la decisión que tomó hoy el organismo.
Asimismo, señaló que "quienes resulten designados para ocupar las curules de las FARC
adquieren obligaciones constitucionales cuyo incumplimiento puede motivar un proceso de pérdida de investidura".
El fallo entró a regir este miércoles porque la defensa de Márquez no presentó el recurso de apelación contra la sentencia del 14 de junio.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia indicó en ese momento que Márquez, número dos del partido FARC y quien fue jefe negociador de la antigua guerrilla en los diálogos de paz de La Habana, no tuvo "ninguna intención" de asumir como senador el 20 de julio del año pasado.
Gracias al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el que se transformó la guerrilla cuenta con 10 escaños en el Congreso, de los cuales cinco son en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
A mediados de 2018 Márquez afirmó que se trasladaría a una zona de reunión de ex guerrilleros en Miravalle, ubicada en el sur del país, donde después se perdió su rastro, aunque ocasionalmente publica comunicados sobre el proceso de paz.
Márquez argumentó falta de garantías de seguridad para permanecer en la vida en sociedad tras la detención el 9 de abril de 2018 del ex guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", a quien Estados Unidos pide en extradición al acusarlo de presuntamente planear el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país tras la firma de la paz.
