Juan Ramón Collado, abogado del ex Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y quien se encuentra detenido por presunto lavado de dinero, habría realizado transacciones irregulares por un total de 120 millones de dólares en Andorra, país antes considerado un paraíso fiscal.
Según consignó El País en una reciente investigación, el conocido "abogado del poder" – por contar con una cartera de clientes importantes – controlaría 24 cuentas en la Banca Privada d' Andorra (BPA) a nombre, mayoritariamente, de sociedades irregulares radicadas en las Antillas Holandesas, de las que él era el último beneficiario.
Los documentos a los que tuvo acceso el diario español evidencian que estas cuentas fueron congeladas en 2015, al igual que las de todos los clientes del BPA, cuando el banco fue cerrado por posibles ilícitos. Ya en 2016, una jueza del país europeo embargó los fondos de Collado, que entonces ascendían a cerca de 95,4 millones de dólares en 11 cuentas, tras abrir una investigación en su contra por el delito de blanqueo de capitales.
Sin embargo, esta indagatoria
terminó archivada de forma provisional en octubre de 2018, cuando Peña Nieto aún lideraba el país. La decisión fue tomada luego de que la fiscalía de México enviara una serie de informes a la Justicia de Andorra en los que exoneraba al abogado.
"Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos", afirmó el Ministerio Público mexicano en una de sus resoluciones y decretó el no ejercicio de acción penal.
Como los persecutores mexicanos no acreditaron que el dinero de Collado procedía de un origen irregular, la Justicia andorrana se vio imposibilitada de continuar con el caso contra el abogado y archivó la investigación.
El País añade que tras lo anterior, y ya con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia mexicana, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), que había bloqueado los fondos de Collado, dio inicio a un proceso para descongelar las cuentas del abogado.
Sin embargo, el 9 de julio recién pasado, pocas semanas después de que recuperara su capital, Collado fue detenido en un restaurante de Ciudad de México, acusado por los delitos de lavado de activos y crimen organizado.
Las acusaciones
En el expediente de 144 páginas con el cual se solicitó la orden de arresto de Collado, la Fiscalía General de México afirma que el abogado forma parte de una supuesta organización delictiva, integrada por al menos cinco personas, que triangulaba recursos ilícitos ocultándolos en paraísos fiscales y los aprovechaban con intereses.
Además, según el portal La Vanguardia de México, el informe advierte sobre posibles transferencias a cuentas internacionales, entre ellas de Andorra, España y Suiza; probable usurpación de identidades; creación de empresas fachada, y simulación en la adquisición de inmuebles.
En Andorra, el arresto sorprendió. Según El País, las autoridades que habían sido responsables de las indagaciones en contra de Collado se sintieron burladas ante la contradicción de los persecutores mexicanos, que ahora le atribuyen al abogado delitos similares a los que se le imputó en su momento en el país europeo. "La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior Presidente", denunció un investigador vinculado al caso en territorio andorrano.
"La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior Presidente"
Investigador en Andorra
Según la Justicia del país europeo, 94,4 millones de dólares de los 120 millones que circulaban en las cuentas del letrado
provenían de traspasos internos de 21 sociedades de origen mexicano con cuentas en BPA, entre las que había inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas. Los movimientos bancarios de Collado revelan que, a través de transferencias extranjeras, terminó cobrando 10,3 millones de dólares en Andorra.
Con este patrimonio, también habría logrado avalar préstamos bancarios, con los que compró propiedades en Acapulco y Miami, además de dos aviones.
Juan Collado fue formalizado en la capital mexicana y actualmente permanece en prisión preventiva como medida cautelar. Además, el tribunal a cargo fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación en su contra.
Andorra dejó de ser considerado oficialmente como un paraíso fiscal por la Unión Europea en diciembre de 2018, luego de que modificara su legislación tributaria.
