El Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó este lunes la demanda destinada a obligar al Primer Ministro británico, Boris Johnson, a solicitar una prórroga del Brexit en caso de que no haya un acuerdo con la Unión Europea.
El juez Lord Pentland se pronunció sobre la querella presentada por la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit "The Good Law Project", Jolyon Maugham, que pretendía forzar al líder tory a pedir una extensión si Londres y Bruselas no llegaban a un pacto de salida para el 19 de octubre.
Por su parte, el Premier insistió en que el Reino Unido abandonará el bloque comunitario el 31 de octubre, tal y como está previsto.
Al explicar su fallo, el magistrado consideró que tanto el Primer Ministro como el Ejecutivo habían proporcionado "
garantías inequívocas" de que cumplirán con la llamada "
legislación Benn", aprobada por el Parlamento en septiembre, que establece la necesidad de pedir una prórroga de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre.
No obstante, el juez también alertó de que si Johnson no se atiene a la normativa podría "dañar la confianza mutua" que existe entre las cortes y los políticos.
En un dictamen escrito, Pentland sostuvo que "no es necesario ni apropiado" aceptar la citada demanda en base a que el Gobierno ha indicado que enviará la carta de solicitud de prórroga a la Unión Europea en caso necesario y que no frustrará el propósito de la ley.
"El tribunal dijo que tiene las promesas del Gobierno de que enviará la carta ordenada por el Parlamento y actuará de manera que no frustre la intención del Legislativo de promulgar la llamada 'legislación Benn'", dijo Maugham tras conocerse la sentencia.
A las puertas del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, agregó que confía en que esa corte "tenga razón y en que el Gobierno cumpla la ley, como ha prometido".
"Pero existe una duda muy real de que el Gobierno actúe según la legislación", lamentó, razón por la que mañana presentarán un recurso.
El temor de los demandantes es que el Ejecutivo busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicite la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario incluso sin que haya consenso.
