El Presidente Lenín Moreno anunció el sábado algunas concesiones en el paquete económico acordado con el FMI tras una nueva violenta jornada de protestas, aunque no hizo cambios a la elevación del precio de los combustibles, el factor que más irritó a la población.
En cadena de radio y televisión, el Mandatario dijo que "con quienes tengan la decisión de dialogar, lo haremos. Este proceso tiene avances y espero darles pronto buenas noticias, porque diferentes organizaciones y sectores han confirmado su voluntad de dialogar".
Entre los cambios dijo que su Gobierno está dispuesto a analizar y revisar "conforme al pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales, el decreto 883 (con el paquete económico) para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y beneficiarios manejen sus propios recursos".
Acerca de la reducción de sueldos por contratos ocasionales de empleados del estado y un recorte de vacaciones de servidores públicos, dijo que también serán revisados y ofreció un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a los empleados e incentivos a los campesinos que por acción de la huelga han registrado pérdidas.
Añadió que "han sido días difíciles, pero vamos a sacar al país adelante, lo vamos a hacer juntos con decisión y con firmeza".
La iglesia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmaron que este domingo se realizará la reunión entre ambas partes, que tiene como propósito buscar una salida a la crisis que ya cumplió diez días.
Las protestas alcanzaron niveles de violencia inusitados, ante los cuales Moreno decretó toque de queda en Quito y dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, desde media tarde, para retomar el control de la capital, donde manifestantes no sólo se enfrentaron con la policía y bloquearon gran cantidad de vías, sino que cometieron actos vandálicos como el incendio del edificio de la Contraloría, un ataque y saqueo al canal Teleamazonas y un ataque al diario El Comercio.
Moreno aseveró que tras esos hechos están "fuerzas oscuras vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por (Rafael) Correa y (el presidente Nicolás) Maduro, en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos (que) causaron zozobra y violencia nunca antes vista".
El contralor, Pablo Celi, afirmó que el ataque fue un acto "deliberado contra la memoria documental de los procesos de control del país y pone en evidencia los verdaderos objetivos de una conspiración planificada... (para) detener el juzgamiento y sanción de los responsables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional".
