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Santiago: Viernes 22 de noviembre del 2024 | Actualizado 06:55
Gambia denunció, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, el pasado 11 de noviembre a Myanmar ante la CIJ por violar la Convención contra el Genocidio de 1948, que el país del Sudeste Asiático ratificó en 1956, por sus campañas contra los rohingyas.
La acusación, que también ha sido apoyada por Canadá y Holanda, y está limitada temporalmente al periodo posterior a 2016, se basa en un informe elaborado por una misión de investigación internacional de la ONU que, en agosto de 2018, concluyó que las operaciones militares habían sido llevadas a cabo con "intención genocida".
La acusación está liderada por el ministro de Justicia gambiano, Abubacarr Tambadou, jurista con experiencia en el tribunal establecido por la ONU para juzgar el genocidio de Ruanda, y cuenta con un equipo de reputados abogados internacionales.
El pasado 21 de noviembre, la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, sorprendió al mundo con el anunció de que ella misma lideraría la delegación que tratará de impugnar la acusación de Gambia ante la CIJ para defender el "interés nacional" de su país.
El equipo liderado por la consejera de Estado contará con la ayuda del prestigioso experto canadiense en derecho humanitario y genocidio William Schabas, que en 2010 encabezó una investigación del Irish Centre for Human Rights que acusaba al Ejército de Myanmar de cometer crímenes de lesa humanidad contra los rohingyas.
ReutersAunque es inusual que un jefe de Estado se presente ante La Haya y Suu Kyi, que partió rumbo a La Haya este domingo carece de formación legal, la líder encabeza su equipo legal en calidad de ministra de Asuntos Exteriores, cargo que también ostenta.
La decisión de Suu Kyi, que hasta el momento ha negado las acusaciones contra el Ejército de perpetrar atrocidades en Arakán, ha contribuido a reforzar su popularidad en Myanmar, donde está generalizada la idea de que los rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh, pese a haber vivido en el país durante siglos y las operaciones del Ejército contaron con un amplio apoyo popular.
El juicio en la CIJ, que podría prolongarse durante años, no implica cargos penales contra individuos, sino una litigación entre los dos estados en la que el tribunal se limitará a sopesar los argumentos presentados por ambas partes.
Las primeras vistas del juicio se celebrarán en La Haya entre hoy y el 12 de diciembre, y en ellas tanto Gambia como Myanmar presentarán oralmente y en audiencia pública sus argumentos en la sede de la CIJ.
En esta primera fase del juicio, el Tribunal debe decidir si solicita medidas provisionales a Myanmar para garantizar que no se produce ninguna violación de la Convención contra el Genocidio y, de hacerlo, la orden sería enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen derecho a veto y lo han empleado en el pasado para defender a Myanmar.
Entretanto, varios generales del Ejército de Myanmar se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), también radicado en La Haya, y a una denuncia en Argentina, según el principio de justicia universal.
