El arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la doctrina de la Fe, Charles Scicluna, catalogó de "histórica" la decisión del Papa Francisco de abolir el secreto pontificio en casos de violencia y abuso sexual de menores y adultos vulnerables por parte de miembros del clero.
Con esta medida, que entrará en vigencia inmediatamente, no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y decisiones relativas a esos casos de abuso.
En entrevista con Radio Vaticano y Vatican News, Scicluna -que también encabezó la investigación vaticana sobre denuncias de abuso y encubrimientos en la iglesia chilena- destacó que la posibilidad de abolir el secreto se había hablado "repetidamente" en el encuentro de obispos sostenido en febrero de este año "casi como un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades".
"En mi opinión, esta decisión es histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo", recalcó.
Y para entender la relevancia de esta medida, el arzobispo maltés enfatizó que son muchas las cosas que cambian considerando que, por ejemplo, hasta ahora la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio.
"También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico. Ahora también se facilita la posibilidad de salvaguardar a la comunidad y de decir el resultado de una sentencia", agregó.
No obstante, Scicluna aclaró que la abolición del secreto pontificio
no significa que los documentos pasen a ser de dominio público, pero sí "se facilita la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la diócesis que tenga documentación ya no está atada al secreto pontificio y puede decidir -como debe- colaborar bien, entregando una copia de la documentación también a las autoridades civiles".
"El mismo rescripto, esta nueva ley, también habla de la necesidad de salvaguardar la vida privada de la persona, la buena reputación de las personas involucradas, así como su dignidad. Siempre se requiere una cierta reserva en el ámbito penal y esta sigue estando garantizada. Esto no significa, por tanto, que la documentación pase a ser de dominio público, sino que se facilita la colaboración con el Estado y con otros organismos que tienen derecho a acceder a dicha documentación", consignó.
