Una diócesis católica en Pensilvania se declaró en bancarrota este miércoles, seis meses después de admitir que pagó millones de dólares a gente que fue abusada sexualmente por sacerdotes cuando eran niños.
La diócesis de Harrisburg se suma a por lo menos otras 20 en Estados Unidos que buscan amparo ante acreedores por vía de las leyes financieras, pero es la primera en Pensilvania.
En agosto, la diócesis admitió que le pagó un total de poco más de 12 millones de dólares como compensación a personas que durante su infancia fueron víctimas de abusos sexuales por partes de clérigos, diáconos o seminaristas. Otras seis víctimas rechazaron los pagos de la diócesis.
En los documentos donde se declara en quiebra, la diócesis afirma que "ha quedado expuesta significativamente a los reclamos de otros denunciantes" y solicita acogerse al Capítulo 11 para reorganizarse, pagar reclamos, cumplir sus misiones pastorales y demás operaciones.
La diócesis sirve a unos 250.000 católicos en 89 parroquias de 15 condados de Pensilvania.
La medida podría protegerla de nuevos reclamos, estimó Ben Andreozzi, un abogado en Harrisburg que ha resuelto unas 20 quejas contra la diócesis y está trabajando en dos demandas, todas relacionadas con abusos sexuales.
"A partir del día que se declara en bancarrota, de allí en adelante, si una persona no presentó su queja con anterioridad, ya no tiene validez", explicó Andreozzi.
La diócesis de Harrisburg lanzó un programa temporal de compensación luego que un jurado investigador le acusó, junto con otras cinco diócesis de Pensilvania, de encubrir el abuso sexual de cientos de niños en el siglo pasado.
Estas víctimas, ahora adultas, según las leyes estatales ya están demasiado viejas para demandar a la diócesis.
La Legislatura estatal tomó un paso crucial el año pasado a fin de reformar la constitución estatal, para poder darle a las víctimas la oportunidad de demandar a los abusadores y a las instituciones que los ampararon.
La noticia llegó un día después de que el grupo Boy Scouts of America (BSA) se declarara en quiebra para poder atender las numerosas demandas por abusos sexuales presentadas contra miembros de la asociación. Según especialistas, serían más de 12.000 las víctimas de los hechos ocurridos durante 72 años.
