La Policía Federal inició este miércoles en Brasil una operación en el marco de una investigación sobre amenazas y diseminación de noticias falsas contra el Tribunal Supremo, la cual tiene como objeto a algunos aliados del Presidente Jair Bolsonaro.
Los agentes salieron a las calles para cumplir 29 órdenes de allanamiento en seis de los 27 estados brasileños tras una autorización del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes.
La operación es parte de
la investigación abierta en 2019 para indagar las amenazas, ofensas y noticias falsas vertidas contra magistrados de la Corte Suprema, que en las últimas semanas ha sido objeto constante de duras críticas por parte de seguidores de Bolsonaro.
La Policía realizó búsquedas en direcciones vinculadas al empresario Luciano Hang, dueño de la red comercial Havan; el diputado regional de Sao Paulo Douglas Garcia; el bloguero Allan dos Santos; el veterano político Roberto Jefferson, y la activista Sara Winter, todos ellos aliados y seguidores del Presidente brasileño.
Tras el registro de su gabinete en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, Garcia, del Partido Social Liberal -antigua formación del Mandatario- y líder del Movimiento Conservador, denunció que la operación tiene como objetivo "criminalizar la libertad de expresión y la actividad parlamentaria".
"Yo soy diputado, a través de mi prerrogativa que la Constitución me da, puedo criticar a quien yo quiera", señaló Garcia en un video divulgado en sus redes sociales, en el que acusó al Supremo de "perseguir" a quienes son "conservadores".
En el marco de dicha operación, De Moraes, uno de los once magistrados de la corte, ordenó el martes que la Policía Federal tome declaración al ministro de Educación, Abraham Weintraub, a fin de que explique unas duras ofensas proferidas contra ese tribunal.
Weintraub, en una reunión ministerial cuyo contenido fue revelado por orden judicial en el marco de una investigación por sospechas de posibles "interferencias ilegales" de Bolsonaro en la Policía Federal, se pronunció en forma muy dura contra el Tribunal Supremo, que ha anulado varias iniciativas polémicas del Gobierno.
"Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF", dijo el ministro, usando las siglas en portugués con que se conoce a la Corte.
Según el magistrado De Moraes, esa declaración es "gravísima" y debe ser esclarecido en qué contexto la inserta el ministro.
