Alejandro Toledo (77 años) está imputado en su país por lavado de activos y tráfico de influencias tras recibir unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de beneficiarla en contratos.
EFE
Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles detener al ex Presidente peruano Alejandro Toledo para que sea extraditado a Perú, donde está acusado de corrupción por el caso Odebrecht.
Durante una audiencia por videoconferencia, el juez de California Thomas Hixson ordenó que el ex Presidente se entregue a los alguaciles el próximo viernes a las 9:00 horas (16:00 GMT).
En concreto, el ex mandatario debe acudir a esa hora al edificio Robert F. Peckham, sede del Tribunal del Distrito Norte de California, en la ciudad de San José, California.
"Este tribunal ordena que Toledo sea recluido en una cárcel, donde permanecerá hasta que haya concluido su entrega a las autoridades peruanas", señala el fallo del juez.
Toledo, quien reside en San Francisco, debía haber sido arrestado para su extradición el pasado 7 de abril, pero ha estado dilatando el proceso mediante varios recursos legales.
Finalmente, el Noveno Circuito de Apelaciones negó la petición de que se celebrara una nueva audiencia para reconsiderar su entrega a Perú, por lo que la Fiscalía estadounidense pidió este miércoles al juez que reactivara la orden de detención.
Toledo, de 77 años, fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, y luego pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia.
En septiembre pasado, la justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado.
Toledo está imputado en su país por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
Específicamente, Toledo fue investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
