El fiscal a cargo del caso Caval, Sergio Moya.
El Mercurio.
SANTIAGO.- El fiscal jefe de Rancagua y titular del caso Caval, Sergio Moya, descartó este domingo que exista alguna denuncia o querella en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, luego del revuelo que generó la divulgación de la declaración que prestó como testigo la Mandataria el pasado martes 24 de mayo en el Palacio de La Moneda.
En
entrevista con El Mercurio, el persecutor recalcó que existe una denuncia en contra del hijo de la jefa de Estado y esposo de Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos, pero no en contra de Bachelet. "Lo descarto absolutamente, nadie ha formulado ni denuncia ni una querella a su respecto", aclaró.
Consultado sobre si el operador político y gestor inmobiliario, Juan Díaz, quien involucró a la gobernante en el caso, sabía que estaba siendo escuchado cuando interceptaron su celular, el jefe de la investigación respondió que “tenemos la convicción, tras diversos análisis de escuchas telefónicas, de que sabía que estaba siendo escuchado, o lo sospechaba”.
“Muchas cosas que hizo fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa; sumado al conocimiento que tenía de la carpeta de investigación", enfatizó.
Asimismo, descartó que Díaz haya mantenido en su declaración ante la fiscalía sus dichos sobre la Presidenta, en los que acusa que ella "se tenía que quedar con al menos mil millones" de la operación de Caval, razón por la cual Bachelet acusó una "canallada" y no excluyó la posibilidad de un "montaje".
"Sin violentar el secreto de la declaración, porque no estoy dando a conocer nada de su contenido, puedo señalar que eso no fue sostenido de manera alguna. Es decir, no forma parte del relato que el propio imputado, libre y espontáneamente, prestó ante el fiscal", concluyó.
Finalmente, Moya aseguró que la decisión del Gobierno de dar a conocer que Bachelet prestó declaración "no afecta ni perjudica en nada la investigación, porque se refiere a hechos que ya ocurrieron" y agregó que "para que la investigación pueda llegar a un estado de agotamiento, ese testimonio era indispensable".
Según explicó, dejó reservado el testimonio, "producto de que de la declaración de la Presidenta de la República surgen nuevas diligencias, se hace indispensable decretar la reserva por 40 días, para que tengan resultados útiles y provechosos, como ha sido hasta ahora".
