SANTIAGO.- Una solicitud de información del diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg por Ley de Transparencia, permitió detectar una serie de anomalías en la fiscalización de los programas del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Así lo revela este lunes El Mercurio, que accedió a los antecedentes, que describen baja frecuencia de fiscalización en algunos programas, sobrecarga de trabajo en los encargados de la supervisión, e incluso un incremento en las falencias detectadas, en lugar de su disminución, entre los años 2013 y 2015.
Los proyectos considerados abarcan los programas de atención ambulatoria, las residencias, las oficinas de protección de derechos y los programas de familias de acogida especializada, de diagnóstico ambulatorio y de representación jurídica.
Actualmente, el Sename cuenta con 102 supervisores técnicos para la vigilancia de 1.204 proyectos a nivel nacional. Es decir, un promedio de doce por cada uno resalta el informe. Y si se consideran las 2.684 iniciativas desarrolladas entre 2013 y 2015, hay 751 programas que recibieron menos de una visita al año.
Incluso 338 no habían sido objeto de supervisión en los tres años, lo que significa que 15.600 plazas aproximadamente, destinadas a protección de niños no han sido fiscalizadas desde 2012.
El informe da cuenta de que en Atacama hay solo tres fiscalizadores para 47 proyectos, que en Los Lagos no se habría supervisado a al menos tres programas de familias de acogida, que cuentan con 125 plazas, cuyos usuarios son niños y niñas con problemas de alta complejidad, y que en la Región Metropolitana 23 programas residenciales que cuentan con 422 plazas.
Condiciones para otorgar recursos
A la luz de estos antecedentes, Nicolás Monckeberg dijo que "cuando uno tiene hogares y residencias de niños vulnerados y abusados, en los que en tres años nadie toca la puerta para fiscalizarlo y ver cómo están funcionando, no tenemos que sorprendernos de que existan situaciones como la de la niña Lissette (que murió en un centro de Estación Central)".
"Si el Sename -añade el parlamentario- optó por traspasar el cuidado de menores a entidades externas, entregando más de 140 mil millones de pesos, es completamente irresponsable que no fiscalice al menos cada tres meses que sus programas y hogares funcionen bien. Hoy, muchos hogares hacen lo que quieren con los recursos y no brindan una protección como la que se requiere a los menores de edad".
El diputado de RN cree que la discusión de la Ley de Presupuesto será el momento para "hacer un punto de inflexión en la materia".
Así, propone dos condiciones para el otorgamiento de los recursos: que no se apruebe ningún traspaso de dinero a alguna institución cuando no esté garantizada al menos una fiscalización trimestral y con estándares técnicos aceptables, y que se hayan tomado las medidas que se desprendan de esas fiscalizaciones.
"Hoy, a lo poco que se fiscaliza se añade que esta supervisión no produce efecto o mejoría alguna. Ese es la prueba del completo abandono en que se encuentran los programas y hogares del Sename", sostiene.
Los antecedentes recabados por el parlamentario indican que las fiscalizaciones detectadas reflejan que las falencias en procesos de intervención, que en 2013 eran de 16,27%, crecieron a 22,07% en 2015; las deficiencias halladas en condiciones de seguridad e infraestructura pasaron de 9,5% a 17,5%, y la vulneración de derechos subió de 7,39% a 10,11% en el período.
Funcionarios: "El problema es de gestión"
Para Alicia del Basto, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename (Anfuse), que agrupa al 98% de los funcionarios fiscalizadores, hay algunos matices.
Asegura que paulatinamente se ha ido reforzando la calidad y frecuencia de la supervisión técnica y financiera en el área de protección y justicia juvenil, llegándose a 16 visitas, diurnas, nocturnas y sorpresivas al año, en algunas residencias.
No obstante, "el problema que hay con los niños institucionalizados responde a factores estructurales que se relacionan con la falta de importancia que las autoridades históricamente han dado a este tema".
Dice que si bien la carga laboral de los fiscalizadores ha sido siempre alta y que los supervisores concentran una alta gama de tareas, adicionalmente "hay un problema de gestión, cuando no se los provee de condiciones para que se trasladen a hacer sus tareas, a propósito de proyectos que se ubican en recónditos lugares de casa región".
Relata que para concretar una supervisión nocturna "nuestros funcionarios se trasladan a través de sus medios de transportes particulares o se exponen, a altas horas de la noche". En cambio, añade, "se prioriza que las autoridades políticas del servicio dispongan de vehículo o se les cancele un avión para trasladarse".
Alicia del Basto sostiene que "el rol de la supervisión no ha sido prioridad para las diversas administraciones, así como los educadores de trato directo, responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que han preferido invertir en cargos directivos. Existe también una importante brecha salarial en quienes hoy se desempeñan como supervisores, lo que evidentemente interfiere la pretensión de excelencia que debiera tener el cargo".
La presidenta del gremio concluye que bajar la cantidad de proyectos a cargo de cada supervisor mejoraría el impacto de cada fiscalización.
