SANTIAGO.- Fue el jueves 25 de enero. Durante la tarde, el fiscal nacional Jorge Abbott entregó una noticia sorpresiva: comunicó que la investigación por la "Operación Huracán" se había cerrado tras cumplirse los cuatro meses de plazo, por "adolecer de serias irregularidades".
Además, anunció que el fiscal regional de La Araucanía había abierto una investigación por falsificación de instrumento público y otra por obstrucción a la investigación contra todos quienes resulten responsables, incluyendo a los propios funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros.
El propio fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, presentó una querella en contra de los efectivos de la Dipolcar, acusando un "montaje" para su perjuicio por no acceder a "realizar acciones fuera de la ley" durante las pesquisas de la "Operación Huracán".
El primer movimiento del Gobierno, ese mismo día, fue solicitar una investigación administrativa a la institución, destinada a "esclarecer las denuncias informadas", a ejecutarse "en el más breve plazo" debido a su gravedad.
La oposición de Carabineros
Al día siguiente, lo que capturó la atención de todo el país fue el intento de allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en Temuco, medida que inicialmente fue impedida por la institución, que la resistió con equipamiento de Fuerzas Especiales.
"Carabineros se opuso a la diligencia de allanamiento. No dejaron que se allanara y se incautara el material que nosotros necesitábamos acceder", afirmó la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
Posteriormente, Carabineros anunció que haría entrega de los equipos que "fueron sellados" por la fiscalía.
En dicha oportunidad, se manifestó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien tuvo especial vinculación con la operación luego de que su posición sobre la violencia en La Araucanía encontrara resistencia en el ministro Barraza y se tomara un largo feriado legal, mientras se rumoreaba su renuncia.
"Si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda", afirmó el subsecretario sobre la pugna entre ambas instituciones, aunque afirmó que no estaba quedándose "con ninguna versión".
Las vacaciones frustradas de Villalobos
El siguiente episodio mediático vino el 29 de enero, cuando el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, abordó el vuelo 912 de American Airlines para irse a Miami, Estados Unidos.
Aunque su regreso estaba programado para el 26 de febrero, el viaje debió acortarse luego de que su retorno fuera solicitado por el Ejecutivo. "Se le ha indicado a la autoridad policial que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad", se leía en un comunicado de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública.
En el texto se advertía que si las instituciones en las que se apoya el estado dejaban de "actuar como corresponde", el problema recaía en el propio Estado. "Es trabajo de toda la institucionalidad enfrentarlo", decía.
El mismo día, el propio ministro del Interior, Mario Fernández, interrumpió sus vacaciones para regresar a La Moneda, retornando una semana antes de lo programado debido a la complejidad de la situación. Villalobos retomó sus funciones dos días después, a pesar de que se comentaba que podría pedírsele la renuncia.
El respaldo del Gobierno a la investigación
Ese lunes 29 de enero, el Gobierno hizo un movimiento que lo situó al otro lado del tablero del Ministerio Público: solicitó a fiscalía realizar nuevas diligencias en el marco del cierre de la investigación.
"Mientras esas diligencias no sean practicadas y la investigación agotada, no resultaría procedente el cierre de la misma ni la decisión de no perseverar", comunicó el Ejecutivo.
Luego, el mismo subsecretario Aleuy afirmó que como ministerio se opondrían al sobreseimiento definitivo en la audiencia posterior y que solicitarían la reapertura de la investigación, "porque nos asiste la convicción de que lo contrario equivale a impunidad".
La intención, señalaron a Emol desde el Palacio de La Moneda, fue desmarcarse de la disputa institucional que mantenían ambos organismos y que la atención mediática e investigativa se centrara en la búsqueda de los culpables.
Por ello, Intendencia solicitó al Ministerio Público efectuar "de forma urgente" diligencias investigativas como la solicitación de información a Microsoft, Yahoo y Google sobre las cuentas asociadas a los imputados, entre otras medidas.
El 1 de febrero, fiscalía desechó la solicitud del gobierno de realizar nuevas diligencias.
La audiencia
Finalmente, poco más de una semana después, se realizó la audiencia por la operación en el Tribunal de Garantía de La Araucanía. Y en la instancia, los intercambios más acalorados fueron los protagonizados por los fiscales del Ministerio Público y los abogados de Intendencia.
Mientras el abogado del Ejecutivo, Matías Moya, defendió que no pudo solicitar más diligencias en el caso debido al secreto decretado, y acusó que se les "privó la información" y se "impidió ejercer el derecho a pedir diligencias".
Sus dichos fueron duramente rechazados por el fiscal Felipe González, que respondió que si el gobierno estaba "tan interesado" en buscar "el bien social", ejerciera el derecho a forzar la acusación a los imputados.
También acusó falta de interés por parte de Intendencia, afirmando que no pidió la carpeta de la investigación, se quedó con la de la audiencia de formalización y por ello no se enteró del secreto decretado, o de lo contrario podría haber pedido que se levantara.
"Jamás se le impidió a nadie ejercer algún tipo de actividad en el tiempo de la investigación. El querellante simplemente no hizo nada, ni siquiera se acercó a preguntar si íbamos a ampliar el plazo, y lo viene a pedir ahora", dijo el persecutor.
"Nunca en mi vida me habían tratado de negligente tantas veces", respondió el abogado del Ejecutivo.
El doble revés del Gobierno
Finalmente, el tribunal respaldó a la fiscalía y negó la reapertura de la investigación, y además le dio la razón a la defensa de los imputados, a quienes otorgó el sobreseimiento definitivo. Esto significó un revés para el Gobierno en partida doble.
Acto seguido, el Ministerio del Interior divulgó una declaración pública en la que anunció que "el gobierno adoptará con prontitud las decisiones procesales y administrativas que esta nueva situación amerita".
Este lunes, anunció también que presentará un recurso de queja producto de la resolución de no reabrir la investigación, y un requerimiento de apelación por el sobreseimiento definitivo.
Además, señaló que el ministerio realizará una "presentación ante el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott Charme, sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto".
Al referirse a la decisión, el ministro (s) Secretario General de Gobierno, Omar Jara, fue consultado si las situaciones que se expondrían harían referencia a la manera en que el Ministerio Público llevó el proceso, o si versaría sobre el trato recibido por el abogado del Ejecutivo.
"Ambas situaciones son de suyo relevantes de aclarar", afirmó.
Las acusaciones de fiscalía
Durante la jornada de ayer, la tensión escaló luego de que la vocera (s) del Ministerio Público, Patricia Muñoz, acusara al Gobierno de "inactividad evidente y manifiesta" en el caso.
"Les falta información acerca del estado de la causa, falta conocimiento acerca del secreto, (de ahí) la inactividad en relación a pedir que se levantara el secreto", agregó.
Horas más tarde, el Ministerio del Interior informó que en su calidad de querellante "por la supuesta red de protección vinculada a la denominada 'Operación Huracán', solicitó al fiscal regional de Aysén el levantamiento del secreto de todas las piezas de la investigación".
Durante la tarde, el fiscal Carlos Palma dijo que "si en su momento determino ampliar o reducir el secreto, o eventualmente levantarlo, son antecedentes que voy a analizar".
La tensión en la relación ha sido criticada tanto por Chile Vamos como por el propio futuro Gobierno, que ya prometió una profunda reforma al sistema de inteligencia tras la crisis.
