El juez trabaja en el tribunal de San Antonio.
Elisa Verdejo Sinsay
SANTIAGO. - La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de queja presentado por el Ministerio del Interior contra la resolución del juez de San Antonio Juan Pablo Flores, quien declaró ilegal la detención de dos sujetos que portaban armas y municiones en un vehículo con vidrios polarizados.
Lo anterior ocurrió a fines de mayo, luego de que personal de carabineros revisara la maleta del auto en el que se trasladaban Manuel Roberto Olivares Maldonado (56) y Nilson Omar Cerda Órdenes (26), encontrando dos revólveres, una pistola, 126 cartuchos de diverso calibre, un kit que transforma armas pequeñas en carabinas, además de casi cuatro millones de pesos en efectivo dentro de un bolso.
Ante los hechos, el Juzgado de Garantía de San Antonio declaró ilegal la detención ya que, a su juicio, no había indicio de la comisión de un delito y, en consecuencia, no se justificaba revisar el interior del vehículo. En base a esto, ordenó dejar en libertad a los hombres, mientras se llevaba a cabo la formalización. Sin embargo, uno de los implicados fue detenido a los días por otros eventos, y el segundo no se presentó a la audiencia.
La situación causó la indignación del Gobierno. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció la presentación del recurso, mientras que desde el Ministerio Público aseguraron que revisarían el procedimiento.
Así, Interior argumentó en la queja que Flores incurrió en una "grave falta" al impedir al Ministerio Público llevar a cabo una formalización inmediata, agregando que el magistrado realizó una serie de comentarios que evidenciaban "su falta de imparcialidad".
Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte rechazó el recurso, indicando que la resolución dictada por el magistrado "en ningún caso puso término al juicio ni tornó imposible su prosecución –continuidad del juicio-, pues de los antecedentes expuestos por los intervinientes queda claro que el procedimiento siguió su curso, con independencia del resultado del mismo".
Esto, ya que pese a haberse declarado la ilegalidad de la detención, igualmente el tribunal fijó audiencia para formalizar la investigación.
En cuanto a la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución, la misma sala, integrada por los ministros Eliana Quezada Muñoz, Max Cancino Cancino y el abogado integrante Waldo del Villar Mascardi, confirmó la ilegalidad de la detención.
