Héctor Aravena, El Mercurio.
SANTIAGO.- Uno a uno fueron gritados los nombres de los cuatro ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema que resolvieron otorgar la libertad condicional a siete ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.
La protesta por parte de miembros de distintas organizaciones ocurrió a las 11:30 de ayer, momento en el que el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, recibía a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por el mismo asunto: manifestar su rechazo a las resoluciones del tribunal.
Pero no han sido los únicos. Parlamentarios, políticos y ex autoridades se han pronunciado ante lo que consideran una falta de justicia.
"No tienen consciencia del daño causado", "han pasado a llevar todos los tratados internacionales", y como "una forma dolorosa de impunidad", han sido algunas de las críticas en torno a la situación que llevó a parlamentarios de oposición a anunciar una acusación constitucional contra los ministros involucrados.
Ante esto, Brito indicó que dicho proceso "está en la Constitución y las personas que piensen en eso, las agrupaciones, los partidos políticos que están discutiendo lo hacen dentro de las probabilidades que son lógicas", mientras que uno de los aludidos, Carlos Künsemüller, aseguró: "Están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencia".
Además, el Presidente de la Suprema indicó que la situación "indudablemente" de la tramitación de la acusación
"va a generar condiciones más complicadas" en el funcionamiento del tribunal. Consultado sobre si la situación dañaba la imagen de los tribunales, contestó:
"No es solo una cuestión de imagen, es una cuestión de lo que se está viviendo. Hay unos contenidos que se están discutiendo, hay cosas interesantes que ver (...) Son las circunstancias que hay que vivir nada más".
El principal blanco de los ataques ha sido el ministro Hugo Dolmestch, quien regresó a la Sala Penal luego de presidir el máximo tribunal. Esto, ya que se ha mostrado abiertamente partidario de conceder indultos por razones humanitarias y la libertad condicional en estas causas. Ante las críticas, contestó: "Siempre hay alguien que no queda conforme".
Por su parte, el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, manifestó a EmolTV su rechazo ante el proceso, ya que habría una intervención entre poderes del Estado. "No es discutible que uno pretenda juzgar por juicio político a los jueces, porque no comparten la interpretación de las leyes. Si fuera por eso, el Congreso Nacional sería el que terminaría juzgando y esa función compete al Poder Judicial", afirmó el abogado.
La Fiscalía en la mira
Antes de la polémica que envolvió al máximo tribunal, los cuestionamientos estaban enfocados en el fiscal nacional, Jorge Abbott por su presunta intervención en los casos de financiamiento irregular de la política.
Esto, luego que un grupo de diputados del Frente Amplio presentara ante la Suprema una solicitud de destitución por una "negligencia manifiesta".
Luego que el persecutor presentara los descargos, su abogado y ex ministro de Justicia,
Luis Bates, señaló que las repercusiones de la medida son "importantes", independientemente del resultado que tenga.
"Se produce un efecto de socavar las instituciones, de destruir a la persona del fiscal nacional que tiene una trayectoria increíble de honestidad, y produce esos efectos en la opinión pública según se resuelva de una manera u otra".
Para revisar el caso, Brito designó al ministro Héctor Carreño, quedando programadas las audiencias en las que se discutirá el tema para el 27 y 28 de este mes.
Es así, como este año se ha puesto entredicho el actuar y criterio de los máximos exponentes del ente autónomo encargado de perseguir los delitos, y del Poder Judicial, quien tiene la obligación de resolverlos.
