SANTIAGO.- La comisión ad hoc de la Cámara de Diputados comenzó a revisar, el jueves, el sustento jurídico de la
acusación constitucional presentada por algunos legisladores de oposición en contra los tres ministros de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Según los congresistas, los supremos Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller habrían incurrido en un "abandono de deberes" al no aplicar el derecho internacional en las resoluciones. Sin embargo, la arremetida parlamentaria ha generado la crítica o rechazo por parte de distintos representantes de los tres poderes del Estado.
Uno de ellos ha sido el ministro de Interior, Andrés Chadwick. "Los jueces son plenamente independientes y autónomos del contenido de sus fallos, y eso debe ser respetado en democracia", es una de sus frases.
Además, el secretario de Estado enfatizó que "esto afecta gravemente al Estado de derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática" y que "los fallos deben ser siempre respetados". Además, la Cámara "no puede hacer que una mayoría política de parlamentarios se entrometan, se inmiscuyan, en el contenido de las resoluciones judiciales, le gusten o no les gusten, les parezcan buenas o no".
A la defensa de Chadwick a los supremos, se suma la que levantaron siete de los últimos ministros del Interior que manifestaron su "preocupación", en una carta a El Mercurio.
"Sin perjuicio de la opinión que se pueda tener respecto de su contenido", la interpretación apegada a Derecho que los tribunales ejercen en sus sentencias "no puede ser calificada como abandono de deberes", señalaron los ex ministros DC, Enrique Krauss, Carlos Figueroa, Andrés Zaldívar, Belisario Velasco, Edmundo Pérez, Jorge Burgos y Mario Fernández.
Y concluyen: "Estimamos que tensionar al extremo las relaciones entre los Poderes del Estado, existiendo otros mecanismos normativos para abordar sus desacuerdos, solo puede allegar dificultades a la ya difícil situación en que se encuentra la reputación pública de nuestras instituciones".
Suprema: "Se rompe la independencia de los jueces"
En su calidad de presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, fue tajante. Durante la toma de juramento a un grupo de nuevos abogados, afirmó que "ni el Presidente ni el Congreso pueden revisar fallos".
Luego profundizó sus dichos durante una entrevista con El Mercurio. De acuerdo al supremo, los parlamentarios "han extralimitado sus potestades constitucionales" convirtiendo la situación en algo "ilegítimo". Además, consideró que con la situación "se afecta y se rompe, además de las normas constitucionales, la imparcialidad y con ello la independencia de los jueces".
Y añadió: "No puedo ver sino un aspecto político desde el momento en que quienes sostienen la acusación señalan expresamente que aun en el evento de que con un recurso de nulidad, que está pendiente en la Sala Penal, se dejara sin efecto la resolución, igualmente seguirán adelante con la acusación. Eso es un aspecto político".
Por su parte, la Asociación de Magistrados envió un comunicado indicando que "la independencia judicial es una garantía que asegura al justiciable un juez imparcial, el que está obligado a fallar únicamente conforme a derecho", y que, en este contexto, el juicio político aparece como "una coacción indebida, al pretender sancionar jueces por decisiones jurisdiccionales adoptadas dentro del marco de sus atribuciones, solo por no compartirla, atentando, también, contra la separación de poderes".
"Pone en peligro la confianza"
En la misma línea, 35 reconocidos abogados y penalistas del país firmaron una carta en la que sostuvieron que "una acusación constitucional como la referida pone en peligro la confianza en una de las instituciones base de nuestro estado de derecho como es nuestro Poder Judicial y constituye una intromisión del poder político en las funciones que le son propias".
Así también, indican que "nos consta la vasta trayectoria de los ministros y damos fe de su dedicación e integridad en las funciones que desempeñan. Detrás de cada uno de estos ministros existe una relevante y no siempre conocida historia de honesto e imparcial servicio a nuestro país que no debiese ser ignorada".
"Han ejercido con dignidad, probidad y un claro compromiso con los derechos humanos sus funciones como ministros"
Abogados de DD.HH
En esa misma línea, abogados de derechos humanos como Héctor Salazar, Nelson Caucoto y Luciano Fouillioux, junto a académicos, historiadores y otros profesionales, también redactaron una carta de apoyo a los supremos.
En ella rechazan las libertades condicionales, pero llaman a "no desatender la trayectoria de los ministros", en causas de DD.HH.
"Estimamos que han ejercido con dignidad, probidad y un claro compromiso con los derechos humanos sus funciones como ministros", señalaron y agregaron que "la gente cree que ha sido fácil encontrar ministros que apliquen el derecho internacional en causas de derechos humanos, y no es así", señalaron.
El mejor camino
Con una crítica en cuanto a la forma utilizada por los parlamentarios, la comisión política del PPD advirtió que la acusación no es la mejor forma de reaccionar ante el tema.
Según informa El Mercurio, la mesa del presidente del partido, Heraldo Muñoz, envió una notificación del acuerdo de la comisión política a diputados, en la que se reafirma que la "mejor reacción a la libertad condicional de reos por crímenes de lesa humanidad es un recurso ante la CIDH y no acusación constitucional a los jueces".
