VALPARAÍSO.- Con lo mínimo, la Cámara de Diputados rechazó la denominada "cuestión previa", con lo cual la acusación constitucional en contra de los tres ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, sorteó su primera fase y será analizada ahora en su fondo, en un debate que podría tomar hasta siete horas.
Tras una sesión de cuatro horas y media, con largas exposiciones de la defensa de los jueces y los miembros de la comisión revisora, se registraron 69 votos a favor y 69 en contra. Dado que se requería mayoría simple para que aprobará la "cuestión previa", el empate permitió que avanzara el libelo. En ese sentido, la bancada DC voto dividida (siete a favor y siete en contra), siendo clave en el resultado.
69votos a favor y 69 en contra tuvo la acusación constitucional
La última vez que la cuestión previa había prosperado en la Cámara fue en la acusación contra el ministro de Educación del primer Gobierno de Piñera, Harald Beyer. Posteriormente se rechazó dos veces: en el caso de Javiera Blanco (2017) y Emilio Santelices (2018).
La acusación se gestó luego de que los ministros otorgaran el beneficio de libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad: el ex carabinero Gamaliel Soto Segura, los coroneles (r) de la misma institución Manuel Pérez Santillán y Moisés Retamal Bustos, los ex oficiales del Ejército Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga y José Quintanilla Fernández, además del ex brigadier, Emilio de la Mahotiere González.
Según los parlamentarios que impulsaron el libelo, con la acción no se estaba invadiendo la autonomía judicial ni se buscaba revertir el fallo, sino que el objetivo era "establecer la responsabilidad política de los jueces que han vulnerado el derecho internacional".
Con todo, el libelo generó una controversia entre parte de la oposición y el oficialismo, ya que la acción fue criticada al interior del Gobierno, como por ejemplo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien aseguró que "nos parece un hecho grave desde la perspectiva institucional y democrática". Por otro lado, la reunión que sostuvo el Presidente Sebastián Piñera con el líder de la Corte Suprema, Haroldo Brito, generó malestar en los parlamentarios opositores, catalogando el hecho de "presión".
"Probar el dolo"
El primero de los abogados en exponer fue Davor Harasic, defensor de Hugo Dolmestch, quien recordó a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos antes de iniciar su alocución.
"La acusación no puede utilizarse con el propósito de generar presión en la Corte Suprema, ni aún en una causa de derechos humanos", comenzó Harasic, quien en su defensa mencionó la opinión de abogados, magistrados, profesores de Derecho y otros expertos juristas respecto a lo improcedente de la acusación a los ministros.
"Decir que Dolmestch favoreció la impunidad, es francamente, francamente, y mido mis palabras, francamente escandaloso"
Davor Harasic
"Lo que se imputa a los jueces es no haber fallado en la forma en que ellos hubiera querido que hubieran fallado (…). Confunden lo grave con lo notable. La acusación imputa dolo, dice que los acusados ‘actuaron en forma deliberada y consciente’, cuando se hace una acusación de dolo es menester probarla. Acá no hay pruebas y la acusación ni siquiera las ofreció", comentó Harasic.
Además, reparó en la responsabilidad del Poder Legislativo para permitir el otorgamiento del beneficio. "El primer obligado a que nuestra legislación sea acorde a las normas de derecho internacional es el legislador", dijo para luego alabar lo ocurrido en la comisión mixta esta semana, luego que se aprobara aumentar los requisitos para otorgar el beneficio. En ese sentido, recalcó que si estuviera ya normado lo que se está recién tramitando en la comisión, "ninguno de los jueces hubiera aprobado la libertad condicional".
Además, Harasic comentó que Hugo Dolmestch "está profundamente afectado por esta acusación" y recalcó que no podemos desatender la trayectoria de los ministros. "Milton Juica nos recordó en la comisión que gracias a él se concretó el desafuero de Pinochet y se pudo desbaratar la operación Albania", comentó. "Decir que Dolmestch favoreció la impunidad, es francamente, francamente, y mido mis palabras, francamente escandaloso", agregó.
"No estoy cuestionando el mecanismo de control que es la acusación constitucional, lo que estoy cuestionando es esta acusación. Nunca ha habido en Chile un intento tan burdo de intervenir contra la independencia judicial", finalizó.
Luego expuso el abogado del ministro Manuel Valderrama, Jorge Correa Sutil, quien centró su presentación en que no basta citar el Estatuto de Roma y reiteró la tesis de Harasic sobre el dolo.
Ahondó que el libelo "no va a enmendar lo resuelto" y dijo que la acción está fundada en la propia noción de que hay dos agravios: a las familias de los detenidos desaparecidos y al Estado. "Y esta misma acusación dice que su objeto es desagraviar, por lo tanto su objeto es revisar los fallos. De esta manera esta acusación infringe la Constitución y no cabe más que no acogerla", argumentó.
Correa Sutil se refirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es citado en la acusación impulsada por la oposición, como argumento que no fue respetado ni considerado por los jueces ahora cuestionados. "¿Alguna de estas siete personas fue condenada por la Corte Internacional (CIJ)? No", dice el abogado. Y señala que la norma aplica para fallos del tribunal internacional, no para los jueces chilenos. Por lo tanto "no puede un juez chileno desobedecerla".
"Aceptar esta acusación entraña aceptar una tesis que debilita la democracia de Chile, que le quita a los ciudadanos un poder significativo a través de sus organismos electos"
Jorge Correa Sutil
"Aceptar esta acusación entraña aceptar una tesis que debilita la democracia de Chile, que le quita a los ciudadanos un poder significativo a través de sus organismos electos", argumentó.
Correa Sutil –que anteriormente fue defensor de Blanco y Santelices en otros libelos-, agregó que los acusadores dicen que los ministros actuaron deliberadamente, "con objeto de agraviar a las víctimas y Estado de Chile. Esa es la acusación, no cabe ahora cambiarla (...) La acusación que hay que sostener dice dolo, o sea hay que sostener que los jueces de forma deliberada y consciente, cometieron dolo".
Y finalizó preguntándose: "¿Dónde está la prueba en esta acusación? ¿Dónde se ofreció una prueba?".
Interrupción
Una vez concluida la presentación de Correa Sutil, el diputado René Saffirio, de la bancada independiente, pidió la palabra alegando que los defensores no se estaban refiriendo a la cuestión previa, sino que al fondo de la acusación, agregando que esto "no se apegaría al reglamento". Ante esto le contestó el diputado Jaime Bellolio (UDI), quien aseguró que los abogados sí se apegaron al reglamento. "No nos hemos excedido en lo que establece el reglamento", respondió Correa Sutil.
La presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández, dio por zanjada la discusión y le dio la palabra al abogado de Caros Künsemüller, Alfredo Etcheberry, quien calificó al ministro cuestionado como "mi compañero en la defensa de los derechos humanos cuando era muy difícil hacerlo".
"El notable abandono no consiste en haber fallado mal una causa, sino el no haber fallado"
Alfredo Etcheberry
Etcheberry basó parte de su presentación en el control de convencionalidad, que es la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno.
Etcheberry aseguró que sí "hubo control de convencionalidad", pero no se entendió justificada. "Sí lo hubo, pero ese debate llegó a una conclusión distinta a la que alegan los acusadores, por lo que no significa notable abandono de deberes".
"Mal puede sostenerse que en los casos por los que se acusa al ministro Künsemüller, no haya habido control de fuentes normativas, legales o convencionales aplicables al caso concreto. Lo que ocurre es que ese control no puede ser sinónimo de un acatamiento cerrado y ciego a la particular forma en que lo entienden las personas que acusan. Hubo control de convencionalidad en todos los fallos que acogieron los amparos", agregó.
"Sí lo hubo, lo que pasa es que ese control se llevó a una conclusión distinta que los acusadores hubiesen preferido, pero eso no significa el notable abandono de deberes (...). El notable abandono no consiste en haber fallado mal una causa, sino el no haber fallado", finalizó.
Posición de los miembros de la comisión
Luego de la presentación de los jueces, los miembros de la comisión que revisó la acusación constitucional –Natalia Castillo (RD), Carolina Marzán (PPD), Esteban Velásquez (FRVS), Leonardo Soto (PS) y Renzo Trisotti (UDI)- tomaron la palabra.
La primera fue Carolina Marzán, quien defendió la labor de los legisladores, señalando que "aberrante es que familiares de detenidos desaparecidos se encuentren con los asesinos de sus madres, hijos y padres. No aceptaremos presiones en el ejercicio de nuestra facultad".
Luego intervino el diputado Esteban Velásquez (FRVS), quien también desestimó los argumentos de la defensa de los supremos en orden a que la acusación, por ejemplo, no cumple con las condiciones que establece la Constitución para llevarla adelante. "La acusación es una herramienta dispuesta en el ordenamiento jurídico y presente desde la constitución de 1833", dijo y respondió a quienes rechazan la acusación argumentando que es una intromisión en el Poder Judicial: "Los miembros de la Corte Suprema son aprobados por el Senado. ¿Acaso eso no es una intromisión?", preguntó.
Tras este habló Renzo Trisotti (UDI), el único miembro de la comisión que votó en contra del informe. "Nuestro diseño institucional nos permite un control institucional y no comparto la primicia que la independencia de los poderes del Estado sea relativa". Además, comentó que se persigue atacar el mérito de las decisiones judicial, "lo que es una invasión a las facultades que son propias al Poder Judicial".
Después de Trisotti intervino Natalia Castillo (RD), quien subrayó que la acusación "no atenta contra el estado de derecho ni derrumba la institucionalidad".
La diputada recordó el caso del uniformado en retiro Gamaliel Soto Segura, quien fue condenado a 10 años y un día como autor del delito de secuestro calificado, y criticó que la Segunda Sala decretara su libertad condicional, siendo que le restaban cuatro años 11 meses de prisión. "Su víctima aún está desaparecida", señaló.
La última intervención fue de Leonardo Soto (PS), presidente de la comisión, quien comentó que "los ministros acusados han incurrido en el incumplimiento de sus deberes", añadiendo que se levantó un "nuevo sistema de impunidades con sus interpretaciones de la ley".
