SANTIAGO.- Durante la mañana de este miércoles, en el Grupo 10 de Fuerza Aérea de Chile (FACh), y tras ser decretado por tribunales de justicia chilenos, el Gobierno
comenzó a concretar la expulsión de 31 ciudadanos colombianos del país, entre ellos tres mujeres.
La deportación se llevó a cabo ya que la totalidad de los extranjeros afectados presentarían condenas judiciales por delitos cometidos y sancionados en Chile, tales como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia y tenencia ilegal de armas de fuego.
Se espera que el avión que llevará de vuelta a su país a los expulsados despegue a las 09:00 horas, y según el abogado asesor en asuntos migratorios de la cartera de Interior, Mijail Bonito, "se están cumpliendo los compromisos que estableció el Gobierno".
Respecto a por qué realizar estos procesos en forma pública, el jurista señaló que "las comunidades migrantes en Chile tienen derecho a saber. Un migrante que delinque en Chile afecta muchísimo la honra de la comunidad a la cual pertenece. Aquellos delincuentes que vienen a Chile haciéndose pasar por migrantes tienen que saber que en Chile no tienen ninguna posibilidad de permanecer".
Esto se suma a los 51 colombianos que fueron expulsados el pasado 16 de agosto, quienes también habrían presentado antecedentes penales y condenas judiciales tanto en Chile como en su nación de origen.
Pero no es el único proceso que se realizará esta semana para sacar a personas forasteras con antecedentes judiciales en Chile. Mañana se efectuara otro operativo que contempla la salida por tierra de 35 ciudadanos peruanos y cinco bolivianos.
A la fecha, según precisó Bonito, se han concretado 1.682 expulsiones durante este 2018, mientras en todo 2017, bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, se llevaron a cabo 1.398.
La semana pasada se conoció que el Gobierno ha gastado, en lo que va del año, US$1 millón en vuelos para expulsar a extranjeros del país, lo que se explica con el costo de los pasajes de los foráneos sumado al de los policías que deben escoltarlos hasta sus tierras de origen.
"Entre el 90% y el 95% de las expulsiones tienden a ser judiciales, es decir, personas que son condenas en Chile y ya cumplieron parte de la pena o que terminaron toda la pena y el juzgado determinó que deben ser expulsados", sostuvo al respecto el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio.
