SANTIAGO.- Aunque aclaran que no cuestionan la decisión del Gobierno de marginar a Chile del Pacto sobre Migraciones de Naciones Unidas, un grupo de más de 400 abogados emitió una declaración, en que sostienen que la mayor parte de las explicaciones para justificar esa postura "no se sostiene en los hechos ni tampoco en conceptos básicos de derecho internacional".
El documento –que se titula
"Pacto Migratorio y Fake News"– es firmado, entre otros, por los
ex cancilleres Soledad Alvear e Ignacio Walker; el ex Subsecretario de RR.EE.,
Edgardo Riveros; el ex Embajador y profesor de Relaciones Internacionales en la U. de Chile,
Nelson Haddad; la ex subsecretaria de Derechos Humanos,
Lorena Fries; el analista político
Jorge Navarrete; el profesor de Derecho de la U. de Chile,
Luis Cordero; la fiscal
Ximena Chong; el ex fiscal
Carlos Gajardo; el senador
Felipe Harboe (PPD) y la directora de "Espacio Público",
María Jaraquemada, entre otros. Sus redactoras fueron las abogadas expertas en Derecho Internacional,
Paz Zárate y Paulina Astroza.
En el texto los profesionales afirman que "nos preocupa que los argumentos jurídicos esgrimidos descansen sobre premisas falsas", las que se dedican a aclarar punto por punto.
Primero, advierten que "el pacto ha sido caracterizado como si fuese un tratado", lo que no es cierto, ya que éste mismo "realza su carácter no vinculante en al menos dos oportunidades", al indicar que "es solamente un 'marco de cooperación'". También explican que "el instrumento que lo contiene" es "una simple resolución ordinaria de la Asamblea General de tipo recomendación". Incluso explican que, al tratarse de una "simple resolución no es posible, en estricto rigor, 'ratificar' más tarde", como sí sucedería con un tratado.
Mencionan como
otra falacia que "el pacto 'permitiría arrastrar a Chile a tribunales internacionales' y 'con el tiempo generaría normas vinculantes'" o "soft law". Al respecto, hacen ver que "la propia cabeza del pacto,
Louise Arbour, quien además fue jueza ad-hoc de Chile ante La Haya en el caso con Bolivia, ha reiterado que el texto ni siquiera es 'soft law'" y que "si en todos los documentos políticos estuviera latente el peligro de deberes jurídicamente exigibles,
Chile tendría que marginarse de toda instancia diplomática".
Asimismo, niegan que el pacto "atente contra la soberanía nacional", ya que remarcan que "la ONU es un foro de cooperación, no una instancia supraestatal" y que el mismo "el preámbulo (del texto) establece que su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, respetando la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional".
Agregan que "sostener lo contrario equivale a decir que los 152 Estados que apoyan el texto han abandonado su soberanía e intereses en materia migratoria, incluyendo Alemania, Francia, Reino Unido y España, por nombrar algunos países con importantes desafíos migratorios y que apoyan el pacto".
El texto "no crea derechos humanos"
Los abogados también remarcan que el pacto migratorio "no crea derechos humanos", sino que "sólo reitera aquellos ya existentes". "Su preámbulo enumera todos los instrumentos internacionales de derechos humanos fundantes (y de los que Chile ya es parte)", aseguran. Y también recuerdan que la Constitución chilena, en el artículo 5°, señala que "es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Dicen que también han oído otro argumento –en la línea opuesta– de que "participar en un instrumento no vinculante 'no tiene sentido'". Sobre esto, los abogados explican que "muchos de los procesos de diálogo de la ONU sobre problemas globales promueven la cooperación y no están destinados a la elaboración de tratados o reglas obligatorias, sino a la coordinación de algunas acciones sobre la base de valores esenciales y parámetros básicos para la conveniencia de los Estados participantes (en este caso, para que la migración sea ordenada)", subrayando que "ésta es la base de la diplomacia".
"Muchos de los procesos de diálogo de la ONU sobre problemas globales promueven la cooperación y no están destinados a la elaboración de tratados o reglas obligatorias"
Declaración de abogados
Otra justificación para marginarse del pacto y que califican de "falaz" es que éste "promueve la migración irregular". Al respecto, hacen ver que el documento deja claro que "dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular" e incluso "decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán las recomendaciones, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir, y trabajar en el país".
También niegan que el pacto haya "cambiado desde la fecha de cierre", cuando Chile sí había manifestado su conformidad con el documento. "El texto del pacto se cerró el 13 de julio de 2018, fecha de su transmisión a todos los Estados que participaron de las negociaciones previas, que se extendieron por dieciocho meses (en las cuales Chile tuvo activa presencia). No ha habido cambios al mismo desde entonces, ni podría haberlos habido, dada la naturaleza de la negociación requerida", sostienen.
Finalmente, rechazan que el pacto migratorio "amenace la libertad de prensa". Esa conclusión se ha elucubrado a raíz de una parte del texto que indica que los participantes declaran su disposición a contemplar diversas medidas, como "dejar de asignar fondos públicos a los medios de difusión que promuevan sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación contra los migrantes". Los abogados resaltan que el texto agrega inmediatamente a continuación la frase: "pero respetando plenamente la libertad de los medios de comunicación".
A juicio de los expertos, "si el Estado chileno asumiera esta recomendación, de tipo no vinculante, frente a la comunidad internacional, ello no podría interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión", ya que "un discurso público abierto y de base empírica, objetivo y de calidad es condición necesaria de un sistema democrático" y "el financiamiento con fondos públicos de un periodismo sistemáticamente racista, xenófobo o intolerante es contrario con los principios esenciales de un Estado democrático de derecho".
