Análisis a la prevención de incendios forestales: "Una estrategia centrada en el combate del fuego está condenada al fracaso"

SANTIAGO.- Lo que ocurre hoy en Chile —las decenas de incendios forestales que afectan al país en verano— es un escenario que se repite en otras partes del mundo. Los números golpearon a California en noviembre tras su incendio más letal: 85 muertos, 249 desaparecidos, 14 mil casas destruidas y más de 60 mil hectáreas devastadas.

"El presupuesto anual de la temporada 2018-2019 en California era de alrededor de 450 millones de dólares, y a fines de noviembre, en un lapso de cuatro meses, habían gastado ya 600 millones de dólares", dice Sergio Espejo, quien lideró entre septiembre y diciembre de 2018 una mesa de trabajo intersectorial para la prevención de incendios forestales en el Centro de Políticas Públicas de la U. Católica.

"Han venido incrementando su presupuesto desde 250 millones de dólares en 2013 hasta cerca de 800 millones a mediados de 2018. Evidentemente la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos de California está a años luz de la capacidad chilena, aunque en términos de efectividad del combate del fuego exhibíamos niveles comparables. Pero la verdad es que eso se vuelve absolutamente insuficiente", señaló a Emol el ex diputado.

Durante esos tres meses de trabajo, siete expertos provenientes del mundo académico, público y privado discutieron en torno a cómo abordar la problemática que en 2017 terminó con más de 500 mil hectáreas forestales en Chile de una manera más integral.

En ella participó la Corporación Chilena de la Madera, Mininco, CMPC, abogados, académicos de Agronomía, Ingeniería Comercial, Arquitectura y del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden). Estas fueron algunas de sus conclusiones.

"Se han desarrollado muchas iniciativas aisladas para abordar desafíos que tenemos en materia de prevención de incendios en Chile, pero todavía no se traducen en la reorientación estratégica de políticas que permitan enfrentar esto de manera adecuada. El objetivo de esta mesa era recoger todas estas experiencias, vincular a profesionales y expertos de distintas áreas y formular algunas sugerencias".

"Chile es muy similar a la situación que se vive en el resto del mundo. Hoy hay un contexto global caracterizado por escasez hídrica, las altas temperaturas, un aumento explosivo de asentamientos urbanos en zonas rurales y forestales que ha generado un conjunto de megaincendios altamente destructivos. Fue la experiencia en California, en Grecia, Portugal y también en Chile, son condiciones muy similares".

"Alrededor del 90%, sino más, de los incendios tienen un origen humano. Este contexto nos indica que una estrategia concentrada, como ha ocurrido hasta hoy, fundamentalmente y de manera casi exclusiva en el combate del fuego es una estrategia condenada al fracaso. A diferencia de las catástrofes naturales en general, como los sismos, aluviones, tornados y huracanes, en el caso de los incendios forestales la amenaza es fundamentalmente humana, por lo tanto las posibilidades de incidencia para disminuir su probabilidad de ocurrencia son muy altas y, por cierto, muy superiores a lo que ocurre en otro tipo de catástrofes.

"El mismo director de la Conaf en Valparaíso, José Manuel Rebolledo, lo dijo: han sido muchos incendios para un solo día. Eso nos muestra precisamente que, en el ámbito de la prevención, o el incendio se previene, evita y se construyen condiciones para evitar su propagación rápida, o se ataca muy tempranamente. En caso contrario, la dificultad de frenarlo es enorme. Por muchos años, siguiendo la lógica mundial, Chile ha invertido y se ha preparado para combatir incendios. Eso parecía razonable cuando uno enfrentaba un escenario en el cual los incendios carecían del entorno facilitador en el que se desarrollan hoy día, pero evidentemente hoy es una estrategia insuficiente".

"Mi impresión es que la política pública chilena hoy día mantiene esa lógica: un foco muy marcado en el desarrollo de capacidades de combate contra el fuego, en circunstancias que lo recomendable, dada la experiencia nacional y comparada, parece ser invertir muy significativamente en prevención, en el ámbito de la planificación territorial y prevención social y por otro lado en el desarrollo de capacidades de combate temprano".

"Es precisamente un pozo sin fondo. La primera gran línea de conclusión de nuestro trabajo fue precisamente esa: el eje de prevención, en su dimensión de planificación territorial por un lado y de prevención social, involucramiento de la comunidad, las empresa y el Estado por otro, es fundamental. En un segundo nivel está el desarrollo de capacidades de combate temprano".

Durante el análisis, la mesa llegó a la convicción de que para prevenir los siniestros era necesario poner la vista en los gobiernos locales. "Es indispensable hacerse cargo de la debilidad financiera y técnica de los municipios y gobiernos regionales. Ellos son quienes están más cerca del riesgo, quienes tienen la interacciones más inmediatas con las personas, y quienes pueden articular con mayor facilidad tanto a los actores privados como públicos en el terreno", señala.

"Pero en materia de gestión de riesgos y control de emergencias, los municipios viven en una pobreza descomunal. La inmensa mayoría de ellos carece de capacidad para poder desarrollar estas funciones y su socio estratégico natural, que debieran ser los gobiernos regionales, tampoco poseen los recursos profesionales ni los desarrollos técnicos necesarios para enfrentar estas emergencias", añade.

"Una de las cosas que se apreciaron durante los incendios de 2017 es que en las primeras 24 horas del incendio se produjo una suerte de disciplina institucional automática: los alcaldes, los parlamentarios, las autoridades regionales, y básicamente todos los actores políticos y públicos tendieron a alinearse, a buscar ponerse detrás de quien parecía estar enfrentando el siniestro, que era la Conaf. Esto pasa siempre, pero frente a la ausencia de información adecuada de lo que está ocurriendo, lo que uno aprecia también es que todas las autoridades electas, con responsabilidad directa sobre un territorio y que deben responder a la ciudadanía que les reclama algún tipo de acción o respuesta, se desplazan a un cierto desorden natural.

Frente a la falta de información, esta disciplina institucional naturalmente desaparece y se produce un desorden que desvía la atención y los recursos de combate al fuego hacia el esfuerzo por recuperar esta disciplina, y esto es completamente natural. No se le puede pedir a un alcalde o a un parlamentario que permanezca al margen de esto, sin tener ninguna capacidad de entregar respuestas a la ciudadanía. Es un ámbito donde hay mucho que mejorar".

"Exacto. Lo que uno podría apreciar es que ya no solo vamos a enfrentar una debilidad institucional en materia de gestión de emergencias para prevención y combate, sino que además en la ley que crea a los gobernadores regionales estos no aparecen con competencias o un rol en esta materia. Las soluciones institucionales pueden ser múltiples, pero lo que no debiera ocurrir es que no abordemos esto con anticipación, porque es evidente que, al producirse situaciones complejas en este ámbito, el riesgo de generar tensiones entre el gobernador regional, los representantes del Presidente y los servicios públicos es muy alto. Frente a una emergencia así, no es posible que se pierda tiempo en establecer coordinaciones, definir roles o buscar información que debiera estar definida previamente".

—¿Hay también un déficit en la información disponible?

"Sí, y uno muy significativo. Para prevenir con efectividad, reaccionar con rapidez y coordinar la respuesta frente a este tipo de emergencias tú necesitas, sin ninguna duda, información que sea suficiente, confiable, transparente y accesible. Es decir, necesitamos que todas las autoridades y actores que puedan tener responsabilidades o influencia en este tema tengan acceso a un banco público de información que recoja no solo aquello que Conaf ha ido levantando, sino también información proveniente del sector agrícola, de la industria forestal y de otros actores, todo esto integrado.

"Nos ha llamado mucho la atención la demora en su tramitación. Vamos a aproximarnos a una década desde que ingresó el proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Emergencias que sustituye a la Onemi, cuyas debilidades han sido expuestas, y sin embargo todavía está entrampado en el Congreso. También nos llama la atención que, pese al enorme consenso en torno a la necesidad de transformar a Conaf desde una corporación de derecho privado a un Servicio Nacional Forestal público, este proyecto se mantenga también detenido. Hay dos proyectos que son de amplio consenso en sus elementos fundamentales, que tienen enorme incidencia potencial en lo que estamos hablando y donde parece no haber urgencia ni prioridades".

"Completamente. Analizamos la experiencia del estado de Victoria, en Australia, que tiene un plan de manejo de incendios rurales que define la planificación territorial como un elemento central, y la verdad es que estamos muy lejos. Por un lado, la ley general de Urbanismo y Construcciones debiera definir áreas vulnerables a incendios forestales como zonas de riesgo. Hoy día hay una discusión respecto de si esto está definido o no, y creemos que no. Nos parece también que es completamente posible que en la compraventa de terrenos se puedan entregar certificados de información que reflejen la vulnerabilidad a incendios forestales del sector en el que se encuentra el terreno, de una manera similar a los certificados de informaciones previas que entregan las direcciones de obras.

También hay una falta de capacidades locales. Para poder operar bien, se requiere que los municipios tengan la capacidad real de fiscalizar el respeto de estas normativas. De lo contrario estamos frente a letra muerta, y la letra muerta no sirve de mucho.