SANTIAGO.- El pasado martes, y tras más de cuatro años de tramitación, quedó lista para ser promulgada la polémica ley que regula la
pesca de la jibia. Por amplia mayoría la Cámara de Diputados ratificó los cambios propuestos por el Senado, visando así la prohibición de capturar la especie por medio de arrastre, dejando como únicos método de recolección la potera y línea de mano, agitando las aguas en el mundo pesquero regional.
La iniciativa, que debiese entrar en vigencia después de 6 meses de publicación en el Diario Oficial, considera multas de hasta $24 millones en caso de vulnerar el cuerpo legal, pero el proyecto no contaría con el respaldo del Ejecutivo.
De hecho, hace algunos meses desde el Gobierno anunciaban la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que la idea prosperara en el Congreso, y ahora, con la aprobación de la iniciativa, el Ejecutivo cuenta con un plazo de cinco días a partir del martes para llevarla a la instancia. "Este es un proyecto inconstitucional", sostuvo a fines de noviembre el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.
Es por ello que ayer del mediodía los jibieros artesanales, quienes se ven beneficiados con las técnicas de pesca del calamar que establece la medida, salieron a las calles a manifestarse como forma de presión ante la eventualidad de que la norma pase al TC. Barricadas en el puerto de San Antonio y el bloqueo al acceso al puerto de San Vicente en Talcahuano, fueron parte de las protestas que, según algunos dirigentes, se han trasladado a cinco regiones del país.
Posturas enfrentadas entre artesanales e industriales
David Castro, presidente de la Coordinadora Artesanal de la Región del Biobío y de Cooperativa de Pescadores Artesanales de Jibia de la misma zona, sostuvo al diario El Sur de Concepción que el motivo central de las movilizaciones es hacer un llamado de atención al Gobierno para que se reconozca que "lo que ganamos este martes en el Congreso fue legítimo y por el temor de que la Subsecretaría de Pesca lleve el proyecto al Tribunal Constitucional para que la ley se anule".
Por su parte, el dirigente Miguel Ángel Hernández, manifestó a SoySanAntonio que "esto es una paralización a nivel nacional para avisarle al Gobierno de que los pescadores estamos en alerta y que lucharemos por esta 'Ley de Jibia' que se ganó en el Congreso".
"Lo que ganamos en el Congreso fue legítimo y por el temor de que la Subsecretaría de Pesca lleve el proyecto al Tribunal Constitucional para que la ley se anule".
David Castro, dirigente de pescadores artesanales
En respuesta, a eso de las 13.30 horas de ayer, en la sede de Sindicato de Motoristas en Talcahuano, los trabajadores de plantas y de flotas votaron una movilización de carácter indefinida para paralizar la industria pesquera del Biobío.
Los pescadores industriales acordaron la medida tras conocer la aprobación de la ley que, a juicio de ellos, va contra toda argumentación técnica, científica y social. "No vamos a permitir que nos quiten nuestras fuentes de trabajo. Ya no vamos a ser trabajadores pasivos más", expresó la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip), Juana Silva.
"No vamos a permitir que nos quiten nuestras fuentes de trabajo. Ya no vamos a ser trabajadores pasivos más"
Juana Silva, dirigenta de pescadores industriales
Los industriales instan al Gobierno enviar a la brevedad la controvertida ley al TC y que los "presidentes de las comisiones de Pesca del Senado, Rabrindanath Quinteros y de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascencio, renuncien, porque no dan garantía a 40 mil trabajadores pesqueros de Chile, de ellos 12 mil de la región del Biobío".
Voces de la misma industria, como la de Andrés Fosk, gerente general de Landes, advierten que la decisión de los trabajadores afectará directamente, ya que se encuentran en plena temporada, lo que significará paralizar las plantas de proceso.
Sin embargo, Fosk manifestó al El Sur que "entendemos y no podemos no compartir la preocupación que tienen, pues ven amenazada su fuente laboral. Nosotros también concordamos con su inquietud por la rapidez con que avanzan las iniciativas legales en el Congreso, sin que estos proyectos tengan sustentos técnicos, ni hayan considerado las opiniones de académicos, ni del sector industrial, lo que causa incertidumbre y completa desconfianza".
Mirada de parlamentarios
Fuentes al interior del oficialismo explicaron a Emol que la razón para acudir al Tribunal Constitucional se basa en que las partes de pesca son de exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, por lo que al legislar sobre aquello, se estarían tomando facultades que no corresponden.
Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD), perteneciente a la comisión de Pesca de la Cámara, manifestó su apoyo hacia la postura de los pescadores artesanales, dando cuenta de sus reparos a que la iniciativa llegue al TC.
115 diputados votaron a favor de la ley el martes
"El Gobierno, como suele hacer cuando pierde en los debates democráticos, como suelen hacer las personas que realmente no creen en la democracia,
van a los últimos reductos de la dictadura, al TC, a ver si pueden echar abajo esta manifestación de voluntad que tuvo Chile por medio de la votación en el Senado y la Cámara de Diputados", recalcó.
Mientras que el diputado Bernardo Berger (RN), miembro de la misma comisión y quien fue uno de los dos parlamentarios que votó en contra del proyecto, argumentó que "con este nuevo sistema los pescadores artesanales no serán capaces de capturar las 200 mil toneladas de jibia, que por convenios internacionales, Chile dispone para la extracción de este producto".
"Pertenecemos a diversos convenios internacionales, los cuales nos autorizan a extraer un cierto número de jibias al año. Cada cierta cantidad de años somos evaluados por estos, para ver la situación del país, al no tener la capacidad necesaria para extraer dicha cantidad, seremos castigados disminuyéndonos la cantidad que podamos sacar", agregó.
Pese a ello, y consultado sobre si él estaría de acuerdo con que esta ley sea revisada por el TC, Berger expuso que "yo nunca he sido tan amigo en lo personal de que las leyes que pasan por todas sus instancia en el Congreso Nacional, tengan que ser evaluadas por otra cámara distinta a lo que es el Congreso Nacional".
