Ministerio de Bienes Nacionales
SANTIAGO.- Con drones el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, inspeccionó los daños que fueron provocados por tres personas al "Gigante de Tarapacá", geoglifo que se encuentra en el cerro Unita, en la comuna de Huara.
La idea es que a través de estos aparatos se recopile información que luego será entregada a la Fiscalía, que investiga el hecho. "Vamos a aportar estas pruebas y obviamente esperamos que haya sanciones para estos actos, que son delictuales", dijo el ministro.
Ward llegó hoy hasta el complejo arqueológico donde anunció algunas medidas para proteger esta figura antropomorfa prehistórica, la más grande del mundo en su tipo. "Vamos a instalar
cámaras de seguridad que van a estar 24 horas al día funcionando de forma de evitar que esto ocurra el día de mañana", dijo la autoridad.
Junto a esto señaló que "ya instruimos la presentación de una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado y presentaremos una demanda por los daños ocasionados. Se instalará señalética advirtiendo la prohibición de ingreso de personas y vehículos. Además se trabajará con la Intendencia en un proyecto para cercar completamente al Gigante y le pediremos a la municipalidad de Huara, que instale una caseta con un guardia mientras se implementa el cercado permanente", destacó el ministro Ward.
El titular de Bienes Nacionales también indicó que estas disposiciones se replicarán en todos los Bienes Nacionales Protegidos (BNP), denominación que pronto tendría el "Gigante de Tarapacá".
Por último, explicó que se trabaja en una ley que elimine la discrecionalidad de los jueces, para que siempre se establezcan las penas más altas en caso de daño a sitios arqueológicos y monumentos.
No podrán salir del país
El 6 de enero pasado Wanda Larrocha López, Esteban Vilugron Silva y Nikolaou Panagiota, ingresaron en un vehículo hasta el geoglifo, causándole un daño irreparable.
Ayer estas personas de nacionalidad belga -dos de ellas además tienen nacionalidad chilena- fueron formalizadas en el juzgado de garantía de Pozo Almonte, donde se determinó que quedaran con la medida cautelar de arraigo nacional, mientras dure la investigación.
