SANTIAGO.- El pasado jueves la Cámara de Diputados realizó la última sesión del año legislativo 2018 y lo mismo hizo el Senado el miércoles. Con esto se dio por iniciado el receso y ahora todos los pendientes deberán esperar hasta marzo para ser resueltos.
El inicio de las vacaciones legislativas se da en medio de la tensión de la oposición y con proyectos que al Gobierno le quedaron en carpeta hasta el martes 5 de marzo cuando los senadores y diputados vuelvan a encontrarse en el Congreso.
Uno de los primeros asuntos que deberán resolverse es el quiebre de la oposición luego de que el Frente Amplio anunciara que no va a respetar el acuerdo de gobernabilidad de la Cámara firmada en marzo del año pasado con la ex Nueva Mayoría, tras acusar a la Democracia Cristiana y al Partido Radical de votar a favor del Gobierno.
Esto implica que así como están las cosas, no le darían su voto al diputado falangista, Gabriel Silber, para que sea el próximo presidente de la Cámara, lo que significa también que el conglomerado perderá la presidencia acordada para algunas comisiones.
Hasta ahora la situación se mantiene de esa manera, pues aunque los próximos jefes de bancada del PR, PC, DC, PS, PPF y FRDVS determinaron dar un paso más para este nuevo año con un acuerdo también legislativo, lo que significa un compromiso de votar de forma ordenada -o al menos que los diputados de la DC y el PR no "sorprendan" con su votación en la Sala- el Frente Amplio no ha accedido a dialogar.
Es más en el conglomerado han señalado que no se sentarán a la mesa hasta que la falange defina si es o no oposición, mientras que los demócratacristianos sostuvieron que no conversarán hasta que el FA cumpla con su palabra y vote por Silber.
Acusación constitucional
Otro tema que también compete a la oposición es la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, basada en las críticas por su gestión luego de que se conociera la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Pese a que algunos están convencidos de que debe hacerse, nuevamente el Partido Radical y la Democracia Cristiana se mostraron más conservadores, por lo que fijaron en conjunto con el resto de la oposición, incluyendo el Frente Amplio, la creación de una comisión integrada por juristas de todos los partidos los que deberán entregar un informe explicando si la acción procede en derecho o no.
Este documento estaría listo inicialmente el 31 de enero, sin embargo, el jefe de bancada del Partido Socialista , diputado Manuel Monsalve, reconoció que ha habido atraso en las reuniones y que se retrasará, por lo que durante las primeras semanas de marzo tomarían una definición al respecto.
Nuevos ministerios
Desde la perspectiva de los proyectos que al Gobierno le quedaron "pendientes" está el Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Éste se había definido como una de las prioridades de La Moneda para el año legislativo que terminó, sin embargo, en el Congreso dilataron su despacho e incluso la discusión concluyó con la propuesta de los parlamentarios de oposición de cambiarle el nombre a Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El senador Jorge Pizarro (DC), integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, planteó que el debate debería aplazarse para después del período estival ya que "es fundamental que cuando uno se plantea políticas permanentes para generar condiciones de superación de la pobreza, es que sean lo más ampliamente aceptadas por todos los sectores y se implemente una política de Estado, que es lo que no se ha podido hacer todavía".
"Hubo una discusión donde para muchos de nosotros el eje del quehacer del Ministerio de Desarrollo Social es eso, las políticas sociales, y el eje no es la familia como eje fundamental", planteó el senador socialista, Juan Pablo Letelier.
Así también otra cartera en vías de creación quedó para después del receso legislativo, el Ministerio Indígena y el Consejo de Pueblos.
En medio de la crisis por la muerte de Catrillanca desde La Moneda se anunciaron indicaciones al proyecto original presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo es este mismo caso el que provocó que el Ejecutivo se decidiera retrasar su tramitación.
