SANTIAGO.- La presentación de un nuevo recurso en el llamado "Caso SQM" podría implicar una nueva demora en la investigación que vinculó a la minera con el financiamiento irregular de la política que se encuentra congelada desde mediados de julio del año pasado.
Ello, ya que la defensa del senador DC Jorge Pizarro -acusado por evasión tributaria y la facilitación de facturas ideológicamente falsas emitidas por Ventus Consulting S.A., empresa de la cual son socios sus hijos-, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para evitar la apelación al rechazo de la solicitud desafuero que concretó hace unos días el Ministerio Público.
Dicha última petición fue revisada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 30 de octubre y ya el 17 de enero del presente año se conocieron los argumentos del tribunal de alzada.
En cuanto a la evasión, el Pleno estimó que los argumentos y antecedentes expuestos por el equipo liderado en ese entonces por el ex fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, no lograban acreditar que los dineros transferidos por el legislador a la cuenta de la empresa de sus hijos fueran con tal motivo y no respondieran a un préstamo.
En esa línea, el desafuero por delito tributario vinculado a la entrega de boletas fue rechazado al no existir una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII)
Ante ello, y en 13 páginas, los abogados José Migue Barahona y Cristóbal Bonacic presentaron el pasado 25 de enero ante el TC un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, indicando que "no procede recurso de apelación, puesto que no se trata de una sentencia que haya hecho lugar a la formación de causa, que es la única hipótesis en que la Carta Fundamental autoriza la apelación para ante la Excelentísima Corte Suprema".
Pese a ello, añaden, la fiscalía -no así el SII- apeló la resolución el 22 de enero, pidiendo al máximo tribunal ordenar el desafuero del congresista para así poder perseguir los delitos acusados.
De acuerdo a los litigantes, refutar la sentencia de la Apelaciones solo está permitido en caso de que se denegara al ente persecutor acusar a un parlamentario, indicando además que actualmente se encuentra en el Congreso una moción parlamentaria que propone permitir "que la resolución que no dé lugar al desafuero pueda hacer apelada por el Ministerio Público, reconociéndose con ello que dicha posibilidad no existe".
Además de acoger el recurso, los litigantes solicitaron al TC "disponer la suspensión inmediata del procedimiento seguido con ocasión del desafuero de" Pizarro.
En julio de 2018, la Fiscalía de Valparaíso acusó a 16 personas, encontrándose también entre ellas Pablo Longueira, Fulvio Rossi y Marco Enríquez-Ominami. Ya a los días, se acogió una orden de no innovar que tenía como fin paralizar el proceso para resolver primeramente el desafuero de Pizarro y así llevar adelante los juicios del total de los indagados de manera conjunta.
