Los senadores Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y Carolina Goic fueron algunos de los que firmaron la declaración.
El Mercurio
SANTIAGO.- La decisión del Gobierno de enviar una carta a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir que "respete el margen de autonomía" de Chile, continúa causando rechazo en la oposición.
Si bien la información salió a la luz recién el martes, la misiva había sido enviada el 11 de abril y se incluyó además a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, lo que provocó la reacción inmediata de parlamentarios de la ex Nueva Mayoría.
Ahora fue el turno de un grupo de senadores DC, quienes a través de una declaración pública -firmada por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Ximena Rincón, Carolina Goic y Jorge Pizarro- criticaron la determinación de La Moneda y aseguraron que dicha carta se trata de un "grave retroceso" en la defensa de los Derechos Humanos.
"No compartimos esta señal del gobierno de debilitar la protección de los Derechos Humanos cuestionando las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos", sostiene el comunicado.
El escrito añade que "el contenido de dicha comunicación significa un grave retroceso de la posición de nuestro país en materia de protección internacional de los derechos fundamentales de las personas como valor universal. Esta actitud del Gobierno se aparta de la obligación de las autoridades de respetar el orden constitucional vigente, y en especial la protección de los Derechos Humanos".
Asimismo, desde la DC aseguran que asumir la obligatoriedad de las sentencias de la CIDH significa "una eficaz protección de los derechos de los habitantes de nuestro país, que tienen consagrada la posibilidad de recurrir a dichos órganos una vez que hayan agotado las vías judiciales internas en nuestro Estado".
Por lo mismo, en la Falange piden "coherencia" al Ejecutivo en relación al respeto por los DD.HH. "Pareciera que para este Gobierno la globalización sólo es importante para temas económicos y de comercio internacional y no en el respeto de los Derechos Humanos. Ese doble estándar gubernamental no lo compartimos".
Los cuestionamientos de la DC surgen luego de que el canciller, Roberto Ampuero, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunciaran que Chile se había unido a otros cuatro países de la región para enviar una carta al organismo, en la que expresaron sus "inquietudes" y solicitaron "la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento" de la CIDH.
