SANTIAGO.- El ministro de Justicia, Hernan Larraín, concurrió a la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de la nota que envió Chile junto a otros cuatro países a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), en la cual solicitó al organismo mejorar su funcionamiento y no afectar su "soberanía".
En la instancia, el secretario de Estado entregó una minuta en la que explicó los siete objetivos que tuvo presente el Ejecutivo para concretar la medida, la cual fue suscrita además por Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia. En ella, destacó que su carácter es "constructivo" y valoró la buena recepción que tuvo por parte de la CIDH.
En el primer punto, desde La Moneda destacaron que el objetivo es abrir un debate "con miras a fortalecer una lógica de diálogo colaborativo y constructivo. Los Estados firmantes han querido presentar esta carta
como una forma de iniciar un diálogo fecundo entre órganos del sistema y los Estados”.
"La carta plantea una serie de desafíos comunes a todos los sistemas regionales de DD.HH. a lo largo de su desarrollo. De hecho, el sistema europeo, —el más robusto a nivel universal—, inició un proceso de reforma a partir de la publicación de una serie de declaraciones pronunciadas por los Estados partes a partir de 2010", añadieron.
De acuerdo a la minuta, "a través de la carta, los Estados manifestaron sus inquietudes en torno a las consecuencias que el crecimiento por vía jurisprudencial de las competencias propias de los órganos del sistema interamericano pudiese traer para los diversos poderes del Estado a nivel local (Congreso, Poder Judicial y Ejecutivo)".
En el segundo punto, destacaron que tras recibir la nota, la CIDH "inmediatamente ha valorado su objetivo constructivo. Una vez recibida, la propia Comisión manifestó que 'valora la postura constructiva de los Estados'. Ello en la medida que el propósito de esa carta no fue otro sino 'hacer sugerencias para mejorar la eficacia del sistema'".
"Desde esta perspectiva, la carta no ha creado problemas para Chile en relación con el sistema interamericano. Pretender aquello va en contra de las apreciaciones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos", enfatizaron.
Más argumentos
Según el Ejecutivo, el primer mensaje es "reforzar el carácter complementario de la jurisdicción regional de DD.HH. a través del principio de subsidiariedad. La Convención Americana sobre DD.HH. afirma el carácter complementario de la jurisdicción ejercida tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"Es por ello que ambos órganos cooperan, pero nunca reemplazan, a los Estados en el cumplimiento de las obligaciones de éstos para con los DD.HH. (…) Únicamente cuando los Estados no cumplan con esta función corresponde que intervengan la Comisión y la Corte", dice el tercer punto.
En el cuarto acápite, recalcaron que es "necesario reconocer un legítimo margen de apreciación o
‘margen de autonomía’ para los Estados en el proceso de implementación de la Convención Americana (…) para resolver cuestiones respecto de las cuales ellos disponen mayores capacidades técnicas, o más legitimidad democrática para actuar".
"Este concepto no es novedoso, sino que ha sido ampliamente abordado y elaborado por la Corte Europea de Derechos Humanos a partir de 1978 (…) Hay que clarificar que la doctrina del margen de apreciación señalada no tiene aplicación tratándose de situaciones de grave vulneración de DD.HH. fundamentales”, indicaron.
En el quinto punto, desde Justicia sostienen que "es necesario abordar el problema producido por el atraso procesal de casos al interior de la Comisión", destacando que según su último informe anual, en los últimos cinco años se han presentado 11.940 peticiones ante la Comisión.
"De todas las peticiones, existen 6.963 cuyo estudio se encuentra pendiente. Ello ha producido que existan casos en que la Comisión se ha tardado entre 14 a 20 años en resolver una denuncia. Esto es un problema no sólo para los Estados, sino especialmente para las víctimas que denuncian", advirtieron.
"En muchos casos la Corte ordena realizar medidas de reparación que son de muy difícil cumplimiento".
Ministerio de Justicia
De acuerdo al texto, el cuarto mensaje de la nota es que se debe
"considerar la proporcionalidad y la viabilidad de la implementación de las reparaciones ordenadas a los Estados", apuntando que a diciembre de 2017, se dictaron 227 sentencias en materias contenciosas y que de ese total, 193 no se han cumplido en su integridad.
"Este nivel de incumplimiento se debe a que en muchos casos la Corte ordena realizar medidas de reparación que son de muy difícil cumplimiento. Ello porque esas medidas exigen acciones desproporcionadas a los Estados, o bien porque las medidas solicitadas no pueden ser ejecutadas a la luz del derecho nacional”, dijeron.
Finalmente, en el séptimo punto, reiteraron que el objetivo es "abrir un debate con el propósito de perfeccionar y robustecer la legitimidad" de la CIDH, "haciéndola más eficaz, de acuerdo con los estándares de DD.HH. que son los acostumbrados en otros tipos de tribunales internacionales, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace de cabeza en el sistema regional de protección de derechos humanos más robusto del mundo".
