SANTIAGO.- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, fue el documento que dio origen a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Sistema Interamericano de DD.HH., compuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH. (CIDH).
Ambos organismos son los que fueron objeto de críticas por parte del Gobierno de Chile, el cual junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, pidió que mejore su funcionamiento y que no afecte su "soberanía" para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, generando polémica en nuestro país.
En ese contexto, cabe preguntarse sobre cuál es el origen de esas instituciones y las funciones que tiene, las cuales se sustentaron en el documento creado a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el
primer texto internacional de DD.HH de carácter general.
Luego de instaurada la OEA, los 35 Estados miembros acordaron crear la Comisión Interamericana de DD.HH., con el objetivo de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Fue instaurada en 1959, tras una reunión de cancilleres realizada en Chile.
Al año siguiente se reunió por primera vez y ya en 1961 comenzó a realizar visitas en terreno para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar situaciones particulares. Desde entonces ha realizado 92 visitas a 23 países miembros, tras lo cual elabora informes especiales y anuales.
Desde 1965, la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos, recibiendo decenas de miles de peticiones, que han generado más de veinte mil casos procesados o en procesamiento, según informa la OEA.
El documento que establece su jurisprudencia es la
Convención Americana sobre DD.HH., la cual se aprobó en 1969 y entró en vigor en 1978. En ella, los 24 países signatarios se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que los derechos humanos sean respetados.
Hoy, la Comisión tiene su sede en las oficinas de la OEA, ubicadas en Washington DC. A lo largo de su historia, ha tenido 64 presidentes, contando entre ellos a destacados juristas chilenos como Manuel Bianchi (1960-1972), Claudio Grossman (1994-2001), José Zalaquett (2001-2005) y Felipe González (2008-2015).
La CIDH está integrada por siete personas, escogidas por su reconocida trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, quienes son electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Actualmente, la presidenta es la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La Corte Interamericana
La Convención Americana sobre DD.HH. de 1969, cuya firma ocurrió en la ciudad de San José de Costa Rica, dio origen además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya primera composición se realizó el 22 de mayo de 1979, cuando los Estados partes eligieron a los miembros del tribunal.
A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Este tratado regional
es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano. Su sede quedó establecida en Costa Rica.
Entre sus funciones, está el conocer los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se hayan agotados los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recursos internos.
Las personas pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. El procedimiento termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable para los países miembros.
También puede examinar casos y sentencias en las que se declara la responsabilidad internacional de los Estados parte, generando criterios y estándares a ser cumplidos por ellos y ordenar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.
La Corte cuenta con una Secretaría Ejecutiva conformada por abogados y abogadas de los Estados Parte de la OEA que trabajan de forma permanente en la sede del tribunal. Actualmente, su presidente es el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor y cuenta con otros seis jueces, incluyendo a un chileno: El abogado Eduardo Vio Grossi.
