SANTIAGO.- Faltaba casi media hora para su formalización cuando el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, llegó hasta las dependencias del Juzgado de Garantía de Rancagua.
Tanto Elgueta, como otros dos magistrado de alzadas, son indagados por presuntas irregularidades en la tramitación de causas. Y es en el marco de este caso que hoy el fiscal a cargo de la investigación, Sergio Moya, le imputó los delitos enriquecimiento ilícito y prevaricación.
Tras más de tres horas de audiencia, el tribunal estableció un plazo de investigación de 180 días, citando al imputado para el próximo 7 de junio. Ello, luego que el Ministerio Público anunciara una nueva imputación de cargos contra el magistrado, además de formalizaciones para otros indagados en el caso.
En tanto, hoy no se dictaron medidas cautelares ya que, para que ello sea posible, es necesario que el Ministerio Público interponga una querella de capítulos ante el tribunal de alzada correspondiente.
Sin embargo, y previo a la cita, Moya explicó que aquello no se hizo ya que esperarán a realizar con todas las formalizaciones que tengan planeadas para el caso.
Prevaricación
Para comunicar el delito de prevaricación, el persecutor se basó en tres casos. El primero remonta a 2016 cuando, según Moya, Elgueta "intervino directamente recurso de protección interpuesto por su médico personal, hermano de la Logia de Rancagua y, por sobre todo amigo personal, Luis Arenas, quien al día de hoy se encuentra condenado por trafico de psicotrópicos y estupefacientes".
$28Millones en la cuenta de Elgueta no han podido ser justificados, según la fiscalía.
El fiscal recordó que en dicha oportunidad la sala que vio la acción, y la cual estaba integrada por Elgueta, falló a favor del profesional eliminando así la disposición que le restringía la prescripción de medicamentos con fentermina. Para respaldar la supuesta intervención del indagado, Moya expuso mensajería de Whatsapp entre el ministro y el médico, donde este último lo trataba de "hermanito" y preguntaba por el avance de su causa.
"Elgueta, en plena consciencia de la relación que tenía con el médico, no se inhabilitó ni informó a las partes (...) incluso transmitió, vía Whatsapp, el avance que dicho recurso tenía en la Corte de Apelaciones (...) Esto permitió a Arenas tener acceso ilimitado a recetas cheque retenidas, las que se emplearon para trafico de este psicotrópico a nivel nacional", indicó.
Otro hecho se basa al trato que habría tenido con abogados que litigaban en causas que él debía revisar, en particular con Gabriel Henríquez, con quien registró más de 50 llamadas durante la revisión de una causa y que, según Moya, tendría una amistad en base a permanentes comunicaciones, reuniones sociales y visitas a domicilios particulares.
"En la tramitación de nueve causas penales se puede constatar que Elgueta votaba a favor de las pretensiones de Henríquez, ya sea como minoría o mayoría", declaró el persecutor, añadiendo que en uno de estos casos "(Elgueta) se comunicó con el propio abogado y un imputado que fue sobreseído", dando información "en perjuicio de la parte contraria".
Ya el último hecho caratulado bajo el delito de prevaricación data de 2018, cuando, de acuerdo el Ministerio Público, previo Elgueta también se comunicó directamente con un imputado y su defensa, días antes que se dictara una sentencia en la que él y otro ministro suspendido participaban.
Enriquecimiento ilícito
En cuanto el delito de enriquecimiento ilícitio, Moya dijo que entre 2016 y 2018 Elgueta obtuvo un incremento injustificado por $28.652.021, no teniendo otra vía de ingreso monetario que no sea trabajar en el Poder Judicial.
Moya expuso ante el tribunal tres maneras por las cuales Elgueta recibió dicho monto: depósitos realizados por caja por el mismo indagado por cifras que van entre los $400 mil y tres millones de pesos; transferencias hechas por terceros; y depósitos de cheques. Dos de estos últimos, por parte de un abogado, juez de policía local, que tramitó causas en la sala de Elgueta.
"Lo que establece a nuestro parecer un enriquecimiento ilegítimo, injustificado e incremento de patrimonio injustificado", zanjó
Petición de nulidad
Por su parte, la abogada de Elgueta, Blanca Rebolledo, pidió la nulidad procesal de la formalización, principalmente por dos hechos: la investigación contra el persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y el uso de evidencia que debió ser eliminada.
"A esta formalización se llega con el mérito de una carpeta investigativa con antecedentes espurios y viciados", aseguró, indicando que "no es un hecho desconocido" la querella interpuesta por Moya contra su superior jerárquico, quien fue el que inició la indagatoria por distintos hechos, entre estos, un supuesto favorecimiento a Elgueta.
"Elgueta, en plena consciencia de la relación que tenía con el médico, no se inhabilitó ni informó a las partes (...) incluso transmitó vía whatsapp el avance que dicho recurso tenía en la Corte de Apelaciones".
Fiscal Sergio Moya.
"Conocemos por el ente persecutor que hay una carpeta que fue manejada (...) que da cuenta de una manipulación en virtud a la cual se llega a esta audiencia de formalización", expuso Rebolledo.
El otro hecho que sustentaría la nulidad, según la abogada, refería a la causa del médico Arenas. Indicó que el recurso de protección cuestionado por la fiscalía fue previo a la formalización del profesional y que fue interpuesto por más médicos de la zona.
También que la decisión del tribunal de alzada no fue recurrida en dicha oportunidad por el ente persecutor y que, una vez Arenas condenado, se ordenó la destrucción de las interceptaciones telefónicas obtenidos de la causa y que hoy Moya utilizó.
"Eso vicia absolutamente de nulidad todo su procedimiento. Ello, sumado, como guinda de la torta, lo que pasó con el fiscal regional Arias", concluyó.
Por su lado, el fiscal contestó que la causa siempre ha estado bajo su cargo y que, "la indagación de la forma en que ha fallado el ministro Elgueta partió de manera informal desde 2015 cuando se encontraba a cargo de la fiscalía regional Luis Toledo".
Sostuvo además nunca haber dicho que Arias manejó la carpeta o intervino en la misma.
Ya sobre el caso de Arenas, indicó: "No sé en qué parte de mi exposición hice alusión a escuchas telefónicas. Sí hice referencia a un Whatsapp, no una escucha".
Cerró diciendo que tanto Elgueta como su defensa fueron notificados de la formalización "hace tiempo" y que le consta que recién retiraron la carpeta de investigación la semana pasada. Ello, continuó, pese a que el ministro dijo hace un par de semanas en prensa saber que sus cuentas bancarias estaban siendo investigadas, razón por la que decidió abrir una investigación por filtraciones desde el tribunal.
"Conocemos por el ente persecutor que hay una carpeta que fue manejada (...) que da cuenta de una manipulación en virtud a la cual se llega a esta audiencia de formalización".
Blanca Rebolledo, abogada Elgueta.
Ya tras casi media hora de deliberación, la magistrada Paz Reyes rechazó las peticiones, indicando que "la formalización no es un acto procesal objetable por esta vía atendida su naturaleza de una comunicación de cargos" y que "no hay ponderación de validez que el tribunal pueda o deba realizar al respecto".
Así también, sostuvo que los argumentos de fondo, la "licitud o pureza de la prueba", "deben ser debatidas en el momento procesal procedente" y advirtió a la defensa no presentar más incidencias tendientes a "dilatar la formalización".
