SANTIAGO.- Desde el viernes 19 de abril, cuando se dio a conocer la denuncia penal que presentó el Jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O'Higgins,
Sergio Moya, en contra de su jefe,
Emiliano Arias, por cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en distintos casos ocurridos en esa zona, ambos no se han dado tregua.
En la presentación, Moya aseguró que su superior lo habría presionado para que atendiera de manera preferente a los requerimientos del abogado Luis Hermosilla, quien actuaba como defensor del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, en la investigación que se sigue por el presunto fraude en el Teatro Regional de Rancagua.
De hecho, entre los antecedentes, incluyó un diálogo entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el alcalde de esa comuna investigado por esa causa, Eduardo Soto, en la que el actual jefe de gabinete le pedía apoyar públicamente a Arias, quien en ese momento enfrentaba una sanción de la Fiscalía Nacional por el caso incendios en 2017.
La acción sorprendió al fiscal regional, quien aseguró que el día antes de conocerla estuvo junto a Moya y que éste no le dio ningún indicio de ella. Asimismo, desmintió las acusaciones en su contra y advirtió cierta intencionalidad de su subalterno de "desprestigiarlo", al dar a conocer la denuncia a través de los medios de comunicación.
En su acusación, Moya incluyó otras tres supuestas irregularidades de su jefe: Cuando pidió un juicio abreviado en contra del síndico Hermán Chadwick en el caso Caval, la filtración de antecedentes en un caso radicado en Puerto Montt y el presunta dilación de Arias a sus gestiones para formalizar al suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta.
Ante ello, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió trasladar la causa en contra de los magistrados a Santiago y convocó a un consejo extraordinario de fiscales el martes 23 de abril, en el cual designó al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, como encargado de investigar las acusaciones de Moya en el ámbito penal, y a su par de Antofagasta, Alberto Ayala, del sumario administrativo.
La réplica de Arias
Asimismo, el fiscal regional fue suspendido en sus funciones, por lo que junto a su abogado José Luis Andrés, preparó una contraofensiva. Tras declarar por diez horas ante Campos el pasado 7 de mayo, el jurista anunció una denuncia en contra de Moya por obstrucción a la investigación en la denominada Operación Huracán.
En ella, Andrés aseguró que "el fiscal Moya actuó motivado por intereses personales; él tiene su propia agenda de problemas que intenta resolver con esta denuncia y hemos acompañado evidencia concreta que así lo demuestra", adjuntando un correo en el que a su juicio se demuestra que el jefe de Alta Complejidad mantuvo contacto con los Carabineros implicados en el caso.
"Dio instrucciones precisas a imputados en dicha causa con el objeto de dirigir sus declaraciones y manipular sus dichos con el fin de obstruir dicha indagatoria y lograr el abandono de la persecución penal", señaló la acusación de Arias.
Golpe a la Fiscalía de O'Higgins
En ese contexto, Abbott decidió intervenir la Fiscalía de O'Higgins, trasladando dos causas a Santiago: El caso Iglesia, el cual contiene las causas por encubrimiento y abuso sexual cometido por sacerdotes y obispos, y la investigación por el supuesto retiro irregular de pacientes GES de listas de espera.
En tanto, Arias presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de revertir la suspensión de su cargo decretada por Abbott y este viernes, su defensa acusó que Moya aceptó que la Fiscalía Nacional redujera el cuestionario que envió a la ex Presidenta Michelle Bachelet en el marco del caso Caval.
Esto último fue desmentido por el entorno de Moya, desde donde divulgaron los correos que intercambió con Marta Herrera, jefa jurídica de la Fiscalía Nacional, en los cuales demuestran que las preguntas nunca fueron reducidas y que incluso se le añadieron más interrogantes a la ex Mandataria.
