SANTIAGO.- Fue la balacera registrada la tarde del pasado sábado la gota que rebasó al vaso para la Municipalidad de La Pintana. Del tiroteo, informó la misma alcaldesa Claudia Pizarro, resultaron dos personas fallecidas, un adulto y un niño de 10 años, mientras que otras tres quedaron heridas.
"Necesitamos urgente acelerar Plan Integral para El Castillo", señaló la jefa comunal en su cuenta de Twitter respecto el sector que concentra la totalidad de homicidios ocurridos este 2019.
Según datos del municipio, son ocho asesinatos ocurridos en la comuna en lo que va del año, y la mayoría se concentran en la población El Castillo. De éstos, precisaron, seis fueron específicamente en el sector Santiago de Nueva Extremadura, el cual no abarca más de tres manzanas y es conocido como "El Pantano".
Estos casos no son nuevos en dicha zona. Es por ello que en 2017, bajo la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se informó a la comunidad que estaba incorporada al plan integral que también se había aplicado en otros barrios como Bajos de Mena de Puente Alto. Sin embargo, el trabajo no ha cumplido con las expectaciones de la comuna.
"Nos estamos quedando estancados y las personas perciben el abandono", aseguró la alcaldesa.
"No nos podemos quedar en el diagnóstico"
El concepto plan integral, explica a este medio Rafael Vargas, director de Seguridad Humana de la Municipalidad de La Pintana, "refiere a una política del nivel central que implica invertir en distintos ámbitos en aquellos territorios que son mas complejos desde el punto de vista sociodelictual", cuyos resultados demoran entre 10 y 15 años en notarse.
Así, en 2017, se acordó abordar la comuna mediante cuatro ejes: infraestructura, urbanismo, programas sociales y presencia policial.
"Todos estos barrios donde hay problemas son lugares que desde el punto de vista de la infraestructura son bastante empobrecidos. No existen las condiciones necesarias para que las personas se puedan desarrollar (...) En cuanto a lo urbano, la idea era poder botar un sector de departamentos donde se concentran quienes se dedican al microtráfico y donde también se almacena armamento", indicó Vargas.
Destacó también la necesidad de aplicar distintos planes sociales que apunten, por ejemplo, a la deserción escolar; además de constantes rondas policiales. Sin embargo, aseguró, "a la fecha no hemos tenido grandes avances".
Esto, pues primeramente en 2017 se realizaron algunas reuniones de coordinación. Ya en 2018, explicó, con el cambio de Gobierno, la Subsecretaría de Prevención del Delito depositó en diciembre de ese año $285 millones, los cuales fueron destinados para trabajos en El Castillo: iluminación de dos cuadras y arreglos en una sede social y una plaza. Sin embargo, aseguran tanto Vargas y Pizarro, no ha habido más novedades.
"Nos prometieron recursos desde los ministerios de Educación, Desarrollo Social, Vivienda y Obras Públicas, que es lo que se ha hecho en Bajos de Mena, donde se han invertido $22 mil millones en tres años", señaló el director.
Y agregó: "La única instancia que colocó fondos fue Prevención del Delito. Se supone que todo sería coordinado con la Intendencia, pero no ha sido así".
"Los delitos donde estamos hoy día afectados ocurren en un sector de El Castillo. El problema está muy focalizado, no es toda la comuna. Carabineros sabe dónde es, las autoridades también, y ese sector es el que hoy día hay que intervenir de forma de inversión social, programas y focalización de las policías y eso no ha ocurrido".
Alcaldesa Claudia Pizarro.
"De avanzar en la regeneración urbana, pavimentación, en mejorar algunos servicios o la subcomisaría de El Castillo, no ha pasado nada. Está estancado. Las razones no las entiendo, no han habido. Lo que sabemos es que el próximo año vienen $200 millones más desde Prevención del Delito y eso no significa la inversión de un plan integral", añadió la alcaldesa.
A modo de ejemplo, dice, una comisaría tiene un costo que bordea los $3 mil millones. Con los $22 mil millones invertidos en Bajos de Mena se ha podido instalar, además de una unidad policial, jardines infantiles, recuperar una multicancha y complementar programas sociales.
En tanto, en El Castillo se mantienen las calles de asfalto que datan de 1981. "Todos los años postulamos para que se pavimenten 12 mil metros cuadrados, pero solo nos dan 4 mil. Nos estamos quedando estancados y las personas perciben el abandono", dijo Pizarro.
Y en esa línea, continuó: "Los delitos donde estamos afectados ocurren en un sector de El Castillo. El problema está muy focalizado, no es toda la comuna. Carabineros sabe dónde es, las autoridades también, y ese sector es el que hay que intervenir con inversión social, programas y focalización de las policías, y eso no ha ocurrido".
Tras la balacera del sábado pasado, Pizarro -asegura- habló con el ministro de Interior, Andrés Chadwick. "Dijo que se iba a acercar al municipio para que se trabaje, yo le quiero creer, porque no es un problema de este Gobierno, es un problema de Estado, de cómo el Estado ha tratado a los pintaninos", concluyó.
Trabajo tripartito
En conversación con Emol, el coordinador metropolitano de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Álex Romero explicó las etapas que se han llevado a cabo en la comuna. Aseguró que El Castillo aún se encuentra aplicando "obras de confianza" y que la subsecretaría está hoy enfocada en actualizar el diagnóstico que hay de la zona. Ya con esto último, recién empieza la participación de otros ministerios.
La cronología en cuestión dice así. Planes integrales inician como tal el año 2014 con una evaluación diagnóstica a nivel país que determina que existen 33 barrios que necesitan de intervención del Estado en forma conjunta. De esos, 11 corresponden a la Región Metropolitana.
33Barrios de país necesitan, según un diagnóstico estatal, intervención del Estado.
Ya en 2016, se inició la intervención de barrios prioritarios en la capital con los casos de Bajos de Mena y La Legua. En 2018 ingresaron los barrios Parinacota y El Castillo, y ya este año se sumó a Andes Cordillera.
"Actualmente El Castillo está en un proceso de evaluación diagnóstica que se espera tener lista durante el año 2019. Ya con ella, se podrá dar paso al instrumento plan integral que establece cuáles son las áreas de intervención que debe tener el Estado para las necesidades presentes en el barrio", explicó Romero.
Y agregó: "Todos los barrios tienen distintas etapas de ejecución en este minuto, en virtud que han ingresado de forma paulatina a través de los años. No es que haya un retraso actualmente en la instalación del programa, sino que este se decidió en un ingreso posterior".
Romero precisó así que, si bien se cuenta con el diagnóstico que en 2014 permitió clasificar el barrio como uno "de prioridad", se requiere hoy de uno actualizado para determinar de qué manera intervenir.
Y mientras se espera aquello, continuó, los municipios tienen el trabajo de presentar "obras de confianza", que tienen como fin acercar las instituciones a los habitantes y marcar un primer paso en la intervención. Es aquí donde ellos detectan una demora por parte de municipio.
Actualmente, El Castillo tiene tres obras en espera de inicio de ejecución -iluminación de dos cuadras y arreglos en una sede social y una plaza previamente mencionados-, cuyos proyectos ingresaron el último día hábil de la administración anterior con una serie de errores técnicos, según indicó el director, los cuales la municipalidad tardó casi todo el 2018 en corregir.
"Los recursos de estos proyectos fueron entregados a la municipalidad en diciembre de 2018 y actualmente se encuentran a la espera que el municipio termine con las etapas administrativas para la ejecución de las misma", precisó.
En tanto, durante esta gestión, la municipalidad ha ingresado ocho proyectos -entre los que hay mejoramiento de recintos deportivos, ampliación de una escuela y construcción de calzadas-, de los cuales solo uno fue aprobado -por adquisición de camiones recolectores de basura-, mientras que respecto a otro se aprobó la rentabilidad social. El resto en tanto, no fue declarado admisible.
Ya cuando parta el plan como tal, con diagnóstico en mano, se generará recién una coordinación conjunta entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia: el primero financia y segundo ejecuta.
"Todo se trabaja de forma tripartita entre la municipalidad, la intendencia regional y la Subsecretaría. Ninguno tiene un poder sobre el otro, sino que se ejecutan de manera conjunta, pues es la forma que tienes de intervenir barrio con las características que presentan los barrios prioritarios", concluyó.
