Ocho personas fueron formalizadas este sábado por tráfico de migrantes.
Aton
SANTIAGO.- Luego de que se destapara el presunto
tráfico de 381 migrantes de nacionalidad china hacia nuestro país, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó durante este sábado a los ocho imputados por el caso, en una jornada maratónica que se extendió por cerca de seis horas.
De ellos, cuatro fueron considerados los que mayor importancia tendrían en la organización: el funcionario a contrata de Cancillería, Alex Brito Ortiz, el ex alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, el ex gobernador de la Provincia del Choapa, Alex Trigo, además del ciudadano chino, Xinling Huang.
En la audiencia, quien recibió la medida cautelar más severa fue Brito, ya que el tribunal decretó su prisión preventiva, acogiendo la solicitud del fiscal de Alta Complejidad, Marcelo Carrasco.
Según se estableció en la formalización, el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores habría usado los recursos y conocimientos de su cargo para colaborar en esta red, por lo que fue considerado un "peligro para la sociedad". Se le imputaron los delitos de tráfico de migrantes, asociación ilícita, soborno y cohecho.
En tanto, el ex jefe comunal Mauricio Navarro quedó con arresto domiciliario total, apuntado por los mismos tres ilícitos, mientras que Trigo recibió la cautelar de arresto domiciliario nocturno, acusado sólo de tráfico de migrantes.
Xinling Huang, por su parte, también deberá estar con arresto domiciliario total, luego de que se acreditara su participación en el tráfico de migrantes. El ciudadano extranjero es apuntado por ser el presunto vínculo y coordinador entre Chile y China en esta organización.
Los otros cuatro vinculados con el caso, y que también fueron formalizados esta jornada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por asociación ilícita y tráfico de migrantes, quedaron con arraigo nacional y firma quincenal durante los 90 días que dure la investigación. Se trata de Xinli Qin, Wei Huang, Hugo Cáceres y Jessica Gumera.
Según explicó la PDI, la red funcionaba contactando ciudadanos chinos interesados en viajar a nuestro país, a quienes se les cobraba por el traslado. Luego se les facilitaban cartas de invitación para extranjeros ideológicamente falsas, con lo que ingresaban de manera legal a Chile, donde buscaban trabajo para establecerse o decidían trasladarse a Argentina (178 migrantes cruzaron la cordillera).
El caso ha generado rechazo generalizado en el mundo político, ya que parlamentarios de distintos sectores condenaron el hecho e incluso el Gobierno anunció una querella contra quienes resulten responsables.