SANTIAGO.- Los propios candidatos a integrar el consejo del Colegio de abogados lo comentan: hacía tiempo que una elección no llamaba tanto la atención fuera del mundo de las leyes. Pero por varios motivos —entre ellos el revuelo que causó la aprobación de una nueva norma de representación femenina en el organismo en enero— esta vez los focos parecen estar puestos en el proceso que comenzará este martes.
Con cuatro listas en competencia, las elecciones han sido llamadas informalmente como una de las más politizadas del último tiempo. En ellas se elegirán a nueve de los 18 miembros del consejo, que se mantendrán en ejercicio hasta 2023. En cada voto, quienes forman parte del colegio podrán elegir sus nueve favoritos, independientemente de la lista por la que se presentan.
En las cuatro listas está representado todo el espectro político chileno: desde el Frente Amplio hasta la centro derecha tradicional, y todos los sectores tienen un duro diagnóstico del momento que atraviesa la profesión, en el contexto de la crisis institucional que vive el país y que los ha golpeado especialmente.
Investigaciones a fiscales y jueces, además de la polémica elección de un nuevo miembro para la Corte Suprema son algunos de los episodios que han apelado directamente al gremio. Por eso, coinciden todas las listas, el rol del colegio se debe fortalecer.
Retomar la colegiatura obligatoria
La última lista en inscribir a sus candidatos fue la de la Democracia Cristiana, "De vuelta al Colegio", que lleva entre sus nombres a la ex ministra Alejandra Krauss, la integrante de la Corte Suprema Leonor Etcheberry y el secretario general de la U. Alberto Hurtado, José Burmeister.
"Los que conforman la lista son, en general, abogados con bastante prestigio y conocimiento de este colectivo. Efectivamente la lista está conformada por personas que no son ignoradas por el resto del gremio", señala a Emol la también
ex ministra Laura Albornoz, quien forma parte de las candidaturas.
Una de las principales propuestas de la lista es la de devolver la colegiatura obligatoria a los abogados que ejerzan particularmente, pero también a "aquellos que se desempeñen en otro tipo de funciones y que no están plenamente representados en el colegio", como académicos o trabajadores del sector público.
"Los abogados, en general, no buscan que el colegio les haga un descuento en el Club de Golf, sino que efectivamente logre tener una actualización en la página de las últimas tendencias en materia de jurisprudencia o de doctrina creada sobre los diferentes ámbitos que hoy día se desempeñan en las distintas especialidades del derecho", cuenta Albornoz.
Por eso piden que el colegio se transforme en "un espacio de conexión y red". "No queremos tener esta segregación tan evidente que existe hoy día entre los que tienen sus estudios en Isidora Goyenechea versus los que están en el resto del país. Los que hoy ejercen la profesión son de distinto origen", añade.
A su juicio, el rol del colegio es importante especialmente en el contexto de crisis institucional de la que Chile es protagonista. "Cuando se producen estas crisis, se requiere con mayor fuerza revitalizar las organizaciones intermedias", señala Albornoz. "Es justamente en los espacios donde se reúnen las personas que pertenecen a los mismos grupos profesionales o comparten los mismos intereses donde se puede recuperar un poco la confianza en la ciudadanía".
Terminar con la "justicia para ricos"
Descolgada de la DC competirá el resto de la centroizquierda, en la lista "Todos y todas", que reúne a personas del Frente Amplio y de partidos como el PS, PC y PRSD, y la Asociación de Abogadas Feministas. Desde ahí surge una crítica profunda a la actual administración del colegio, mayormente asociada al gremialismo.
"A pesar de los cambios y el surgimiento de nuevos desafíos para la profesión, el colegio sigue siendo el mismo durante las últimas décadas, con una conducción conservadora y elitista, donde su influencia es cada vez menor, deviniendo derechamente en la intrascendencia y su actual crisis", afirman en su programa.
Según el diagnóstico de la lista, es responsabilidad de los abogados el haber hecho "del acceso a la justicia un privilegio que depende del género y del bolsillo del cliente". Critican que exista "justicia para ricos", con "grandes estudios en el barrio alto", mientras "los sectores más pobres solo cuentan con un sobrecargado e inexperto postulante como patrocinante".
"El colegio hoy día no ha estado a la altura de lo que se espera de un colegio de una profesión que le damos eminentemente un carácter social, al servicio de las grandes causas. Queremos justamente colocar el colegio a ese nivel", dijo la integrante de la lista, Marta de la Fuente, a la radio Bío Bío.
La lista se compone de figuras como la ex subsecretaria de las FF.AA., Paulina Vodanovic; el abogado de RD, Amaro Oróstica; y el académico de la U. de Chile, Álvaro Fuentealba. Una de sus principales banderas es la de intervenir en la precarización laboral de la profesión, para lo que proponen la creación de bolsas de trabajo y la "adecuada inserción laboral de los profesionales jóvenes" con énfasis en "jornadas razonables y remuneraciones dignas".
Foco en la prevención
El caso de la lista "Libertades Públicas" es distinto, pues, dicen, no están asociados a ningún partido político. La organización fue fundada en 1997 cuando se prohibió la exhibición de la película "La última tentación de Cristo", por "abogados interesados en defender la libertad de expresión", como consta en su programa. También participaron de la defensa de Karen Atala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Tenemos una larga historia de trabajo dentro del Colegio", dice a Emol la abogada Elisa Walker, una de las candidatas y también impulsora de crear cuotas de género dentro del organismo. "Participamos activamente en la modificación del Código de Ética y en la incorporación del criterio de paridad. Nosotros creemos, y eso lo avala nuestra trayectoria, que el Colegio es una organización importante", añade.
Junto a ella trabajaron por la reforma a los estatutos las también candidatas Libertad Triviño y Lorena Barrientos, acompañadas de actuales integrantes del consejo y de miembros de otras listas, como Magdalena Atria ("De vuelta al Colegio"). Walker asegura que esta elección ha concitado, a raíz de la discusión previa sobre género, más atención que las anteriores.
"El fenómeno que ha sucedido es muy interesante, en el sentido de que da cuenta de que las cuotas no solo benefician a las mujeres, sino que revitalizan las instituciones", señala. "Hoy no solo estamos hablando de mujeres, sino también del rol del Colegio de Abogados. Estamos sumamente felices ya con poder medir el resultado de las cuotas a través de la revitalización del Colegio y esperamos ver los resultados en las elecciones y ver más mujeres en el consejo mismo", agrega.
Entre sus principales propuestas está la de dar un enfoque preventivo ante problemas éticos. "No puede ser que tengamos una actitud reactiva cuando ya hay un problema consumado. Desde la lógica de la responsabilidad social, tenemos que plantearnos cómo promover un ejercicio que respete la ética", explica". Por eso proponen generar una coordinación entre el Colegio y las facultades de Derecho o clínicas jurídicas de las universidades.
La opción gremial
Por último, también presenta sus nueve candidatos la lista gremial, hoy con presencia mayoritaria en el consejo. Entre los nombres figura el decano de Derecho en la U. Católica, Carlos Frontaura, y abogados con grandes trayectorias en estudios privados, como Cristián Boetsch y Marcela Achurra.
Según el diagnóstico interno, el organismo ha sido un colegio "esencialmente gremial". "De lo que se ha preocupado es de defender a la profesión", dijo a Bio Bío el candidato Pedro Pablo Vergara. En su programa, la lista asegura que trabajará por "proteger el ejercicio profesional" de sus asociados y por "asegurar el debido resguardo de sus derechos ante las autoridades en que deben desenvolverse".
En el contexto de crisis institucional, la lista propone "crear mesas de trabajo colaborativas con el poder judicial, en miras a reconstruir confianzas en el sistema judicial, buscar estándares de transparencia, buenas prácticas y acceso a la justicia de acuerdo con los tiempos actuales".
También dan énfasis a "estar constantemente alertas ante malas prácticas de nuestros colegiados y de colegas en general". "El mundo de hoy exige transparencia y los grupos intermedios, como lo es un colegio profesional, debe cumplir un rol activo entre la persona y el Estado".
La votación se llevará a cabo este martes, miércoles y jueves de forma electrónica y presencial, y podrán participar de ella los miembros del organismo que tengan sus cuotas monetarias al día.