SANTIAGO.- Cuando se tramitó en el Congreso la Ley de Educación Superior, en la administración anterior, hubo varios temas que generaron un intenso debate, como la gratuidad o las nuevas exigencias de acreditación. Pero hubo una iniciativa que, desde el comienzo, concitó el apoyo de distintos sectores: crear una Superintendencia de Educación Superior que se encargara de fiscalizar a las instituciones y dar transparencia al sistema.
Poco después de promulgarse la ley, el Ejecutivo dio el primer paso hacia la conformación de esta nueva institución, al nombrar –en agosto de 2018– al primer superintendente de Educación Superior: el abogado de la Universidad de Los Andes y Master en Derecho Jorge Avilés Barros.
Éste se abocó a implementar la Superintendencia desde cero y, si bien ésta empezó a funcionar legalmente en mayo pasado, aún se encuentra en pleno periodo de instalación –de los funcionarios, oficinas y hasta de Internet–. "Los muebles son prestados, los nuestros los tenemos que licitar", explica el superintendente.
Con todo, la Superintendencia ya se encuentra en marcha, lo que marcará un antes y un después en el funcionamiento del sistema de educación superior en el país, ya que este organismo llega con nuevas y mayores atribuciones para supervigilar el sistema, que distan de las limitadas facultades que tenía el Ministerio de Educación para cumplir esa función.
Anticiparse a las crisis
En la práctica, la Superintendencia podrá requerir todo tipo información a las instituciones –incluyendo la contable–, fiscalizar de oficio, investigar las denuncias que reciba y, eventualmente, aplicar sanciones a los planteles, las que pueden ir desde amonestaciones o multas hasta nombrar un administrador provisional o de cierre (pues también asume la aplicación de la Ley 20.800). Y, en caso de detectar un delito, debe entregar los antecedentes al Ministerio Público.
Una función clave que deberá realizar es revisar los estados financieros de las instituciones, para asegurarse que tengan la solvencia económica para poder funcionar, anticipándose a situaciones como la ocurrida en la Universidad del Pacífico, donde se conoció el déficit cuando la situación era insostenible y el plantel había dejado de pagar los sueldos a los funcionarios. Ahora, en cambio, al detectar alguna situación de riesgo, la Superintendencia podría hacer recomendaciones a los planteles de manera temprana, pudiendo evitar que derive en una crisis.
Hasta ahora, el Mineduc podía requerir información financiera a las instituciones, pero éstas no estaban obligadas a entregarla. Otra instancia en que las autoridades podían enterarse era cuando éstas se presentaban a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), para obtener la certificación. Sin embargo, como la acreditación era voluntaria, no todos se sometían a ese proceso.
La Superintendencia también deberá fiscalizar que se reinviertan los recursos en la misma institución (evitando que incurran en lucro), la composición de los gobiernos corporativos; además de detectar publicidad engañosa, resguardar la libertad de cátedra y revisar las actuaciones de los planteles ante denuncias de acoso sexual, entre otras situaciones.
"Acompañar" a las instituciones
Con todas estas atribuciones en el papel, el sello que pretende imprimir Jorge Avilés a la Superintendencia es de una entidad que acompañe a las instituciones, considerando además que se trata de nuevas regulaciones a las que los planteles se deben ir adaptando.
"Nosotros tenemos que implementar la Superintendencia, pero las instituciones también deben generar las capacidades para hacer frente a toda la nueva regulación. Va a ser un proceso en que todo el sistema tiene que trabajar unido para poder lograr estos objetivos", señala. Menciona, por ejemplo, que se apoyarán en circulares con orientaciones para las instituciones.
También llama a bajar las expectativas con respecto al estreno del nuevo organismo, pues explica que su instalación será gradual y, en los primeros meses, no funcionarán a toda su capacidad. En la práctica, durante el primer año se dedicarán a conocer el panorama general del sistema de educación superior, que está compuesto por cerca de 150 instituciones, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
"Necesitamos que la gente no se genere tanta expectativa de que éste es un organismo que está en su máximo esplendor, porque es una cosa que se va a ir armando paulatinamente", dice el superintendente.
En esa línea, afirma que "durante este primer año, el desafío principal es la implementación de este organismo, poniendo especial énfasis en poder conocer con mayor certeza cuál es la situación del sistema de educación superior".
