SANTIAGO.- Con una población cercana a los 100 mil habitantes en una superficie de siete kilómetros cuadrados, San Ramón, la comuna que según el estudio ICVU de 2018 confeccionado por la Cámara Chilena de Construcción se ubica en posición número 11 de las con peores índices de calidad de vida del país, vuelve a estar en la primera línea mediática producto de supuestos vínculos del Partido Socialista (PS) con el narcotráfico y clientelismo en el sector sur de la capital, lo que mantiene nuevamente a la colectividad en una tensa situación.
Fue un reportaje publicado el lunes por Canal 13 el que desató la crisis al interior del partido. El trabajo periodístico reveló supuesta irregularidades en el padrón electoral de la tienda política en San Ramón, zona que contaría con 3.965 militantes, y en donde durante las recientes -y polémicas- elecciones internas del PS la lista del Álvaro Elizalde logró más del 80% de los votos, lo que lo ayudó a imponerse a Maya Fernández a nivel nacional y conseguir la reelección.
Entre otras cosas, el reportaje dio cuenta de que en el padrón electoral figuran militantes inscritos con domicilios ligados al narcotráfico, además que ex miembros del partido expulsados hace dos años por graves acusaciones al interior de la municipalidad de San Ramón habrían participado de la elección.
"Nadie puede decir que es sorpresa", sostuvo al respecto en entrevista con EmolTV el abogado y militante del PS, Fernando Atria. "Lo que estalló ahora era algo que de verdad se sabía por lo menos desde el 2017 en que hubo otro reportaje sobre el tema (...). Desde octubre de 2017 ya nadie puede negar que había un problema", agregó, asegurando que esto debió haberse enfrentado en ese entonces, pero no se hizo con la fuerza necesaria.
2017: Funcionarios de la alcaldía vinculados al narcotráfico
A lo que se refiere Atria fue al reportaje publicado exactamente el 1 de octubre de 2017 confeccionado por el programa de TVN "Informe Especial" y titulado "Los tentáculos narcos en San Ramón". Allí el aún alcalde, Miguel Ángel Aguilera -quien además era vicepresidente del PS- fue denunciado por la presencia de funcionarios presuntamente vinculados al narcotráfico en dicha alcaldía.
"Nosotros condenamos enérgicamente los hechos denunciados por Informe Especial, nos parece que estos tienen que ser esclarecidos y se tienen que determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley", señaló entonces Elizalde, presidente del partido. Un día más tarde, comenzaron los allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI), y el timonel PS anunciaba que avaluaría la situación del alcalde Aguilera.
¿La decisión? Fue el mismo jefe comunal quien pidió que se suspenda su militancia para demostrar su "honestidad y transparencia" y el Tribunal Supremo de la colectividad determinó acoger aquello, junto con la suspensión y expulsión del PS de otros funcionarios municipales presuntamente involucrados, y además de anunciar una querella en contra de quienes resulten responsable, misma medida manifestada desde el Gobierno y la UDI. Días más tarde, Aguilera optó por terminar definitivamente con su militancia.
Esquirlas a Guillier
Pero las esquirlas del caso, que salió a la luz en plena campaña presidencial de cara a las elecciones de noviembre de 2017, no solo afectaron al jefe comunal y a su equipo municipal, sino que también golpearon al entonces candidato de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier.
Y es que se supo que Aguilera recolectó firmas para apoyar la carrera a La Moneda de Guillier, lo que se tradujo en fuertes cuestionamientos de parte de sus competidores, como Carolina Goic (DC), el independiente José Antonio Kast, y la carta del PRO, Marco Enríquez-Ominami.
Dichos en su contra que el aspirante a la presidencia calificó como "una bajeza" y una "ofensa brutal", lo que no impidió que llegase a segunda vuelta.
"Hasta ahora no teníamos conocimiento de una eventual relación tan estrecha entre el narco y la autoridad política".
Jorge Abbott, octubre de 2017
Fuera de la contienda presidencial, quien también dijo haber resultado afectada tras la situación en San Ramón fue la alcaldesa de La Pintana,
Claudia Pizarro. La jefa comunal aseguró haber recibido amenazas de muerte hechas por funcionarios de la municipalidad de San Ramón, quienes supuestamente la acusaban de crear un montaje en contra de Aguilera.
"Este era un secreto a voces", afirmó, en el sentido de que "había gente con antecedentes de narcotráfico en general trabajando", en el municipio. "Había comentarios de pasillo, pero no puedo profundizar en detalles, tampoco hacerme cargo de lo que pasa ahí y ellos no pueden culpar a terceros", dijo entonces. En ese contexto, el Ministerio Público ordeno medidas de protección para la alcaldesa.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, también se refirió al tema el 23 de octubre de 2017, cuando afirmó que aquello constituía un hecho "gravísimo y sin precedentes. Hasta ahora no teníamos conocimiento de una eventual relación tan estrecha entre el narco y la autoridad política. Esto constituye un tremendo desafío".
"Montaje del PS"
Pasaron los meses y el alcalde de San Ramón seguía insistiendo en su inocencia: a inicios de 2018 acusó un "montaje" de parte de un sector del PS para sacarlo del partido, asegurando que desde el conglomerado "me van a terminar pidiendo disculpas".
Tras más de un año desde que se destapó el caso, el fiscal Leonardo Zamora finalmente desistió de acusar al alcalde Aguilera en la causa por narcotráfico en la que la fiscalía Metropolitana Sur decidió solo formalizar a Jorge "el Chino" Pinto, líder narco de San Ramón y quien habría trabajado para la municipalidad. Aunque el Ministerio Público aún mantiene abierta una investigación medular por eventuales ilícitos de fraude al fisco y delitos funcionarios en contra del jefe comunal. Indagación que incluiría a otras ocho personas.
"Nada menos que eso está en juego, el sentido de la existencia del partido"
Fernando Atria
De todas formas, la reciente investigación dada a conocer el lunes reflota las irregularidades que se remontan al 2017 y bajo la misma conducción del senador Elizalde. Por ello, parlamentarios del PS dicen sentir
"vergüenza" y "dolor" y solicitaron a la tienda política que la mesa directiva y el Tribunal Supremo anule y repitan las elecciones internas en la comuna aludida. Incluso algunos proponen que los comicios realizados el pasado 26 de mayo se hagan otra vez en todo el país.
Pero para Atria el tema es más profundo que eso, e indicó que la problemática debió solucionarse inmediatamente tras octubre de 2017. Por ello afirmó que debe haber una "reacción proporcionada a la gravedad del asunto", y aquello sería "hacer una auditoría al padrón completo del partido (...). Un proceso de limpieza del padrón", el cual, insistió, Elizalde debió realizar "en 2017".
"Si el PS es visto, de un modo y otro, vinculado con el narcotráfico sí que eso genere por parte del partido una reacción que sea notoriamente significativa, el PS va a perder cualquier posibilidad de recuperar esa credibilidad (...). Nada menos que eso está en juego: el sentido de la existencia del partido", concluyó.
