SANTIAGO.- Son las siete y media de la mañana en Moneda 1040 y los termómetros superan apenas los cero grados. Es martes y afuera del edificio que tiene en su primer piso la sede metropolitana de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) ya hay cuatro hombres guardando un espacio afuera de una primera reja, todavía cerrada. Tienen un propósito: que cuando comience la atención al público, en una hora y media más, ellos sean los primeros. Por eso llevan ahí media hora.
Cuando el guardia abre esa primera barrera, los cuatro pisan las baldosas grises y negras y empiezan a hacer fila afuera de una segunda, que es una puerta de vidrio cerrada. En el espacio, un limbo entre la calle y el Compin, se siente el mismo frío que afuera. Los hombres empiezan a dibujar una línea entre postes unidos por cordones rojos, que señalan la ruta de la espera.
El reloj marca las 7:57 horas y son diez personas las que esperan. A las 8:30 horas, ya son 30. Dos asistentes conversan: uno viene por tercera vez en las últimas semanas. "Hay que sobrevivir, de una forma u otra", dice sentado sobre su propia mochila. Todos los demás esperan de pie, obedientes. Dos letreros lo mandatan: "no sentarse en el piso".
En la fila de espera abundan carpetas, periódicos gratuitos y gorros de lana. Cuando faltan pocos minutos para las nueve, la hilera sobrepasa las cincuenta personas. Entonces cruza la puerta una mujer que carga un bebé sobre su pecho y viene con dos niñas pequeñas, con botas de agua brillantes. "¿Esta es la fila para el Compin?", pregunta. La fila le asiente.
Lo que empieza cuando las puertas se abren puntualmente a las nueve de la mañana es una jornada clave: la primera después de que el Gobierno nombrara una interventora directamente para la sede, con la misión de realizar un diagnóstico de la crisis que enfrenta el organismo en un plazo de 48 horas. La tarea de la ingeniera comercial Paula Labra comienza ahora.
Módulos improvisados y computadores que no arrancan
Todos los días el flujo de gente es similar. Eso es lo que explica el guardia del edificio mientras los asistentes reciben un número de atención y pasan a sentarse en las hileras de sillas acomodadas dentro del recinto. Les da palabras de ánimo: todo el que entra es atendido. Allí, al menos, está templado.
La fila va ingresando de manera paulatina mientras una funcionaria camina entre los asistentes y entrega un pequeño pedazo de papel que dice "www.zeroq.cl". Lo que explica es que a través de esa página se puede sacar número de atención y que no es necesario hacer la fila presencial. Que ahí mismo se puede monitorear el avance y que si calculan que tienen tiempo suficiente, pueden ir tomarse un café y volver.
Tenemos que hacer una revolución en la gestión del Compin, que es posible hacer, modernizarlo
Jaime Mañalich
—¿Hace cuánto existe esto? —pregunta una mujer, mientras toma el papel.
—Hace como un año —precisa la trabajadora—, pero yo me vengo recién enterando.
En su teléfono, un ciudadano haitiano intenta sacar número sin éxito. Tenía licencia hasta el 10 de junio por un cuadro de paperas que lo mantuvo alejado de su trabajo como tablero eléctrico por 15 días. Lo llamaron para pedirle que trajera más antecedentes: su contrato firmado por él y su jefe.
Adentro, son 12 los módulos que atienden público: seis en el mesón principal y los otros seis en otros rincones de la sala, recién instalados, que están señalados por un número impreso en hoja de oficio. En el módulo 9 algo no anda bien, y cuando son casi las 9:30 horas las funcionaria se rinde: el computador no arranca.
En el módulo uno, una mujer de pelo largo y rojizo espera ser atendida. No tiene número, porque requiere que la atienda esa misma trabajadora que le recibió sus documentos el 15 de mayo y que hoy la tienen aproblemada. "Es horrible atenderse aquí", dice antes de que la llamen.
"No voy a hablar con usted"
La mujer trabaja en la Asociación Chilena de Seguridad, manipulando artículos de pabellón, pero está con licencia por depresión desde el 15 de febrero. Cristina, que prefiere mantener su identidad en reserva, le explica a la funcionaria que hubo un error: cuando le rechazaron la primera licencia, entregó en esa misma ventanilla una apelación firmada por su médico.
"Pero esa apelación no me la tenían que recibir acá, me la tendrían que haber devuelto", explica Cristina. Ahora lo sabe: el documento tenía que llegar a otra división. La mujer que atiende le responde: "En realidad no me fijé".
El problema, para ella, es que los documentos aparecen en el sistema como si hubieran ingresado el 11 de junio, y entonces los plazos de pago —sesenta días hábiles— comienzan a correr desde ese día. La fecha se le atrasa un mes y lo que Cristina pide en ese módulo es que le respeten la data en que entregó la apelación.
En la ventanilla, como en todas las del recinto, hay un mensaje recortado en forma de flor. "Si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, tolerancia y respeto".
Le dicen que tiene que hablar con otra persona, una funcionaria que le tiene que coordinar un peritaje médico. Cristina se acerca a la mujer, que habla con otro asistente y le da instrucciones: tiene que ir a la Superintendencia de Seguridad Social y adjuntar el papel que tiene en la mano al archivo de su caso, que existe allá.
Cuando el hombre se va, la funcionaria hace el amague de volver a caminar, a pesar de que Cristina está a su lado, esperando conversar con ella. "¿Me va a escuchar o se va a ir?", le pregunta. La trabajadora la mira y le contesta, en tono seco: "Yo no voy a hablar con usted".
Entonces Cristina colapsa: dice que no se va a ir sin respuestas y avanza hasta el final de un pasillo, donde hay una oficina cerrada que dice afuera "peritajes". Abre la puerta y le dice a una secretaria que necesita hablar con un médico, y suelta un llanto desgarrado. "¿Cómo no va a haber un médico que me pueda atender, que pueda ver que esto que dice la licencia es verdad?", pregunta.
La secretaria le promete ayuda y sale de la oficina a buscar a un responsable. Afuera, alguien le pregunta qué pasó: "Una señora", responde. "Le está dando un ataque de llanto".
Protestas, golpes e intervenciones policiales
Antes de Cristina, en el pasillo había cuatro personas esperando ser atendidas. Sus situaciones, explican, no pueden ser solucionadas en los módulos de atención porque son casos específicos. "Aquí atienden muy rápido, pero no arreglan nada", comenta uno de los que esperan. Está ahí por una licencia de veinte días que tuvo en diciembre pasado.
"Yo estuve dos años con licencia por meniscos rotos y no tuve tantos problemas como ahora", cuenta otro hombre. Esta vez, que en realidad tuvo lugar en agosto pasado, fueron 25 días de licencia por un problema al estómago, que todavía no se le han pagado. Él, dice, es un testigo clave: estuvo en la Compin el pasado 14 de junio, cuando un adulto mayor se autoinfirió heridas como forma de protesta.
800 personas atiende diariamente Compin
El hombre reclamaba por el no pago de sus licencias, y, como él, otro ciudadano había realizado una manifestación el mismo mes: agredió a funcionarias con un extintor. Ese tipo de episodios, aseguran aquí, no son extraños. A menudo han presenciado golpes a los encargados y han visto entrar a Carabineros para intervenir.
Ahora esperan los atienda "el jefe", como llaman al presidente de Compin, pero no hay nadie dentro de la oficina a la que le están haciendo guardia. Les llegó el rumor de que está con licencia. "Bueno, ojalá se la paguen", broma un hombre que ordena papeles en su carpeta.
En ese momento, el presidente está en el back office reunido con Paula Labra, la interventora en su día de estreno, que llegó al recinto "a primera hora". Desde Compin explicarán que le estaba dando información que está en levantamiento —casos críticos, próximas acciones y atenciones urgentes—, incluyendo evaluaciones de funcionarios que están "monitoreando" por la forma de atender al público.
La "revolución" del Compin
Cristina sale de la oficina, todavía con los ojos llorosos. Dice que le dieron una solución, que la citaron a peritaje con un psiquiatra el 11 de julio para resolver su licencia de forma rápida. La mujer mira a su alrededor y se lamenta: "Yo creo que muchas de estas personas ya no tienen qué comer, como yo", dice.
Entonces cuenta un plan que finalmente no llevó a cabo: en su cartera, asegura, se trajo un bisturí de la ACHS. "Yo me iba a cortar", cuenta. "Lo iba a hacer porque ya no veía otra solución". El equipo, relata, la contuvo. Le quitaron el bisturí. "Se lo quedaron ellos", concluye.
El propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, puso sus ojos en el funcionamiento del servicio, después de la protesta que tuvo lugar ese viernes en que estrenó su puesto en el gabinete. "Tenemos que hacer una revolución en la gestión del Compin, que es posible hacer, modernizarlo, responder en los términos que corresponden a las necesidades de la ciudadanía", dijo.
Ese mismo 14 de junio, el jefe de atención de la sucursal fue removido de su cargo y los funcionarios actuales, aseguran desde el Minsal, están en evaluación. La situación, ha dicho el secretario de Estado, "no da para más" en la oficina, que atiende a cerca de 800 personas por día. Lo que comenzó con el nombramiento de Paula Labra es, aseguran, una "profunda intervención".
Esperan que los cambios comiencen a aplicarse lo antes posible. Por ejemplo, la próxima semana se podrá realizar el seguimiento del estado de cada licencia en la plataforma web. "La idea es apoyar en el diagnóstico e implementar medidas en muy pocos días", explican desde la Subsecretaría de Salud Pública.
Las puertas del Compin se cierran a las 13:30 horas, pero adentro de la oficina todavía resta jornada. Los últimos asistentes saldrán, como siempre, después de las cinco de la tarde.
