Una de las sesiones de la comisión que revisa la acusación contra Cubillos.
Aton
VALPARAÍSO.- El próximo martes 1 de octubre la Sala de la Cámara de Diputados deberá revisar la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, impulsada por la oposición.
Esto debido a que su abogado, Francisco Cox, envió a las 23:00 horas de anoche el escrito con su defensa a la comisión revisora, de modo que desde ahora comienzan a correr los seis días que fija la norma en estos casos para que los diputados de la instancia puedan emitir su informe.
Ese día los diputados deberán votar en primer lugar la llamada "cuestión previa". Si la acogen, se da por rechazada y el libelo no continúa avanzando. En cambio si la rechazan, los diputados comienzan la revisión de cada uno de los cinco capítulos del texto.
A través de un comunicado difundido por el Mineduc, se explicó que el abogado desestimó todos los capítulos de la acusación y solicita a la comisión revisora del texto dar como "no presentado" el libelo -es decir, que se acoja la cuestión previa- considerando que, a su juicio, no cumple con los requisitos legales.
De todos modos el documento que elabore la comisión no es vinculante y solo es para informar al resto de los diputados la opinión que ésta se formó tras escuchar a los abogados constitucionalistas, dirigentes y representantes de distintas áreas de la educación, invitados a la instancia.
Trabajo de la comisión
Hoy la comisión que está compuesta por los diputados Celso Morales (UDI-presidente), Pedro Salamanca (UDI), Catalina del Real (RN), Hugo Rey (RN) y Maite Orsini (RD) continuará recibiendo a otros invitados a partir de las 15:30 horas y también tienen fijada una nueva reunión mañana. Se espera que el abogado defensor de Cubillos, además de haber enviado el escrito, haga una presentación oral ante los diputados con sus argumentos.
Luego, tanto él como la ministra acusada tendrán la oportunidad de defenderse ante el pleno el próximo 1 de octubre. Si la Cámara acoge la acusación, ésta avanzará hacia el Senado donde sus integrantes actúan como jueces y deberá definir si Cubillos es o no destituida del cargo. Si eso ocurre, quedaría imposibilitada por cinco años de ejercer cargos públicos.
Los acusadores aseguran en sus capítulos que ella en el ejercicio de su cargo ha faltado a la verdad, ha infringido la Constitución y las Leyes al no respetar la privacidad y datos personales, no ejerció un control jerárquico en los órganos sometidos a su dependencia, se le acusa de no haber ejecutado el presupuesto correspondiente para los Servicios Locales de Educación, y se le imputa haber incurrido en una discriminación arbitraria con las educadoras diferenciales al no entregarles un bono.
