El viernes se conoció que
seis ejecutivos de la Empresa Nacional del petróleo (ENAP) serán formalizados por las intoxicaciones ocurridas en agosto del año pasado en Quintero y Puchuncaví.
Se trata de Edmundo Piraino Suez, gerente de Enap Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Enap Refinerías Biobío, y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua.
Ante esto, parlamentarios de la zona, el alcalde de Quintero y el abogado querellante solicitan que todos sean separados de sus funciones mientras dure la investigación.
"Yo creo que
todas las personas que están en este proceso deben ser separadas de sus cargos para que no interfieran en la investigación. Tanto en este caso como en cualquier otro, lo mínimo que hacemos, por ejemplo las municipalidades, es que cuando hay algún director que está comprometido en una investigación es internamente separado del cargo. Si ellos no tienen nada que ver, tendrán que retomar sus funciones; y si tienen responsabilidades, tendrán que asumirlas", aseveró el
alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, según El Mercurio de Valparaíso.
La misma visión compartió el
abogado querellante, Remberto Valdés, quien postuló que "
resulta razonable que estas personas dejen de tener influencia dentro de la operación de Enap durante la investigación. Si un gerente general de una compañía trae un veneno tóxico por 68 millones de dólares por un negocio frustrado e invierten más de 7 millones de dólares en poder procesarlo y más encima envenenan, lo menos es que esa persona dé un paso al costado asumiendo su responsabilidad".
El jurista fue crítico y además planteó que los ejecutivos de Enap deben sustentar su defensa con un abogado particular o a través de la Defensoría Penal Pública, por cuanto, a su juicio, "Enap no debe solventar las defensas penales de personas naturales porque ese es dinero de todos los chilenos y no corresponde que se gaste o se invierta en defensas de personas y no institucionales".
Mientras que para
Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, y, quien presidió la Comisión Investigadora Quintero- Puchuncaví, precisó que "si está abierto un proceso contra ellos, corresponde que sean suspendidos de sus funciones".En cuanto a su defensa legal, el parlamentario dijo que ello "está en el marco de la acusación frente a una empresa porque es una contaminación histórica. Corresponde que la empresa se haga cargo de representar a sus trabajadores porque ellos hacen el trabajo por la empresa".
Aclaró que la contaminación no corresponde a una sola empresa, sino que a una situación histórica, y así lo demuestran los episodios por intoxicación en la zona que han seguido ocurriendo, por lo que, aseveró, las empresas deben transparentar sus procesos.
En tanto, el
senador Francisco Chahuán puntualizó que en base a "la evaluación que uno hace, al menos (los ejecutivos) deberían ser marginados de la toma de decisiones durante el transcurso de la investigación judicial. Desvincularse podría ser una alternativa, pero a lo menos debieran marginarse de la toma de decisiones para no afectar la propia investigación".
Respecto al patrocinio legal de los funcionarios de Enap que serán formalizados, argumentó: "Que la defensa esté financiada por Enap implica también un compromiso en las responsabilidades civiles, eventuales y posteriores, responsabilidades que son de la compañía. Acá, obviamente, la defensa debería ser de cada uno de los imputados".
