SANTIAGO.- Miles de personas, más de 42 mil según comunicó esta semana el Poder Judicial, para ser más precisos, han sido llevados ante tribunales desde el estallido de la crisis social para audiencias de control de detención.
Saqueos -robo en lugar no habitado-, receptaciones, hurtos, lesiones y desórdenes han sido los principales delitos imputados, decretándose más de 2.500 prisiones preventivas.
La situación, trajo con sigo la aparición de distintos fenómenos, como un cambio en los delitos habitualmente cometidos, un explosivo aumento de controles de detención, y una caída en las prisiones preventivas decretadas.
Así también, reconocen desde distintos sectores, la crisis ha tenido, sin duda, un impacto en el funcionamiento de las instituciones, especialmente aquellas ligadas al sistema de justicia penal, debiendo implementarse medidas que les permitieran enfrentar de mejor manera una situación, ya sea con turnos extraordinarios, egresos anticipados o la realización de tareas adicionales.
Poder Judicial
Con el aumento de casos recibidos en tribunales, especialmente los primeros días que siguieron al 18-O, el Poder Judicial debió adoptar una serie de medidas. Es por ello, según confirmaron a Emol, que se dispuso ese entonces refuerzos de turnos para llevar a cabo los controles de detención.
Además, los jueces de Garantía duplicaron turnos de teléfonos para recibir amparos, las cuales se presentan para que sean los mismos magistrados los que constaten las condiciones en que está una persona privada de libertad, pudiendo eso implicar que se constituyera en el lugar.
Así también, se dispuso horarios especiales para las cortes de Santiago y San Miguel, donde la atención al público se limitó hasta el mediodía, y cerrando sus puertas a las 13:30. A la fecha, solo la de Santiago sigue con horario especial, el cual volverá a la normalidad el lunes 9.
Los tribunales también ha sido objeto de incendios, rayados y ataques, constatándose, hasta el viernes, 97 edificios afectados, siendo el más crítico el Tribunal de Letras de Colina, que fue incendiado en un 80% de su estructura.
Es por ello que se dispuso en algunos casos, la atención temporal en dependencias de otros juzgados, reforzando además la seguridad en todos los tribunales y adoptando medidas de seguridad adicionales en aquellos más expuestos, a través de la instalación y reforzamiento de protocolos, de rejas perimetrales, instalación de protecciones en ventanas y el reemplazo de vidrios por acrílico. También se implementaron planes de emergencia y adquirieron nuevos extintores.
Desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial señalaron que además se debió reforzar la seguridad informática frente a aumento de ataques: durante noviembre recibieron más de 1 millón de ataques externos, de los que 1.632 han intentado comprometer el funcionamiento de la plataforma del Poder Judicial.
Ministerio Público
La gestión de la fiscalía, junto a la de Carabineros, ha sido una de las más cuestionadas durante la crisis.
Mientras que desde el Ejecutivo y Legislativo han criticado las salidas alternativas que solicitó el ente persecutor para imputados por saqueos, la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, defendió la institución, llamando a la autoridades a actuar "con mayor seriedad".
Así, y tratando de aclarar inquietudes, el fiscal nacional indicó: "Yo he escuchado a algunos parlamentarios que indican que el Ministerio Público debería estar presente en los sitios del suceso, ordenando las detenciones de la persona. Eso habla de una ignorancia absoluta de cómo funciona el sistema, los fiscales actúan una vez que se ha cometido el delito y solo concurren al sitio del suceso con el objeto de levantar información o dirigir a la policía especializada".
Desde la Asociación de Fiscales indicaron a Emol que, entre el 18 de octubre y 22 de noviembre, 30.102 imputados fueron llevados a control de detención, lo que implica un aumento de 11,1% respecto el mismo periodo del año anterior.
Los ilícitos con mayor alza, detallas sus estadísticas, son desórdenes públicos (+5.943%), saqueo o robo en lugar no habitado (+183%); maltrato de obra a carabineros (+60,6); y receptación /+36,9%).
Es ante este aumento, que desde la agrupación señalaron que persecutores a lo largo de país han debido realizar turnos extras, de noche y de llamado, habiendo casos de fiscales que cumplieron más de 40 días de trabajo sin día libre.
Así también, y para llevar a cabo las investigaciones, las fiscalías dispusieron de números de teléfono mediante los cuales la gente puede enviar, de manera anónima, registros que den cuenta de la comisión de delitos.
Por su parte, y desde el estallido de la crisis, Abbott envió correos con instrucciones ante casos de violencia estatal o incumplimiento de toque de queda a todos los regionales. También se realizaron coordinaciones con instituciones para abordar distintos temas, como aquellos ligados a derechos humanos, presentación de querellas, traslados de menores detenidos, policías heridos y herramientas investigativas.
Además, persecutores debieron concurrir hospitales, postas, clínicas y domicilios particulares para tomar denuncias de víctimas que no habían iniciado su proceso
"En la crisis, el Ministerio Público, y específicamente los fiscales, hemos dado continuidad al servicio, trabajando ininterrumpidamente desde el 18 de octubre. Cubriendo todos los turnos, haciéndonos cargo de las causas, y todo ello operando sin ningún tipo de refuerzo. Es decir (...) con la misma cantidad de fiscales hemos debido hacernos cargo de una mayor demanda de causas", señaló a este medio el presidente de la asociación, Claudio Uribe.
En tanto, la vocera del ente persecutor, Marta Herrera, aseguró esta semana que "la dificultad es que se están haciendo las diligencias investigativas, los resultados no se ven de un día para otro".
Defensoría Penal Pública
Refuerzos y turnos extra también fueron parte de las medidas que debieron adoptar desde la Defensoría Penal Pública (DPP).
"Desde el 18 de octubre tuvimos un aumento sostenido, en particular la primera semana. Si un día normal tenemos 500 ingresos por control de detención, el 20 y 21 de octubre llegamos a tener 2.500", explicó a este medio Tomás Pascual, jefe de la Unidad de DD.HH. de la DPP.
Es por ello, que la institución debió tomar medidas para enfrentar la situación. Por un lado, explicó Pascual, fueron tantas las personas que pasaron a control durante los primeros días, que no era posible, con el contingente habitual, atenderlos en los tiempos necesarios.
"En muchos casos se desplegaron defensores que no les tocaba ese día para poder atender a las personas, para que estas no estuviesen mas privadas de libertad. Se hizo apoyo desde aquí mismo; se desplegaron los recursos existentes para absorber esa demanda", detalló.
Otra medida "más novedosa", agregó, tuvo que ver con la mayor concurrencia a las comisarías, para que el personal de la DPP se pudiese entrevistar con los aprehendidos y verificar su situación procesal. A lo largo del país, se visitaron 105 comisarías; 50 en la región Metrpolitana.
"Ese trabajo ha sido con misma cantidad de personas, misma dotación de recursos. Hemos tenido coordinación con otros agentes de sistema de justicia, como el Ministerio Público. Se ha llevado registro de las denuncias de imputados que presentan afectación física. Llevamos registros y los remitimos a la Fiscalía Nacional", acotó.
Pascual también se refirió a los cambios constatados los procesos, como el delito formalizado. Explicó que mientras en régimen normal son las lesiones y amenazas las que registran mayores ingresos, tras la crisis los ilícitos cambiaron a saqueos y desórdenes, muchas veces asociados también a daños.
"Desde el 18 de octubre tuvimos un aumento sostenido, en particular la primera semana. Si un día normal tenemos 500 ingresos por control de detención, el 20 y 21 de octubre llegamos a tener 2.500".
Tomás Pascual, DPP.
Cambio también hubo en las medidas cautelares decretadas. Ello, entre otras cosas, ya que al recibir casos de delitos "menos graves", las penas probables a las que se exponen los imputados, muchas veces serían cumplidas en libertad
De acuerdo a cifras de la DPP, entre el 18 de octubre y 25 de noviembre, las prisiones preventivas alcanzaron un 5,7% del total, cuando en un mes normal el promedio es de 8,4%.
"También hubo un alza en las ilegalidades de detención decretadas. Si en régimen tenemos al rededor de un 2,7% de ilegalidades decretadas, sobre un universo de 10% de ilegalidades que se solicitan. Durante este periodo de tiempo llegamos a un 7% y se pidieron cerca de un 20%", sostuvo Pascual, explicando que hay muchos casos de decenas de detenidos por un evento, donde difícilmente se puede establecer la responsabilidad de cada uno.
Ya a la fecha la situación va de a poco retomando el comportamiento habitual, concluyó Pascual.
Gendarmería
La baja en prisiones preventivas ha tenido un impacto positivo en Gendarmería.
De acuerdo a estadísticas de la institución penitenciaria, el número de personas que ha ingresado a las cárceles durante la crisis social disminuyó en comparación al mismo periodo del año pasado.
Así, indican, 3.781 imputados entraron a los penales entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019, mientras que en 2018 el número fue de 4.229, marcando una disminución de un 11%.
Y ya tomando los datos de este año, en comparación al mismo periodo de 2017, donde se constataron 4.664 ingresos, las diferencias es de -9%.
Desde la institución penitenciaria señalaron que, por una baja en los números, solo se desocupó un módulo en Santiago para agrupar a los imputados por saqueos, lo que, más que nada, obedece a una mejor segmentación y resguardo.
En tanto, el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Andrés Segovia, indicó que "desde el día 18 de octubre, Gendarmería reforzó las unidades penales y especiales con más horas de trabajo de parte de los 20 mil trabajadores penitenciarios".
Así también, que pese al número de recluidos, que no pareciera extraordinaria, sí se vislumbra "que podrían incrementar estas cifras debido a las investigaciones que se están efectuando a nivel nacional".
Carabineros
Más de 18 mil detenidos, 2.400 policías heridos, informes en materia de derechos humanos que cuestionan su actuar, críticas sobre el tipo de munición que emplean para dispersar a manifestantes, y la apertura de cerca de 400 sumarios administrativos.
Todo aquello ha sido parte de los más de 50 días de crisis que ha debido enfrentar Carabineros, la institución más afectada, en cuanto a personal, estructuras y equipamiento, y cuestionada desde el 18 de octubre.
Fuentes al interior de la policía uniformada señalaron a Emol que desde entonces los trabajos han debido estar focalizados no solo en restablecer el orden público, sino que también de otras áreas.
Para lo primero, se dispuso la salida de todo el personal, operativo y administrativo, y adelantó el egreso de la última promoción. Parte de los policías, añadieron, ha trabajado más de 16 horas al día, contando con casos de quienes vuelven al servicio, pese a contar con licencia por lesiones.
El personal del hospital institucional tampoco ha quedado ajeno a ello, el que también ha extendido turnos para atender las emergencias.
"Hemos tenido que poner en ejercicio todos los recursos del Hospital de Carabineros para poder enfrentar una contingencia, que de acuerdo al personal más antiguo, que lleva 30 años, nunca antes se había visto en este recinto hospitalario", dijo hace unas semanas el general Luis Soto, director de la Dirección de Salud de Carabineros.
Desde la policía explicaron también que equipo institucional se ha dedicado a desmentir información que circula por redes sociales, realizando incluso encuentros ciudadanos para abordar los casos dados a conocer.
Se ha debido reforzar contingente en comisarías externas, al igual que las fiscalías administrativas que deben llevar adelante los procesos internos. Así también, los sistemas informativos luego que la institución sufriera un ataque cibernético, que implicó la filtración de cientos de datos sensibles.
Se suma también la solicitud de asesoría internacional que realizó el Presidente Sebastián Piñera a países como España.
PDI
La Policía de Investigaciones (PDI) fue otra institución que sacó a la calle a todo su personal, alcanzando un promedio de más de 1.400 detectives al día, desplegados a lo largo de todo el país, y los que también están realizando jornadas extra.
"Básicamente todo el personal investigativo y operativo ha trabajado de forma permanente para poder mitigar los efectos de la emergencia social. También se generó un centro de análisis y centro operativo donde se está controlando y monitoreando cada una de las acciones que se hacen a nivel nacional", detalló el subprefecto Erick Menay, jefe de operaciones de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística.
Y agregó: "Eso nos permite tener conocimiento de los desplazamientos, ocurrencias, levantar la información necesaria para hacer los análisis respectivos y para que emanen de ahí las instrucciones pertinentes del caso si así se amerite".
Al igual que Carabineros, PDI también adelantó los egresos de los detectives de la última promoción, contando con 260 nuevos oficiales para complementar la fuerza operativa.
"Yo creo que nosotros hemos articulado coherentemente nuestros recursos humanos. Se han doblegado los esfuerzos por parte de los funcionarios, siempre motivados con cumplir y dar eficacia y restablecer el orden público", puntualizó Menay.
El subprefecto añadió que también se dispuso de números de teléfonos, mediante los cuales la gente puede enviar información que de cuenta de la comisión del delito, contando a la fecha con más de 14 mil reportes.
"Estuvimos desdoblados, tanto en la función netamente investigativa, y en una función de generación de tranquilidad pública".
Subprefecto Erick Menay.
"Hemos cumplido dos funciones. Tuvimos gente de servicio monitoreando instalaciones críticas, operando en sectores de incidencia criminal, principalmente centros comerciales. También estuvimos trabajando en funciones de resguardo. Y lo principal, buscando elementos indiciarios para poder establecer la comisión y participación de un sujeto en un delito", explicó Meñay.
Y concluyó: "Estuvimos desdoblados, tanto en la función netamente investigativa, y en una función de generación de tranquilidad pública".
Desde el 18 de octubre, la PDI ha iniciado 2.474 procesos investigativos asociados a la contingencia, los que implican un promedio de 47 casos diarios.
Además, se han detenido a más de 5 mil personas, más de la mitad por robo y receptación. La policía también ha incautado 232 vehículos involucrados en saqueos, los que alcanzan un avalúo que supera los mil millones, y que serán rematados.
Además, se recuperaron cerca de 2 mil millones en especies que previamente habían sido saqueadas.
