La fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, emitió este martes el informe "Situación recintos penitenciarios en pandemia Covin-19", el que constata la imposibilidad de implementar a nivel nacional medidas efectivas de prevención necesarias para evitar el contagio de coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el virus.
Según datos de todas las cortes de Apelaciones del país, en la actualidad hay 42.084 internos. De ellos el 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva.
Si bien se constata que se han adoptado distintas "medidas epidemiológicas generales" y que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la dirección nacional de Gendarmería han dictado diversos instructivos destinados a prevenir y controlar la epidemia que pueda sufrir la población recluida, el reporte indica que "esta Fiscalía ha realizado las gestiones de que da cuenta este informe teniendo especialmente en consideración que las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impiden realizar cualquier medida de resguardo o paliativa del contagio del virus en forma eficiente o que alcance los estándares requeridos para prevenir su propagación".
En esa línea, Cabello sostuvo que "la realidad de los recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad, lo que acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de deficiencias infraestructurales serias en varios establecimientos penitenciarios, convierten a las personas privadas de libertad en un grupo especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo, y a un escaso e insuficiente acceso a medidas paliativas que permitan un adecuado tratamiento frente a la enfermedad contagiosa que se vive en el país".
Entre los principales falencias detectadas están el alto nivel de hacinamiento de los recintos pinitenciarios y la inexistencia de celdas individuales; que no se puede determinar la eficacia de lugares para el aislamiento de enfermos o sospechosos de contagio, que la coordinación con los servicios de salud ha sido "medianamente lograda", el inexistente protocolo de comunicación a familiares e insuficiente cantidad de artículos de aseo, entre otros.
De esta manera, la fiscal Judicial del máximo tribunal del país calificó esta situación como "una bomba de tiempo" y concluyó que es "de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio.
"Como en otras oportunidades, la Fiscalía Judicial pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en la seguridad personal y el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y las consecuencias que su incumplimiento acarrea para el entorno, no solo familiar sino de la sociedad toda", finaliza.
