"Le hemos pedido —y hoy día vamos a oficializar, pero ya el señor contralor estuvo de acuerdo con esto— que audite completamente las fuentes de información, las bases de información que hoy día utilizamos para todos estos reportes y que garantice, evalúe y corrija, si es el caso, que estén conformes a la reglamentación internacional de la OMS".
Así informaba el ministro Jaime Mañalich la decisión del Minsal de solicitar a la Contraloría General de la República la revisión de la cifra de muertos por o con covid-19 desde el inicio de la pandemia en el país, esto debido a algunos cuestionamientos surgidos desde la prensa, y por los cambios de criterio aplicados por las autoridades sanitarias que podrían afectar el recuento de víctimas.
Las dudas surgieron con un reportaje de Ciper, que dio a conocer una diferencia entre la contabilización que lleva el ministerio y el total de fallecidos que consta en los archivos del Registro Civil, que considera a todas aquellas personas en cuyos certificados de defunción figura la palabra covid-19 como alguna de las causas de muerte. Según el artículo, entre el 1 de marzo y el 25 de mayo se registraron 869 fallecimientos por este motivo, 63 más de las informadas por el Minsal.
Según el ministro, la diferencia se debe principalmente a que el ministerio exigía dos requisitos para contabilizar un deceso por coronavirus: la palabra contenida misma en el certificado de muerte, pero también una confirmación diagnóstica con PCR positivo. Fue en este contexto cuando el ministro anunció que se recurriría a la Contraloría. "Hemos pedido esta revisión para estar seguros y dar transparencia de que la información que estamos entregando corresponde a los registros de todas sus fuentes", finalizó.
En la práctica, esto significa un trabajo de auditoría a "todo el sistema informático" del Minsal y la comparación con "los datos del Registro Civil, defunciones, toda la información que levantamos, a veces con mucho esfuerzo y precariedad, porque depende de cada médico y persona introducir los datos de alguien que pueda estar como sospechoso", explicó Mañalich este martes.
El trabajo, además, puede traer implicancias en las cifras de muertos que ya están consolidadas. Esto se debe al cambio metodológico que empezará a regir este miércoles: ahora también se considerarán en el conteo las muertes de aquellos pacientes que estén a la espera de sus resultados del test de PCR. En adelante, según el ministro, esto puede tener un impacto en las cifras "leve, pero que puede ser significativo a la larga".
La pregunta es qué ocurrirá hacia atrás. "Hay que esperar ese informe de la Contraloría General", explicó el titular de Salud. "Si la Contraloría sugiere hacer correcciones retroactivamente, en el sentido de que los casos que reportamos eran menos, o más, o los fallecidos no son los correctos, evidentemente va a haber que hacerlo", añadió. La expectactiva en torno al trabajo, por tanto, va en aumento.
La Contraloría en la pandemia
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el ente contralor ha tenido un activo rol fiscalizador. Desde el 24 de marzo a la fecha, se cuenta un total de 47 acciones de fiscalización, que van desde indagar la contratación de Espacio Riesco por parte del Minsal hasta la entrega de canastas por parte de la Junaeb y la Intendencia.
También se cuentan los traslados de pacientes por parte de la FACh, la compra de ventiladores mecánicos, las medidas tomadas en los recintos de salud y las residencias de adultos mayores, y más recientemente una auditoría a los procesos de recepción de muestras, análisis y entrega de resultados de exámenes de covid-19.
La Contraloría ha sido la encargada de tomar razón de decretos fundamentales como el de la declaración del estado de catástrofe a mediados de marzo, el que autorizó el trabajo remoto para los funcionarios públicos, la venta y el despacho de remedios por internet y también el que permite a inspectores municipales participar en la fiscalización de las medidas sanitarias, que en un minuto fue retirado.
Otro recurso que llamó la atención fue el oficio publicado el 24 de marzo donde se cuestionó la participación de alcaldes en matinales de televisión y espacios radiales durante su jornada laboral, un comentario que fue aplaudido por unos y calificado como una "ley mordaza" para otros.
La entidad es también la que permitió la contratación de médicos extranjeros que aún no rinden el Eunacom "de manera transitoria y de forma excepcional" y la que reiteró que, por motivos de protección a la privacidad de los pacientes, los datos de los contagiados no pueden ser entregados a los municipios.
