El ministro de la Segpres, Claudio Alvarado.
Aton Chile/ Archivo.
SANTIAGO.- Pese a los reparos del Gobierno por la inconstitucionalidad de la medida, ayer el Congreso despachó a ley el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia, esto tras la aprobación del Senado al informe de la comisión mixta.
Desde el Ejecutivo han señalado que comparten el fondo de la preocupación que originó esta iniciativa, recordando que dichas materias fueron abordadas el pasado 27 de marzo, cuando el Presidente Sebastián Piñera, anunció una serie de acuerdos con empresas de servicios básicos e Internet para ayudar a los usuarios durante la crisis sanitaria.
Así, lo reiteró el miércoles el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, durante una intervención ante la Cámara de Diputados, ocasión en que además indicó que "es verdad también cuando se nos dice, señor presidente, que el Gobierno de pronto como que no entiende y cuestiona el origen o la característica de un proyecto. Pero es un deber señalar que de una u otra forma hay proyectos que afectan derechos y que es nuestra obligación y nuestro deber hacerlo presente".
Ayer, en tanto, la Segpres insistió en un comunicado en que "el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales".
En ese contexto, la cartera informó que "el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción".
Los caminos a seguir
Si bien en La Moneda se están analizando varias alternativas, desde Palacio señalan que la decisión aún no está tomada. Una de las alternativas que está sobre la mesa es la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y que sea el organismo el que se pronuncie sobre la iniciativa, algo que en otras ocasiones han impulsado desde el oficialismo. Esto, dicen, es poco probable, ya que en esta ocasión la iniciativa genera también apoyos en el sector.
Otra opción es la presentación de un veto presidencial, tal y como se hizo ya este año para sacar adelante el ingreso familiar de emergencia y anteriormente la ley de indulto conmutativo para reos.
Para ello, el Ejecutivo deberá contar con los votos necesarios para su aprobación, algo que también es difícil, ya que el proyecto contó con el respaldo en el Senado de varios parlamentarios de Chile Vamos y la abstención de otros miembros de sus filas.
A favor, además de los senadores de la oposición, votaron Manuel José Ossandón (RN), Juan Castro (RN), Francisco Chahuán (RN) y David Sandoval (UDI).
Mientras que en el bloque oficialista se abstuvieron Andrés Allamand (RN), Carmen Gloria Aravena (ind.), Juan Antonio Coloma (UDI), Luz Ebensperger (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Iván Morerira (UDI), Víctor Pérez (UDI), Kenneth Pugh (ind.), Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Enna von Baer (UDI).
En tercer lugar, fuentes de Palacio tampoco descartan que la ley se termine promulgando, siendo una iniciativa que persigue asegurar beneficios que ya el Gobierno ha trabajado con las empresas.
No obstante, un tema a tener en consideración es la posibilidad de que las compañías decidan llevar la situación a tribunales, lo cual podría derivar en dictámenes que obligarían al Estado a pagar indemnizaciones a las mismas.
