SANTIAGO.- En el último día de plazo, el Gobierno decidió ayer no recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. Esto pese a sus reparos por la inconstitucionalidad de la medida. Determinación que fue valorada por parlamentarios de distintos sectores, quienes llamaron al Ejecutivo a promulgar finalmente el proyecto.
Cabe recordar que desde el Ejecutivo han señalado que comparten el fondo de la preocupación que originó esta iniciativa, pero han recordado que dichas materias fueron abordadas el pasado 27 de marzo, cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció una serie de acuerdos con empresas de servicios básicos e Internet para ayudar a los usuarios durante la crisis sanitaria.
Al respecto, el diputado de RN Andrés Longton manifestó que "me parece acertada la decisión del Gobierno. Primero, porque significaba un revés político importante, segundo, pasó los exámenes de inadmisibilidad del Congreso y en definitiva es un debate que si bien no está cerrado, el Congreso que es una materia que constitucional (...) Son medidas que se están aplicando hoy por las empresas e incluso las están ampliando a lo estipulado por el proyecto que salió muy distinto a como ingresó. Solo esperar que el Presidente lo promulgue como ley, porque el otro camino del veto creo que no va a tener el apoyo en el Congreso".
La diputada de la DC y autora de la iniciativa, Joanna Pérez, dijo celebrar que la posibilidad de recurrir al organismo, ya "se ha despejado y creo que es la decisión adecuada. Este es un proyecto aprobado transversalmente por la Cámara y el Senado, donde no hubo rechazos. Llamo al Gobierno a no dilatar más la promulgación de esta ley (...) Así como podemos tramitar con urgencia los ingresos familiares de emergencia, pero también otras leyes que al Gobierno le interesa, restablezcamos confianzas y respete un poder del Estado como es el Congreso Nacional y por cierto, también restablezcamos las confianzas políticas pensando en Chile".
Asimismo, el jefe de la bancada de diputados del PPD y miembro de la Comisión de Economía, Raúl Soto, sostuvo que "valoramos que (el Gobierno) nos haya escuchado, y que haya escuchado a la ciudadanía que requiere un mayor alivio en estos tiempos de crisis, al dar pie atrás a la decisión de llevar el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos al Tribunal Constitucional. Eso hubiera sido cerrar la puerta y dar la espalda a miles de familias que requieren apoyo en estos momentos. Esperamos que el Gobierno también desista de enviar un veto para echarlo abajo, ya que en el Parlamento no tendrá los votos. Es necesario que se promulgue a la brevedad esta ley”.
En su cuenta de Twitter, la senadora DC Ximena Rincón consideró que "primó el sentido común" y destacó que el Gobierno "no impugnara" en el TC la medida. Más allá del acuerdo por el ingreso familiar de emergencia, la senadora recordó más tarde que "hay cuentas de luz, de agua, de gas, de telecomunicaciones que vencen y necesitamos estructurar un sistema que sea uniforme que dé certezas para todos y todas. Presidente promulgue la ley que se aprobó transversalmente en el Parlamento, no la vete".
Mientras que el senador del PS, Álvaro Elizalde, reiteró que "nada justifica que el Gobierno siga dilatando la promulgación de este proyecto de ley, más todavía cuando el propio Ejecutivo ha informado que no impugnará esta iniciativa ante Tribunal Constitucional", añadiendo que "los instrumentos que vamos a aprobar, en el contexto del marco de entendimiento por el plan de emergencia, se debilitan si a la gente le cortan la luz o el agua".
Por su parte, el diputado de la UDI Sergio Bobadilla advirtió que "si el Gobierno no está dispuesto a defender los principios y la Constitución, no recurriendo al TC o no vetando un proyecto de esta naturaleza, que no nos pidan a nosotros que vayamos al sacrificio".
El diputado de RN Miguel Mellado, que estuvo en la comisión mixta por servicios básicos, aseveró que "yo agradezco al Gobierno que no haya ido al TC con un proyecto que aprobamos transversalmente, todas las fuerzas políticas del Congreso, no hubo nadie que lo hubiera rechazado. Creo que es una necesidad promulgarla lo antes posible, ya las empresas incluso se han adelantado y ellos con el Gobierno, ya están conversando para poder llegar a lo que el proyecto de ley estructura como marco legal, me parece bien. Habla bien también del Gobierno de darse cuenta que la ciudadanía necesita ese marco legal de lo que ya estaba haciendo el Gobierno y que también sigue haciendo, porque está hablando con las empresas para que puedan adecuarse".
El jefe del comité de senadores UDI, Iván Moreira, consideró que se trata de una "demostración más de que nuestro Gobierno respeta la Constitución al no ir al TC por el proyecto de servicios básicos (...) el proyecto no era inadmisible, sin embargo, nosotros tuvimos que poner la cara ante ciertas medidas y decisiones impopulares. Yo le pido a mi Gobierno que tengamos una mejor coordinación en estas materias de proyectos que jurídicamente son muy sensibles, pero detrás de ellos hay soluciones para la ciudadanía".
"Este proyecto ya pasó, se aprobó, es muy poco probable que el Presidente le genere un veto, creo eso ya no corresponde. Espero que se materialice y beneficie a todas las personas, las empresas tendrán que ver después cómo se ordena y trabaja el cobro, para que las personas sigan teniendo estos servicios a disposición", añadió el senador de RN Juan Castro. Pese a esto, hubo algunos parlamentarios de Chile Vamos que también han expresado molestia, porque no se recurrió al TC.
¿Hay opción para un veto?
El Ejecutivo todavía cuenta con la posibilidad de ingresar un veto al Congreso, tal y como se hizo ya este año para sacar adelante el ingreso familiar de emergencia y anteriormente la ley de indulto conmutativo para reos.
Así lo recordó hoy el titular del MOP, Alfredo Moreno, quien expuso que "ha habido un análisis de cuál es el camino mejor, si es el Tribunal Constitucional, o si es el caso de hacer un veto, recordemos que todavía hay plazo para hacer un veto".
No obstante, en Palacio comentan que esa alternativa tiene pocas posibilidades, pues requiere contar con los votos suficientes para su aprobación. Algo que es difícil, ya que el proyecto contó con el respaldo en el Senado de varios parlamentarios de Chile Vamos y la abstención de otros miembros de sus filas.
En La Moneda aseveran que si bien dicha opción está siendo estudiada, al tener pocas posibilidades de prosperar, se optaría más bien por no arriesgarse a sufrir los costos políticos de que no encontrar el respaldo en el Parlamento.
Si la ley se promulga, en el Ejecutivo creen que un tema a tener en consideración es la posibilidad de que las compañías decidan llevar la situación a tribunales, lo cual podría derivar en dictámenes que obligarían al Estado a pagar indemnizaciones a las mismas.
