Fueron decenas de personas, entre ellas policías, bomberos y civiles, las que se unieron a la búsqueda de Ámbar Cornejo entre el 29 de julio y 6 de agosto de este año en Villa Alemana.
Tras ocho días de diligencias y llamados, los restos de la adolescente de 16 años fueron finalmente encontrados cercenados y enterrados bajo el living del domicilio que compartían su madre, Denisse Llanos, y la pareja de esta última, Hugo Bustamante.
El hombre ya era conocido en el sector. En 2005 había sido condenado a 27 años de cárcel por el asesinato de su entonces conviviente y el hijo de ella. En 2016, cuando llevaba cumplidos 11 años de la sanción, se le otorgó el beneficio penitenciario de libertad condicional.
Ámbar, revelaron los investigadores, desconfiaba de Bustamante. Tras enterarse de su antecedentes colocó afiches que alertaban de su presencia, señalando temer de lo que podría hacerle a su familia y asegurando que su madre, Denisse, no quería ser consciente de ello. También abandonó el domicilio que compartían y comenzó a vivir con la hija de una ex pareja de su progenitora.
Fue esta última la que aquel 6 de agosto delató a Bustamante. Dijo a los policías de la PDI que el hombre le había confesado haber violado y asesinado a su hija, que ella estaba bajo amenaza, y reveló la ubicación del cuerpo. El hombre fue formalizado y se dispuso su prisión preventiva.
2.980Denuncias por presunta desgracia respecto menores de edad ha recibido la PDI desde 2015.
La semana pasada la calidad que Denisse poseía ante los policías y la fiscalía de Valparaíso cambió: dejó de ser testigo y se convirtió en imputada. Fue detenida y llevada a tribunales por parricidio consumado. Según el ente persecutor, ella le pidió a su hija ir a buscar la pensión que enviaba desde el norte su padre; hizo que esta ingresara al domicilio donde fue asesinada; y ayudó a Bustamante a disminuirla. Luego abandonó el inmueble y al día siguiente habría comprado cera para cubrir el cambio de piso que intentaba ocultar el cuerpo de la adolescente.
El caso de Ámbar fue uno de los que llegó a la Policía de Investigaciones (PDI) como una presunta desgracia. Durante los primeros días de desaparición, confirmaron desde la PDI a Emol, se investigó como tal. Y cuando lo indagado empezó a alertar de la posible ocurrencia de un delito, se incorporaron cerca de 12 detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso.
Sin embargo, acotan desde la PDI, aquello suele ser una excepción. Anualmente se reciben cientos de denuncias y un porcentaje menor al 10% termina de manera fatal.
2.980 denuncias en los últimos cinco años
De acuerdo a los datos obtenidos por Emol vía Transparencia, desde 2015 al momento de enviar los datos, la policía civil había recibido 2.980 denuncias por presunta desgracia respecto niños, niñas y adolescentes (NNA). El año con mayor número de ingresos fue 2015 con 651. Le sigue 2016 (634); 2019 (529); 2017 (507); 2018 (478); y 2020 (181).
De estas denuncias, 272 siguen vigentes, lo que equivale al 9,1% del total.
Aquello, explicó el jefe de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, subprefecto Manuel Fuentes, no quiere decir que el paradero de esos 272 menores siga siendo desconocido por sus cercanos o que haya ocurrido alguna desgracia.
"Esa cifra es relativamente dinámica. Son casos de personas que no se han ubicado por distintas circunstancias. Hoy (miércoles), por ejemplo, encontramos dos, mañana pueden ser tres. También ocurre que el denunciante avisa después o simplemente no lo hace. La cifra queda pendiente porque a ese minuto no se informó a la fiscalía que se encontró, pero posteriormente esos niños aparecen. Son muy raros los casos que quedan pendiente", señaló el policía.
Indicó que la denuncia la puede realizar cualquier persona y que la búsqueda policial de casos abiertos puede extenderse hasta por una década. Sin embargo, hay diligencias que dependen del Ministerio Público y del plazo de investigación que se disponga, el cual no suele superar los dos años. Si alguna de las diligencias propias de la PDI arroja algún resultado, se notifica al ente persecutor, pudiendo reabrirse el caso y autorizarse pesquisas más intrusivas.
2015Fue el año en que PDI recibió más denuncias por menores: 651 casos
En esa línea, Fuentes recalcó que "el encargo es distinto a la investigación judicial" y que "nosotros podemos hacer diligencias autónomas siempre".
"Se hace un trabajo permanente de consulta de fuentes de investigación. Mensualmente todos los casos pendientes son monitoreados, por si la persona sale del país, va al médico, se renueva cédula, utiliza tarjeta Bip!. Muchas de esas personas aparecen porque han hecho un trámite, ahí nuevamente se entrevista a familiares y nos damos cuenta que la persona volvió".
Los mismos datos enviados a este medio señalan que el año que acumula más casos abiertos es 2019 con 90. Le sigue 2018 (64); 2017 (44); 2020 (40); 2015 (18) y 2016 (16).
Investigación y motivaciones
Lo primero que se hace al recibir la denuncia, detalló Fuentes, es recabar la mayor cantidad de información respecto de la desaparición y la persona buscada.
"Eso va a guiar los parámetros de búsqueda y las hipótesis de trabajo, porque la gente que denuncia tiene más conocimiento de la persona, de la rutina, enfermedades, adicciones en algunos casos y toda esa información se recaba al minuto de tomar la denuncia", explicó el subprefecto.
De inmediato se inicia un protocolo de búsqueda autónomo "que cuenta con empadronamiento, búsqueda de cámaras de seguridad, entrevista con familiares, consulta a las fuentes de información. Cuando se requiere alguna medida más intrusiva como consultar tarjetas, cuentas bancarias, ya necesitamos una orden judicial".
De esta forma, los detectives van armando las circunstancias de la desaparición y posibles hipótesis como abandono voluntario o posible suicidio. En general, puntualizó Fuentes, los casos de menores de entre 0 y 7 años obedecen a problemas entre padres, quienes no cumplen con el régimen de visita o buscan evitar que el otro vea al niño o niña.
"En la mayoría de esos casos se ve un tema de deserción escolar, rebeldía, adicción a drogas, violencia intrafamiliar. La mayoría pasan a ser abandono voluntario asociado a esos hechos. En muy pocos casos hemos llegado a establecer una desgracia a raíz de una denuncia".
Subprefecto Manuel Fuentes.
Ya entre los 13 y 17 años, la situación varía: "En la mayoría de esos casos se ve un tema de deserción escolar, rebeldía, adicción a drogas, violencia intrafamiliar. La mayoría pasan a ser abandono voluntario asociado a esos hechos. En muy pocos casos hemos llegado a establecer una desgracia".
En general el NNA es ubicado por los policías en casas de familiares o cercanos. Se realiza constatación de lesiones y entrega al adulto responsable. Si se establece alguna situación de violencia intrafamiliar, la PDI da cuenta al tribunal de Familia respectivo para aplicar medidas de protección, entre ellas buscar un nuevo tutor.
Ya si se vislumbra la comisión de un delito, se notifica a la fiscalía y deriva el caso a la brigada correspondiente como ocurrió en el caso de Ámbar.
Diferentes tasas de efectividad
Para Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, la cual aborda el desarrollo positivo de la infancia, las cifras de la PDI "solo representan una parte menor del universo total de denuncias", considerando que parte importante de estas también se realizan ante Carabineros. Emol solicitó por Transparencia a dicha institución la información, sin embargo esta no fue entregada.
Para abordar el fenómeno, acotó Sánchez, "resulta absolutamente necesario el cruce de base de datos de ambas policías, además de la información que administran los tribunales de familia, particularmente en los casos de desapariciones desde el sistema de protección".
Durante la comisión de niños desaparecidos de la Cámara, siguió, se dio a conocer la falta de actualización de miles de órdenes de búsqueda, lo que a su juicio limita las posibilidades de hacer un hallazgo efectivo y oportuno, "en particular en las situaciones donde el abandono de una residencia puede exponer a un riesgo físico o emocional alto a los niños, quienes muchas veces terminan expuestos a la situación de calle u otros factores de riesgo".
El representante de la fundación señaló además que en la instancia se dio a conocer que las tasas de efectividad son mayores cuando el menor desaparece desde una familia que cuando lo hace del sistema de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Por ello, insistió en aplicar el mismo criterio para ambos casos o incluso realizar mayor hincapié en el segundo de estos "ya que aquellos que son parte de Sename son quienes enfrentan mayores condiciones de riesgo en un contexto de presunta desgracia".
"La gran mayoría de los casos resueltos de presunta desgracia en el sistema de protección han constatado en su hallazgo situaciones graves de daño físico, abuso sexual, violencia y consumo problemático de drogas".
Marcelo Sánchez, Fundación San Carlos de Maipo.
"La gran mayoría de los casos resueltos de presunta desgracia en el sistema de protección han constatado en su hallazgo situaciones graves de daño físico, abuso sexual, violencia y consumo problemático de drogas", puntualizó.
En el caso de Ámbar, su deceso ocurrió cuando ella estaba sujeta a un programa proteccional y al cual no estaba asistiendo. La adolescente llegó al sistema debido a vulneraciones que sufrió por parte de otra ex pareja de su madre.
"Es evidente que los niños fuera de sus hogares y escuelas enfrentan un conjunto de factores de riesgo (…), viviendo en condiciones sanitarias sin un adecuado control. Los entornos muchas veces son violentos y los exponen a situaciones como la explotación sexual comercial infantil, el microtráfico, las pandillas delictivas. Asimismo, las condiciones de socialización son precarias y muchas veces afectada por pares negativos interrumpiendo procesos de un normal desarrollo en la etapa del crecimiento, lo que sin duda afecta en su vida adulta", cerró Sánchez.
