El subsecretario de Educación Superior,
Juan Eduardo Vargas, valoró la resolución del Consejo Nacional de Educación (CNED) de aprobar la solicitud de revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica de la
Universidad La República (ULARE), luego de que se constatara una grave crisis financiera, patrimonial y administrativa en ese plantel.
"Nuestra principal preocupación siempre han sido los estudiantes de la U. de la República y la continuidad de sus estudios. En este sentido, la decisión tomada por el CNED respalda la solicitud realizada por la superintendencia y luego por esta subsecretaría de revocar el reconocimiento oficial de la U. de la República, y va en beneficio de los propios estudiantes, pues el debilitamiento institucional de la institución es tan severo que no hay garantía de que sus alumnos puedan terminar sus estudios", sostuvo la autoridad.
A su juicio, "solo la revocación de su reconocimiento oficial y la designación de un administrador de cierre permiten entregar tal garantía".
Vargas detalló que la decisión afectará a 3.242 estudiantes, distribuidos en 11 sedes de 9 regiones. La idea es "gestionar los convenios con universidades para que puedan reubicarse en otras instituciones o puedan continuar estudios en la propia universidad pero a través la tutoría que para esos efectos deba hacer una universidad preferentemente estatal".
Sobre los pasos a seguir para concretar el cierre, el subsecretario explicó que "el Ministerio debe primero recibir oficialmente el acuerdo adoptado por el CNED. Una vez que ello ocurra, el Mineduc debe proponer el nombre de un administrador de cierre, que debe ser ratificado por el CNED, quien tendrá entre sus tareas dar cuenta del estado financiero de la institución y presentar un plan de cierre. Este plan deberá contener las medidas para asegurar la continuidad del servicio educativo de los estudiantes de la institución y también establecer los plazos y procedimientos para concretar el cierre".
Universidad lamenta medida
A través de un comunicado, el plantel universitario se refirió a la decisión adoptada por el Mineduc y el Consejo y afirmó que el proceso tuvo algunas ilegalidades.
"Lamentamos profundamente lo resuelto por las autoridades del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación (CNED), ya que dicha decisión no sólo afecta a una Institución de 33 años de trayectoria, con sus docentes y funcionarios, sino por sobre todo perjudica a miles de estudiantes y sus familias que en una época tan difícil como la que nos afecta, producto de una pandemia mundial, se verán insertos en un proceso de incertidumbre y dudas sobre su futuro y sus sueños de educarse para alcanzar una mejor calidad de vida", comenzó señalando la universidad en el escrito.
Aseguró que si bien entre las causales se exponen se encuentran el no cumplimiento de sus objetivos estatutarios y haber incurrido en infracciones graves a los mismos, la solicitud fundante de la Subsecretaría de Educación Superior fue "la grave crisis financiera, demostrando con esto, que el proceso sancionatorio que llevó al Consejo Nacional de Educación a tomar esta decisión, presenta graves faltas a la legislación vigente".
"Sin perjuicio de ser respetuosos y prudentes en el actuar de la autoridad, reiteramos nuestra convicción que el procedimiento que afectó a nuestra Universidad, estuvo lleno de ilegalidades y omisiones administrativas que se alejaron de un debido proceso, la falta de las debidas comunicaciones en tiempo y forma, el pretender sancionarnos dos veces por un mismo hecho, el desconocer el legítimo derecho que nos asistía en conocer y atender las observaciones realizadas al plan de recuperación presentado", complementó.
