Durante la jornada de este viernes, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), dio a conocer que instruyó una auditoría externa y recurrió a la Contralogría General de la República, tras detectar una serie de irregularidades en el municipio, relacionadas con contratos ilegales, indemnizaciones millonarias y abultadas vacaciones de ex directivos.
"En Ñuñoa se institucionalizó el robo de cuello y corbata, llamando "beneficios" a cláusulas abusivas contra el patrimonio municipal", señaló al respecto la jefa comunal. "Quizás pensaron que nadie se enteraría o tenían completamente normalizado el saqueo. Dijimos que íbamos a devolver Ñuñoa a la comunidad y el primer paso para ello es transparencia. Sepan vecinas y vecinos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", agregó.
Según detallaron desde la municipalidad, los hechos quedaron al descubierto luego de que Ríos asumiera el cargo y solicitara al ex alcalde, Andrés Zarhi que los directivos renunciaran a sus pretensiones antes de que asumiera la nueva gestión. Sin embargo, si bien los directores renunciaron a las indemnizaciones sin tope a todo evento, "se reservaron el derecho para reclamar el pago de estas mismas en tribunales".
"Durante mucho tiempo se normalizaron sueldos millonarios, incluso más altos que el del presidente de la república. Hoy ajustando las remuneraciones de solo cinco directivos ahorraremos anualmente 147 millones de pesos".
Alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos
En ese sentido, señalaron por ejemplo que en el caso de la
Corporación de Desarrollo Social (CMDS) "todos los contratos incluyeron cláusulas de indemnización a todo evento e indemnizaciones legales sin tope. El ex secretario general de la CDMS, José Palma, habría presentado una indemnización por $125.282.670. Monto total del cual 68 millones corresponden a una indemnización sin tope por ocho meses que firmó en su calidad de secretario general y que también firmó el alcalde Zarhi, sin la autorización del directorio de la CMDS, organismo que tiene el poder de modificar los contratos".
Además, añaden, incluyó 108 días feriados legales por supuestas vacaciones no tomadas que equivalen a $31 millones de pesos.
A lo anterior se suma el caso de Roberto Stern, director de Salud de la corporación. "El 9 de julio de 2020, renunció de manera voluntaria a su contrato vigente desde mayo de 1989 para luego ser recontratado en el mismo cargo directivo pocos días después. Su finiquito para ese entonces fue de $180 millones de pesos. Esta vez, de la misma manera que el secretario general, modificó su contrato con la firma de Zarhi para recibir una indemnización sin tope por seis meses de $59.478.600 millones de pesos. Monto al que se le agrega la suma de $51 millones de pesos correspondientes a 165 días de feriados proporcionales por vacaciones no tomadas".
Asimismo, reportan que lo mismo ocurrió con el ex director Jurídico, Ludwig Bornand y la ex directora de Educación, Ximena Vivanco, ya que ambos habrían incluido en sus contratos indemnizaciones a todo evento equivalente a seis meses de remuneración. "Los dos solicitaron una bonificación total de $71.477.898 y $65.745.679 cada uno".
Además añadieron que se detectó una situación similar en la Corporación de Cultura de Ñuñoa.
Con lo anterior, hasta el momento el municipio ha tenido que desembolsar $158.041.432.
"Durante mucho tiempo se normalizaron sueldos millonarios, incluso más altos que el del presidente de la república. Hoy ajustando las remuneraciones de solo cinco directivos ahorraremos anualmente 147 millones de pesos. Estos son fondos que le pertenecen a toda la comunidad de Ñuñoa y que ahora podremos destinar a nuestra comuna y no a abultar la billetera de personas que abusaron de su posición, al firmar contratos de dudosa validez legal", concluyó la alcaldesa al respecto.
