El presidente de RN, Francisco Chahuán y el secretario general, Diego Schalper.
El Mercurio/ Archivo.
A través de una minuta interna, Renovación Nacional (RN) alertó este jueves a sus militantes y simpatizantes ante posibles desvinculaciones del Gobierno, bajo la nueva administración de Gabriel Boric, ofreciendo a quienes se vean afectados por estas situaciones de manera irregular, ayuda jurídica a través de abogados pro bono.
"Un escándalo que el nuevo Gobierno genere desvinculaciones masivas vulnerando dictámenes de Contraloría a funcionarios con altas calificaciones, incluso aquellos nombrados por Alta Dirección Pública. Parece que quedó en el discurso la dignificación de la función publica", escribió esta mañana a través de su cuenta de Twitter el timonel de RN, Francisco Chahuán.
En el oficio al que tuvo acceso Emol, firmado por Chahuán y por el secretario general, Diego Schalper, se señala que "en vista de la decidida acción del Gobierno de perseguir políticamente a funcionarios públicos profesionales y comprometidos con Chile, como partido hemos tomado la decisión de apoyar a aquellos militantes y simpatizantes que vean afectados sus derechos y que no cuenten con las posibilidades de proveerse de defensa jurídica por sí mismos".
Con ello, anunciaron que "contaremos con abogados pro bono, que han sido convocados por la mesa directiva y han accedido poner sus conocimientos al servicio de defender la justicia laboral y funcionaria".
En ese contexto, instaron a sus "dirigentes, autoridades electas y militantes a estar alertas e informar a la Secretaría General del partido toda situación que atente contra la integridad y los derechos de personas que han optado por el servicio público como una manera de contribuir a Chile, y que hoy puedan estar siendo perseguidos o discriminados laboralmente por su ascendencia política".
En el texto además se dan cuenta de potenciales acciones judiciales a efectuar, en caso -por ejemplo- de una desvinculación injustificada o discriminatoria de un funcionario público. Así, se plantea la idea de interponer una acción de protección, la cual, acotan, procede ante desvinculaciones potencialmente arbitrarias o ilegales.
"Conforme a la experiencia del equipo legal y lo deducido por los primeros funcionarios injustamente despedidos, las desvinculaciones no poseen la motivación suficiente, es decir se limitan en gran parte a enunciar frases como ´no son necesarios sus servicios' o 'por razones de conveniencia'", se lee a modo de ejemplo.
Asimismo, se expone la posibilidad de establecer acciones ante la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, como la integridad física y psíquica (acoso, mal trato), derecho a la propiedad y derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. De hecho, más adelante se habla de una acción de tutela de derechos fundamentales. Y finalmente, se menciona una acción ante despidos injustificados por parte del empleador.
El tema también preocupa a otros partidos de centroderecha, así la UDI acusó el martes al Gobierno de despedir a 14 de un total 29 directores de servicios de salud, elegidos por Alta Dirección Pública.
