La jornada de ayer en la tarde se conocieron nuevos antecedentes sobre los implicados en el asesinato de la sargento segundo
Rita Olivares en Quilpué. Y es que se logró la detención de Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, de 27 años, quien recibió el indulto por covid-19 en abril de 2020.
El sujeto había alcanzado a cumplir 2/3 de la condena que mantenía por ese entonces en la cárcel de Valparaíso, cuando fue beneficiado por la medida impulsada por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
Fue el
25 de marzo de 2020 cuando ingresó al Senado el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia -liderado entonces por el ex ministro Hernán Larraín- para entregar indultos generales conmutativos a personas privadas de libertad, donde se establecían determinados requisitos para que pudieran cumplir el resto de su pena bajo el régimen de reclusión domiciliaria.
La iniciativa legal fue presentada por el ex Gobierno como "una medida de contingencia frente al avance del coronavirus en Chile, para evitar que en las cárceles chilenas haya población de riesgo, así como para evitar que internos que pasen parte del día fuera de los penales, exponiéndose a contagios, puedan volver a ingresar a los recintos".
El proyecto excluyó a quienes tenían condenas por delitos gravísimos, como homicidios en distintos grados, secuestros, violaciones, u otros, apuntando a que la población beneficiada sería de "peligrosidad menor". En total, se proyectó que unas 1.300 personas que formaban entonces parte de la población penal, podrían acceder al beneficio a nivel nacional. Martínez-Conde Riesco fue uno de ellos.
Ese mismo día, la
ex Presidenta Michelle Bachelet y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había enviado un mensaje a través de sus redes sociales donde llamó a los gobiernos del planeta a prestar atención a lo que ocurría en las cárceles producto de la emergencia sanitaria, para que
consideraran liberar a aquellos presos de baja peligrosidad.
"Las autoridades deberían examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al Covid-19, como los reos enfermos y los mayores. Para reducir drásticamente la población en las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos", sostuvo Bachelet.
La ex mandataria agregó que "algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes".
Tramitación del proyecto
El 3 de abril de 2020, el Congreso informó al Ejecutivo que había aprobado el proyecto para conceder el indulto general, pero ese mismo día, el Presidente envió un veto aditivo con 7 observaciones.
Entre ellas, se explicitó lo que se entendería por reclusión domiciliaria total, entendida como "
el encierro durante las 24 horas del día en el domicilio de la persona condenada", y a su vez, establecía que la reclusión domiciliaria nocturna "se deberá cumplir entre las 22 horas y las 6AM del día siguiente".
El veto también apuntaba a regular que Gendarmería de Chile era la institución encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos pendientes en cada caso, "y para ello, el interesado deberá fijar domicilio, firmar la respectiva solicitud y firmar un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito, en el establecimiento en que esté cumpliendo su condena".
Además, se señalaba que el incumplimiento sin justificación oportuna a Gendarmería de Chile o al tribunal, de la modalidad alternativa, "dará lugar a su revocación, debiendo continuar el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento penitenciario", y se agregaron otros delitos que hacían excluyentes el acceder al beneficio: asociación ilícita por narcotráfico, infracciones a la ley de control de armas y violencia intrafamiliar.
El 8 de abril, el Senado aprobó el veto presidencial con 31 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones; y más tarde, la Cámara de Diputados ratificó aquel pronunciamiento, aprobando el proyecto del Ejecutivo por 92 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Esto, pese a que se necesitaban sólo 78 votos a favor.
Entre los votos a favor, estuvieron los del actual Presidente Gabriel Boric; el actual ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y la ahora ministra de Defensa, Maya Fernández.
En tanto, entre quienes votaron en contra estuvieron algunos parlamentarios de la UDI, como Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma Álamos, María José Hoffmann, Celso Morales, Christian Moreira, Osvaldo Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock; y los RN, Mario Desbordes, Camila Flores, Miguel Mellado, Luis Pardo, Jorge Rathgeb. También votaron en contra Ignacio Urrutia y Harry Jürgensen.
Parte de Chile Vamos no apoyó la iniciativa puesto que no estaban incorporados aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, por lo que incluso anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional; sin embargo, el requerimiento fue rechazado.
Los argumentos de Piñera
"Hoy promulgaremos una Ley de Indulto General Conmutativo que permite fortalecer el cuidado de la salud y la vida de las personas privadas de libertad y de los gendarmes. Agradezco al Ministro de Justicia y al Congreso la aprobación de esta ley que estimamos urgente y necesaria", dijo el 16 de abril de ese año el ex Presidente Piñera desde La Moneda.
"Esta ley es un acto de humanidad y busca proteger mejor la salud y la vida de los grupos más vulnerables privados de libertad. Y también la salud y vida del resto de los reclusos y de los gendarmes. Confiamos en que sus beneficios serán utilizados con responsabilidad y contribuirán al cuidado de la de la salud, rehabilitación y reinserción social de los beneficiarios".
Ex Presidente Sebastián Piñera
Según destacó, el indulto general conmutativo
"no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad, puesto que no extingue su responsabilidad penal ni elimina la condena como antecedente penal. Solo modifica la ejecución de la pena, conmutando o sustituyendo la reclusión en las cárceles por la reclusión total en los domicilios".
Piñera afirmó además que "el principal compromiso de nuestro gobierno y del Estado es siempre con las víctimas de la delincuencia, pero también debemos tratar con humanidad y proteger la salud y vida de los privados de libertad".
"Esta ley es un acto de humanidad y busca proteger mejor la salud y la vida de los grupos más vulnerables privados de libertad. Y también la salud y vida del resto de los reclusos y de los gendarmes. Confiamos en que sus beneficios serán utilizados con responsabilidad y contribuirán al cuidado de la de la salud, rehabilitación y reinserción social de los beneficiarios", agregó Piñera.
Además, en la instancia, recordó que el año 2018 su gobierno había enviado al Congreso un Proyecto de Ley de Conmutación Humanitaria de Penas para las personas privadas de libertad que sufren graves enfermedades terminales, padecen de inhabilidades físicas o mentales totales y mayores de 75 años con la mitad de la pena cumplida.
"Este proyecto sustituye la pena de privación de libertad por la pena de arresto domiciliario total. A diferencia del Proyecto de Ley que promulgamos hoy, que tiene como objetivo descongestionar las cárceles por razones sanitarias, el proyecto de Conmutación Humanitaria de Penas tiene un fundamento humanitario y busca asegurar una muerte digna", sostuvo.
