En dos oportunidades y en la misma semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha causado "molestia" en la oposición por sus dichos. La primera, asociada al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y la segunda, por deslizar la idea de un posible "nuevo estallido social", si es que no se logra un pacto fiscal.
"Si no se logra (el pacto fiscal), va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo para el país de grandes magnitudes. Si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambios en materia de gastos, sin mayor esfuerzo tributario, y para algunos sin una nueva Constitución, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y me parecería trágico", dijo el secretario de Estado el domingo en conversación con Mesa Central de Canal 13.
Y es que el ejercicio de sujetar los destinos de ciertas reformas o procesos a un futuro hipotético, o si se quiere, a una "secuela", una segunda parte, o derechamente un
"estallido 2.0", resulta cuestionable en varios sentidos según distintas voces, incluso más allá de la trinchera política.
Esto, no sólo porque se pone sobre la mesa una condición implícita, una advertencia o amenaza -un "chantaje" dijeron algunos esta semana-, de que la oposición respalde una iniciativa, en el caso del foco de interés de Marcel, una reforma tributaria. Esto, bajo la idea o "fantasma" del "octubrismo" que saca ronchas en la oposición. Por eso, el recurso incluso sería contraintuitivo.
Pero hay otro factor: ¿qué tan extemporáneo resulta una advertencia de tal matiz? Y es que el ministro Marcel, en su calidad de responsable de la billetera fiscal y la seriedad que amerita su cargo, homologa una consecuencia "probable" a dos periodos que, por más cercanos que resulten, son distintos. El ambiente que predomina en el país previo al estallido es no es aquel que se instaló tras la fallida Convención Constitucional.
La votación del pasado 4 de septiembre -en el plebiscito de Salida-, y el avasallador triunfo de Republicanos para integrar el Consejo Consitucional respaldan tal cambio de ambiente en la ciudadanía.
Para algunos tampoco resulta indiferente de quién viene la frase, y por eso el revuelo y la molestia: guardando las proporciones y sin obviar que ambos son autoridades, Marcel es ministro de Estado y se le endosa, por su cargo e incluso por su trayectoria en el Banco Central, la rigurosidad y seriedad de sus actos. En tanto, el alcalde de recoleta Daniel Jadue, quien también ha apuntando a un eventual estallido en el pasado -en el contexto del desempeño que debían tener los consejeros constituyentes- es un conocido de titulares más altisonantes.
En conversación con Emol, analistas políticos profundizan en la tentación de evitar "un nuevo estallido" al conseguir apoyo o concretar determinados fines, y los posibles matices que puede tener una frase así, más allá de lo semántico.
"Frustración" vs. la "altura del cargo"
No es un misterio que el ministro Marcel es el encargado de llevar adelante las negociaciones para cumplir con el avance del segundo intento de sacar adelante una reforma tributaria. La presión no es menor, luego que el pasado 1 de junio -en su segunda Cuenta Pública- el Presidente Gabriel Boric atara varias propuestas a la aprobación de la iniciativa constitucional.
"Cuando la figura más relevante y moderada del gabinete pierde de esa forma el control, significa que hay una fuerte inestabilidad en el Gobierno".
Mauricio Morales, analista político U. de Talca
En esa línea, el
analista político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señala a Emol que "es comprensible la desesperación por alcanzar una reforma tributaria que permita financiar los planes sociales que comprometió Boric, pero de ahí a argumentar que sin nueva Constitución y que sin reforma tributaria se podría retroceder a las mismas causas que provocaron el estallido social,
es un despropósito que deslinda con la irresponsabilidad".
Por eso, a su juicio estos dichos denotan un "evidente nerviosismo y frustración" del jefe de la billetera fiscal, síntoma de otra situación: "cuando la figura más relevante y moderada del gabinete pierde de esa forma el control, significa que hay una fuerte inestabilidad en el Gobierno (...) Esto se podría entender de un militante de Apruebo Dignidad, pero no de un ministro de Hacienda que se ha caracterizado por transmitir confianza, certezas y estabilidad".
¿Se terminó la lógica del "todo o nada"?
Kenneth Bunker, analista político y académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, comenta que en el oficialismo hay cierta "lógica" de proponer que el escenario político depende de "X" para conseguir "Y". "El problema es que el X tiende a ser un todo o nada; por ejemplo con la reforma tributaria, que se plantea como la solución a todos los males, y que sin ésta, no hay nada", sostiene.
En esa línea, agrega que "
es una especie de chantaje político, porque evidentemente las cosas no son así. Creo que es una forma inútil de plantear las cosas, porque me parece que el país se ha movido de una perspectiva del todo-nada, del estallido social, a una perspectiva mucho más favorable a la gradualidad, o incluso al status quo. Si antes la idea era de que todo podía cambiar, de que era fácil cambiarlo, hoy día es que mejor no cambiar algunas cosas, mantener lo que hay, porque el resultado puede ser peor".
El analista agrega otra dimensión, y es que este tipo de declaraciones termina por poner en dificultades a la oposición. "El Gobierno, o si se quiere el oficialismo, para incluir a Jadue y a todos los que están en la lógica del todo o nada, no tienen los votos para pasar ninguno de los proyectos que sean importantes por sí solos, por lo tanto necesitan negociar".
"Entonces nunca va a ser bueno ir a chantajear a tu contraparte. ¿Y por qué por la prensa? ¿por qué estas cosas se saben por la prensa y por qué no se negocian antes? Creo que es una mala estrategia en ese sentido. Si es que hay que llegar a acuerdo, hay que generar confianza y hay que hablar con honestidad, que claramente no es el caso en ninguna de las instancias aquí", cerró Bunker.
Demandas "diluidas" vs. la agenda del Gobierno
"¿Es tan lineal pensar que si no hay un "pacto fiscal" podría haber un nuevo estallido social como el que vimos en 2019? Es muy difícil responder esta pregunta", comenta a este medio Nerea Palma, académica Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.
"No me parece que Marcel esté amenazando, sino más bien está hablando desde el contexto de la agenda que quiere instalar el Gobierno, porque entiende que se eligió para darle salidas institucionales a algunas demandas que vimos durante 2019 y parte del 2020".
Nerea Palma, académica UDP y Red de Politólogas
Hay dos razones que destaca la también integrante de la Red de Politólogas: "La primera es que (el estallido) es un fenómeno muy complejo que no habíamos observado en Chile, al menos, en los últimos 50 años. Evidentemente que en dictadura no había posibilidad de algo de esa magnitud, y las manifestaciones sociales en Chile luego que se recuperó la democracia comenzaron a 'encenderse' desde 2006 en adelante.
Es muy difícil intentar predecir un fenómeno que ocurre muy pocas veces".
Por otro lado, sostiene que si bien es plausible pensar que una porción de la opinión pública podría manifestar frustración por una eventual falla en concretar un nuevo 'pacto fiscal' y sus consecuencias, "es también fácil darse cuenta que la agenda política del 2019-2020 es muy diferente de la del 2023. Si además agregamos que el oficialismo ha tenido serias dificultades para manejar la agenda e instalar temáticas que quiere discutir, entonces el camino a concretar las reformas que quiere hacer este gobierno se ve cuesta arriba".
"Por lo tanto, en realidad no me parece que Marcel esté amenazando, sino más bien está hablando desde el contexto de la agenda que quiere instalar el Gobierno, porque entiende que se eligió para darle salidas institucionales a algunas demandas que vimos durante 2019 y parte del 2020", comentó.
De todas formas, a juicio de la académica, estas demandas se han diluido con el pasar de los años, principalmente a raíz del contexto económico actual y los efectos de la pandemia. "No obstante, me parece que muchas de las demandas que vimos el 2019 y 2020 tarde o temprano van a volver. Esto quizás no manifestado como estallido, pero sí se harán presente por parte la opinión pública. Son problemas que venimos arrastrando hace muchísimos años", zanjó.
