Un terremoto político sacudió estos días a Revolución Democrática. La colectividad, que previo a asumir el Gobierno se erigía como el principal bastión del Frente Amplio,
terminó con tres de sus militantes directamente involucrados en un presunto caso de tráfico de influencias, fraude al Fisco y malversación de fondos públicos. Dos de ellos, Carlos Contreras (ex Seremi de Vivienda de Antofagasta) y Daniel Andrade (Ex asesor de la subsecretaria de Defensa y representante de Democracia Viva)
se despidieron de los roles que desempeñaban en el gobierno, mientras que la permanencia de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, fue duramente cuestionada desde el Partido Socialista, finalizando con su renuncia el sábado.
La misma polémica derivó al estrepitoso desplome de la diputada Catalina Pérez, uno de los cuadros más fuertes de RD y el Frente Amplio, cuya carrera iba en ascenso como segunda vicepresidenta de la Cámara. El caso que vincula a su ex jefe de gabinete y a su pareja, no solo le costó a la otrora timonel de la tienda su lugar en la testera, sino además una solicitud de suspensión de militancia en su contra en el Tribunal Supremo del Partido.
Pero hay que mencionar que el mismo episodio ha debilitado al presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, al ser amonestado y desmentido públicamente por el titular de Vivienda, Carlos Montes. "El presidente de Revolución Democrática se equivocó", zanjó el ministro socialista, luego que el senador indicara que la ahora ex subsecretaria Rojas había puesto en alerta a la cartera, incluido a Montes, sobre las presuntas irregularidades del convenio.
"Asumo un error comunicacional, me hago cargo de aquello, pero en ningún momento intenté a él involucrarlo o enlodarlo como se dijo para defender a la subsecretaria", se defendió el parlamentario.
La unidad tensionada
En una trama cuyas esquirlas aún se están explorando, y en medio de un proyecto por unificar el Frente Amplio -estimulado por la arenga a la unidad que hizo el Presidente Boric en el cuarto aniversario de Convergencia Social- se ha abierto la duda respecto a si la coalición está por socializar las secuelas del caso, o bien, si desde los partidos hermanos buscarán encapsular la crisis en Revolución Democrática.
En conversación con Emol, el timonel de Comunes, Marco Velarde,
descarta la segunda opción, pese a que sostiene que
"las responsabilidades específicas en este caso las tienen que asumir quienes son responsables de esto, en particular quienes están involucrados y a quienes se están investigando".
"Hay tomar acciones para que esto no vuelva a suceder y para que los castigos también sean más severos y en ese sentido, creería que hay que ocupar estas instancias para fortalecer aún más la resolución colectiva del Frente Amplio y actuar en conjunto", sostuvo.
En ese sentido, añadió que "no quiero endosar esto a que sea un problema de Revolución Democrática, sino que también, como coalición que está avanzando hacia un partido, que juntos podamos hacernos cargo de esto, porque el día de mañana, si es que estamos en un solo proyecto político, estas cuestiones tenemos que afrontarlas en conjunto y no mirar de dónde viene".
Por lo demás, Velarde reconoció que "sin duda que esto enloda a los partidos, y ahí los partidos del Frente Amplio, que ya estamos actuando en conjunto y que hemos ido discutiendo este tema también de manera conjunta, independiente de que esto afecte a Revolución Democrática, tenemos que elevar los estándar sobre este tema".
Desde Convergencia Social, el tema ha sido abordado públicamente como un problema del Frente Amplio en su conjunto, y se ha bregado por establecer un cortafuegos sobre los responsables.
"Hemos pedido al gobierno, particularmente al ministro de Vivienda, que revise uno a uno todos los convenios. Aquí todas las manzanas podridas tienen que salir del gobierno en la medida en que esto implique un acto de arbitrariedad y un acto que no está acorde a nuestras banderas. Esa es nuestra lucha, por eso nacemos como Frente Amplio, por eso hemos llegado al Congreso", sostuvo esta semana el presidente de la colectividad, Diego Ibáñez.
En esa línea, el diputado Gonzalo Winter se inclinó por no individualizar a Revolución Democrática al momento de condenar la suscripción del convenio. "A mí me parece que es inaceptable que militantes del FA tengan ese comportamiento, independiente de si se determina acaso hay un delito o no. El comportamiento que ya conocemos a mí me parece inaceptable para un militante del FA".
Con todo, fuentes del Frente Amplio apuntan que desde el Partido del Presidente hay molestia sobre los socios de Revolución Democrática, en lo que desde afuera ya se aquilata como la crisis más grave del Gobierno. Ello porque la trama del convenio terminó por poner en entredicho la probidad de la coalición, rasgo que se ha enarbolado como el principal capital político del Frente Amplio y como la marca diferenciadora sobre la clase política tradicional.
Asimismo, las secuelas que esto acarrea para el Presidente, sumado a la trayectoria de polémicas que viene acumulando RD -teniendo en vistas el caso del "telefonazo" de la diputada Orsini- no es baladí en las huestes de Convergencia.
