A poco de que se cumpliera el plazo establecido, que termina hoy a las 23:59 horas, el Gobierno concretó el ingreso del veto presidencial al proyecto de ley de usurpaciones, que fue despachado el 30 de agosto del Congreso.
Así lo anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien detalló que éste apuntará a tres puntos específicos, como son la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones y los instrumentos que tienen los propietarios para pedir la restitución de sus inmuebles.
"En las conversaciones que hubo, que fueron bastantes con todos los sectores, la propuesta original del Ejecutivo era hacer un sólo veto que se llama sustitutivo. Pero en las conversaciones vimos que había distintas observaciones y lo que preferimos entonces es hacer un veto en que se formula cada observación por separado. Son varias observaciones distintas, como les decía, 10 que son de fondo y 4 que son formales. Y cada una es distinta, algunas son aditivas, otras son supresivas, otras son sustitutivas. Hay de todos los tipos según el contenido", indicó la secretaria de Estado.
En detalle, Tohá indicó que "se saca todo este régimen especial que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran, por sus propias manos, con armas, con terceros, en cualquier momento, ir a hacer reivindicación de su bien".
No obstante, agregó la ministra, "se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que, en todo momento, puedan actuar las policías. Entonces, no va a haber esta autotutela, pero sí va a haber la posibilidad de acción de las policías en cualquier momento. Eso, hoy día, no existe".
En segundo lugar, precisó la secretaria de Estado, "se hace una modificación de las penas que estaban previstas para hacerlas graduales".
"Respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba, que es un presidio menor en su grado medio a máximo. Esa es la pena que propuso el Parlamento y no se toca. Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior. Entonces, queda presidio menor en su grado medio. Y en el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, (...) lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa", señaló la titular de Interior.
Por último, Tohá manifestó que "la tercera observación es una cosa bien puntual y es que hay instrumentos por los cuales los propietarios pueden pedir que le restituyan el bien cuando está judicializado el caso. El que estableció la ley se llama tercería. De aquí se agregó otro más, es otra modalidad para pedir la restitución que se llama restitución anticipada. Es simplemente una modalidad por la cual se pide que se entregue para disponer del bien cuando hay un proceso judicial en curso".
Sin acuerdo
Por otro lado, Tohá reconoció que el veto fue ingresado sin que antes se haya cerrado un acuerdo prelegislativo por lo que es incierto el panorama en el Congreso.
"Con todo el mundo hemos conversado. La verdad es que en algunos temas hubo bastante buena disposición, en otros fueron más debatidos. Y la verdad no vamos a saber eso hasta que estemos en el Parlamento y va a ser parte de la discusión", sostuvo.
Asimismo, expresó que "no está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica".
En cuanto a los plazos de la discusión, la ministra apuntó que "nosotros vamos a ser partidarios de tratar esto con urgencia, porque este es uno de los proyectos priorizados. Lo teníamos con urgencia cuando estaba en tramitación previamente y le vamos a poner urgencia también presentado el veto".
Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, afirmó que "nosotros esperamos que exista voluntad para aprobar este veto porque creemos que corrige los aspectos más complejos de lo aprobado, particularmente el tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, algo que va en contra de las bases de nuestro ordenamiento jurídico y particularmente nuestro sistema penal
"Nosotros sometemos a consideración del Congreso este veto y los parlamentarios tendrán que votar. En todo caso nos parece que es una buena forma de tener una ley que otorgue herramientas expeditas para garantizar el restablecimiento oportuno del imperio del derecho pero adicionalmente cumpliendo ciertos principios básicos de nuestro sistema penal como son, insisto, que no podemos aceptar la violencia de particulares para resolver sus conflictos jurídicos y por tanto en Chile está prohibida la autotutela o la justicia con mano propia", subrayó Elizalde.
